LaMula.pe.- Al anochecer del pasado 1 de setiembre fueron asesinados seis agricultores en el Caserío Bajo Rayal, d3 la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali: Jorge Calderón Campos (33), Elías Gamonal Mozimbite (31), Feliciano Córdova Abad (71), Edil Córdova López (41), Alcides Córdova López y Orlando Burillo Mendoza (53), pertenecientes a la Asociación Agrícola Bello Paraíso, fueron asesinados con disparos en la cabeza. ¿El motivo? Todo indica que sería un caso de conflicto de tierras en una zona de bosque de protección permanente.  

Y así lo reafirma la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau), que en un reciente comunicado indica que este hecho pone en evidencia el conflicto latente por tráfico de tierras, tala y comercio ilegal de madera, deforestación indiscriminada.   

Información periodística de Pucallpa indica que detrás de este crimen estarían empresarios que trabajan bajo la fachada de asociaciones agrícolas con el propósito de manejar las tierras del bosque nacional o bosque de protección permanente en la región Ucayali. Este grupo estaría encabezados por Juan José García Gavilán, gerente general de la empresa arrocera Agrícola Cordillera Azul, y que actúa con Henry Lizana Samamé, José Zapata Picón, Lucas Quiliche Durand y Gilmer Montenegro. Ellos habrían pagado a más de 10 personas para que cometan el asesinato. Al cierre de esta nota, ninguno de ellos ha sido detenido por la Policía.

En comunicación con LaMula.pe, José Castillo, presidente de la Asociación de Licenciados de las Fuerzas Armadas en el distrito de Campo Verde (provincia Coronel Portillo), indica que García es quien encabeza a los que se apropian de terrenos para venderlos al mejor postor. Cuenta además que comunidades y caseríos que han sido amenazados anteriormente por este grupo han hecho denuncias ante las autoridades de la región pero que no hay avances en las investigaciones. “Son empresarios con poder en la zona”, enfatiza Castillo. También se les acusa de deforestar grandes extensiones de tierras. 

Se supo que semanas atrás, un grupo de 150 desconocidos encabezados por Henry Lizana y Juan Vallejos pretendieron desalojar a los agricultores (ahora asesinados) sin resultados. Este rechazo habría determinado que se contrate a delincuentes del sector de la Micaela y la Hoyada.

Una fuente que prefiere mantenerse en el anonimato señaló a LaMula.pe que hay constantes disputas por la posesión y usufructo forestal (tala de árboles) de terrenos en la jurisdicción del caserío El Encanto Santa Rosa, distrito de Nueva Requena, que ocasiona enfrentamientos, incluso con el uso de armas de fuego. Los Empresarios mencionados son acusados de asesinatos con la finalidad de tener el dominio y posesión de tierras para el tráfico de terrenos y la tala indiscriminada de bosques, a efectos de desbaratar su accionar y poner en la competencia de los órganos jurisdiccionales correspondientes.

Agricultores de la región con quien LaMula.pe conversó señalaron que esperan que la Dirincri y la Fiscalía Provincial tomen cartas en el asunto y atiendan las denuncias de los amenazados. Este viernes 8 de setiembre habrá una reunión de agricultores y nativos de la zona para determinar una jornada de protesta que llame la atención de las autoridades.

Por su parte, Feconau exige al Gobierno Regional de Ucayali y a las autoridades competentes “una acción política decisiva respecto al control de tráfico de tierras, tala ilegal y deforestación indiscriminada y medidas efectivas para frenar estos hechos que afectan a los campesinos, pueblos indígenas y al ambiente”.

De hecho, al igual que los campesinos, líderes de esta federación y de la comunidad Santa Clara de Uchunya vienen recibiendo amenazas de muerte por los mismos traficantes de tierras.  

El dato: Dos agricultores, cuyas identidades se mantienen en reserva, sobrevivieron. Uno ya fue dado de alta y otro está en cuidados intensivos.

Desde el Observatorio de Tierras condenamos los hechos sucedidos y nos sumamos al pronunciamiento de la Feconau, exigiendo al gobierno tomar las medidas necesarias para alcanzar justicia, frenar el tráfico de tierras, tala ilegal y deforestación indiscriminada, así como garantizar los derechos sobre la tierra y otros recursos naturales de campesinos/as, agricultores/as y pueblos indígenas.