¿Una concesión vale más que la propiedad?

El décimo informe del Observatorio de Conflictos Mineros [1] señala que sólo en el primer semestre de 2012 se han concesionado dos millones de hectáreas para proyectos mineros, lo cual hace un total de 25 millones 889,992 ha, o su equivalente, un 20,3% del país. El informe muestra también, por región, el número de hectáreas con concesiones mineras, como aparece en el cuadro inferior:

Si realizamos un cruce entre esta información y los datos de los Reportes de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, encontramos que desde enero hasta junio del 2012 las cuatro regiones con la mayor cantidad de conflictos sociales son Puno, Ancash, Cajamarca y Cusco, incorporándose Lima en los meses de mayo y junio. Estos departamentos son justamente los que según el cuadro anterior poseen una mayor cantidad de territorio concesionado, exceptuando Arequipa y con Cusco unos puestos más atrás.

¿Coincidencia?

Una de las razones de esta conflictividad es la superposición de distintas formas de tenencia sobre un mismo territorio. Se otorgan derechos de explotación de recursos (concesiones) a favor de inversionistas en zonas donde hay comunidades o agricultores con una variedad de derechos territoriales. El conflicto surge en la medida de que a ojos del Estado, los derechos del inversionista están por encima de los derechos de los pobladores rurales. Una concesión, en la práctica, tiene el poder de desnaturalizar el derecho de propiedad de una comunidad.

Sumado a esto, la Plataforma para el Ordenamiento Territorial [2] indica que en la Amazonía, aproximadamente el 60% de su territorio está concesionado para hidrocarburos. De estas concesiones, 16 lotes se encuentran superpuestos sobre 12 áreas naturales protegidas, lo cual demuestra el desorden dentro del propio Estado para regular el tema de tierras y su predominancia hacia la inversión de industria extractivas.

En este panorama resulta una tarea urgente delimitar mejor quién, bajo qué condiciones y con qué límites se ejercen los derechos de tenencia de recursos naturales en el Perú. Esto debe ser llevado a cabo sin favorecer únicamente los intereses de los inversionistas si no también respetando los intereses y derechos de pequeños agricultores, comunidades campesinas y nativas dentro de sus formas de vida, lo que implica otorgarles una mayor seguridad sobre su territorio y aquellos recursos de los que dependen para existir.