El Pleno del Congreso de la República aprobó la derogación del Decreto Legislativo Nº 1333 —norma que ponía en riesgo territorios de comunidades nativas y campesinas en favor de proyectos de inversión— luego de fuerte campaña impulsada por organizaciones indígenas y de la sociedad civil. 

 

Dicha norma de “simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados” planteaba la creación del APIP, una entidad expropiadora de ProInversión que facilitaba el acceso a territorios del área rural con el fin de fomentar proyectos de inversión de “interés nacional” y promover la participación de empresas transnacionales. 

 

Desde su publicación, en enero de este año, los pueblos indígenas vieron en el D.L. 1333 una grave amenaza a su derecho de propiedad y posesión en tanto que, ignorando la Consulta Previa, la ley autorizaba el saneamiento de todos los documentos legales de propiedad, y en la práctica obligaba a los propietarios de cualquier terreno o inmueble, en el ámbito de un megaproyecto, a enajenar su propiedad en favor de las empresas beneficiarias. 

 

Representados por el Pacto de Unidad y, con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, se rechazó el Decreto Legislativo e impulsó la campaña #NoalDespojodeNuestrosTerritorios, produciendo diversos pronunciamientos y acciones dirigidos a la derogación definitiva de dicha norma. 

 

El primer paso se consiguió con la aprobación de un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento que anulaba dicha ley, pero hasta este jueves 25, quedaba pendiente su derogación final en el pleno del Congreso. Después de un debate en donde destacaron los argumentos en contra del D.L. por parte de dicha Comisión, así como de las congresistas Tania Pariona, María Elena Foronda y Marisa Glave, se logró derogar la norma con una mayoría de 82 votos a favor y 13 en contra.

 

Para Ketty Marcelo, presidenta de la organización de mujeres indígenas ONAMIAP, "lo que se espera ahora es que la norma sea sometida a consulta previa, algo que no se ha hecho", y criticó, por otro lado, el casi nulo respaldo recibido de instituciones como el Viceministerio de Interculturalidad, ente estatal a cargo de la defensa de los derechos de los pueblos originarios.  Marcelo detalló que esta victoria conseguida en el pleno “tiene mucho que ver con la militancia, el activismo y el compromiso de las organizaciones del Pacto de Unidad, que trabajaron buscando a congresistas y presentando ante ellos nuestra agenda indígena”.

 

La campaña  #NoalDespojodeNuestrosTerritorios ha sido impulsada por el Pacto de Unidad y diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), con el apoyo del Observatorio Tierra y Derechos.