El Gobierno de Pedro Pablo Kucszinsky, con el consentimiento del Congreso de la República, ha aprobado 112 decretos legislativos, muchos de ellos lesivos de los derechos de los pueblos indígenas.

Entre ellos, el Decreto Legislativo Nº 1333 constituye una grave amenaza para las tierras y territorio de los pueblos indígenas. La norma crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizada –APIP, institución que tiene por finalidad el saneamiento físico-legal de tierras públicas y privadas, formales e informales, para beneficiar a las grandes inversiones.

En un país donde el Estado es incapaz de saldar la deuda histórica de titulación comunal con nuestros pueblos indígenas, donde más de 2 mil comunidades indígenas no contamos con un título de propiedad y las que cuentan con uno no tienen garantizada la seguridad jurídica sobre el territorio.

A través de este Decreto, se otorgan funciones al APIP que vulneran el ordenamiento jurídico peruano y desestabilizan aún más nuestra precaria democracia. El esquema de despojo consiste en darle poder a PROINVERSION,  bajo el control del Ministerio de Economía y Finanza, para que ahora se encargue de sanear tierras para proyectos de inversión en infraestructura, minería, hidrocarburos, entre otros. Esto generaría conflictos de competencias a nivel sectorial y de Gobiernos Regionales.

Bajo el pretexto de promover el crecimiento económico, se está beneficiando a la gran inversión a costa de debilitar el marco de protección de derechos de los pueblos indígenas; dejando en evidencia que el actual modelo de inversiones es permeable a la corrupción, y estos nuevos decretos legislativos, más allá de enfrentar el problema, agravan esta situación.

El Congreso de la Republica, a través de un grupo de trabajo a cargo de la Congresista Úrsula Letona, ha estado revisando la constitucionalidad de estos decretos; sin embargo, no se  han pronunciado, ni cuestionado el  referido D.L. 1333, dando su consentimiento sobre este grave hecho.

Las organizaciones indígenas, exigimos que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 1333 por exceder las facultades legislativas entregadas por el Congreso, a través de la Ley Nº 30506, y porque su contenido vulnera el derecho a la tierra y territorio de las comunidades y los pueblos indígenas reconocidos en la normativa nacional e internacional, y garantizados por el Convenio 169 de la OIT.