Durante la década del 80” y 90” se promulgaron leyes con el objeto de transferir a diversos organismos del Estado cientos de miles de hectáreas de tierras eriazas para la ejecución de grandes proyectos de irrigación. En la práctica estas normas confiscaron terrenos que eran propiedad de personas y comunidades campesinas. Décadas después, algunos de los afectados, han obtenido o vienen demandando sentencias judiciales que ordenan al Estado dejar sin efecto la confiscación o, en caso contrario, indemnizarlos. Solo entre los proyectos Jequetepeque-Zana (PEJEZA), Olmos y Majes están en juego más de 200 mil hectáreas.

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