El Gobierno de Pedro Pablo Kucszinsky, en apenas 7 meses de gestión, ha aprobado 112 decretos legislativos sin debate ni participación de la ciudadanía, muchos de ellos lesivos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado, y sobre todo derechos territoriales irrenunciables.

Uno de ellos es el Decreto Legislativo Nº 1333, para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, que constituye una grave amenaza para las tierras y el territorio de las comunidades y  los pueblos indígenas de nuestro país. A través de esta norma se crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizada – APIP, institución adscrita a PROINVERSION, con  atribuciones para el saneamiento físico-legal de tierras públicas, privadas y comunales, por encima de las competencias del Ministerio de Agricultura y Riego, COFOPRI y de los Gobiernos Regionales.  Todo con el fin de avalar los procesos de titulación y despojo de las tierras que demandan los proyectos de la gran inversión privada (infraestructura, minería, hidrocarburos, agroindustria, industria maderera, etc.), poniendo al Estado Peruano a su servicio y desestabilizando  aún más nuestra precaria democracia.

Estando a punto de celebrar el Bicentenario, el Estado peruano se niega a saldar la deuda histórica de titulación comunal que permite asegurar las tierras y el  territorio de los pueblos indígenas. Recordemos que existen más de 3 mil comunidades campesinas y nativas que no contamos con título de propiedad y aquellos que contamos con uno, no tenemos garantizada la  seguridad jurídica del  territorio que ancestralmente poseemos; a pesar de lo cual se promueve esta reforma estructural y silenciosa del acceso a la tierra, con el recurrente pretexto de “promover el crecimiento económico”, en el marco de un modelo de inversión que es permeable a la corrupción.

Esta situación agravará los conflictos sociales, pues las comunidades, pueblos y organizaciones indígenas y rurales defenderemos legítimamente nuestros derechos territoriales de esta nueva amenaza.  

El Congreso de la República no puede ser cómplice de este nuevo atropello contra los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos  por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas. Corresponde, en lo inmediato, al Grupo de Trabajo liderado por la Congresista Úrsula Letona asumir esta tarea.

 

EXIGIMOS, por tanto, que el Congreso derogue el D.L. 1333, y DEMANDAMOS al   Ministerio de Economía y Finanzas, PROINVERSION y sus operadores, desistir de reglamentar este Decreto lesivo a los derechos de pueblos indígenas, absteniéndose de cualquier intento de validar y avalar esta norma, manipulando los espacios de diálogo con las organizaciones y pueblos indígenas. En caso contrario las organizaciones indígenas nos DECLARAREMOS en pie de lucha y nos movilizaremos como históricamente lo hemos hecho.  

 

¡No al despojo de nuestras tierras y territorio!

¡Wañuchum Decreto Legislativo 1333!