En un número de Revista Ideele publicado en 2014 escribimos un artículo titulado “Indiferencia oficial ante la agricultura familiar”. Varias cosas han cambiado desde entonces, sin embargo, el cuadro de fondo sigue siendo el mismo.

Sostuvimos entonces que nuestra agricultura está predominantemente formada por la agricultura familiar, antes llamada pequeña agricultura o agricultura campesina[1]. Un estudio, realizado en base al IV Censo Nacional Agropecuario de 2012[2],  indicaba que el 99% de las Unidades Agropecuarias en el país corresponde a agricultores familiares y mostraba que el 86% del valor de la producción agrícola se concentró en la agricultura familiar (frente a solo 13% de la agricultura no familiar). Adicionalmente, el 93% de los ocupados en el sector agropecuario provenía de hogares de agricultura familiar[3]. Los datos oficiales confirman que el 75% de las tierras cultivadas con alimentos se encuentran en predios agrícolas menores de 10 hectáreas, esto es, por la agricultura familiar.

¿Qué ha cambiado desde entonces? Tenemos ahora un nuevo gobierno, que ha mostrado cierto interés por el sector agrario, pero sobre todo contamos con importantes herramientas que no teníamos en 2014, que coincidentemente había sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional de la Agricultura Familiar. También tenemos un país fuertemente golpeado por el Niño Costero, que nos afectó en los meses recientes, sobre todo a quienes menos recursos tienen.

Normas y otras herramientas

A inicios de 2013 se hicieron cambios en la institucionalidad del Ministerio de Agricultura, ahora denominado como de Agricultura y Riego (Minagri). A fines de ese mismo año se aprobó una nueva Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Ya entrado el 2014 el Gobierno creó la “Comisión Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014” (AIAF), definida como Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal. Dicha Comisión Multisectorial impulsó la aprobación de una Estrategia Nacional de Agricultura Familiar y, por su parte, el Congreso aprobó en octubre de 2015 la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar (Ley Nº 30355).

La referida Ley, cuyo Reglamento alcanzó a promulgarse en las postrimerías del gobierno de Humala, establece un marco importante para la acción concertada de los distintos sectores del gobierno nacional, así como de los gobiernos regionales y locales. La Ley 30355 reconoce la importancia de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria, la conservación de la agrobiodiversidad, en el uso sostenible de los recursos naturales, la dinamización de las economías locales, su contribución al empleo rural y la vigencia de las comunidades campesinas y nativas. Por ello, la finalidad de la Ley es mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de la agricultura familiar, reducir su pobreza, así como orientar la acción de los organismos competentes para el desarrollo sustentable de la agricultura familiar.

Cabe destacar que la aprobación de los referidos instrumentos fue el resultado de una valiosa experiencia de trabajo conjunto entre autoridades del Sector Agricultura y la sociedad civil, a través de plataformas y de organizaciones de agricultores, campesinos e indígenas. El papel jugado por el entonces Viceministro de Políticas Agrarias del Minagri, César Sotomayor, fue clave para lograr esa positiva articulación, que derivó en importantes resultados.

No siguieron la misma suerte otras iniciativas. Por ejemplo, aunque impulsada por la sociedad civil y la Comisión Agraria, el Congreso no aprobó el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aunque técnicamente fuera aprobada por el Pleno del Congreso hasta en tres oportunidades[4]. Por otro lado, se acaba de reglamentar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes, Nº 30021, aprobada en mayo de 2013 (hace  cuatro años). La presión de las industrias alimentarias y publicistas ha influido en este reglamento y en este momento es motivo de múltiples cuestionamientos.

"Se acaba de reglamentar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes [...] La presión de las industrias alimentarias y publicistas ha influido en este reglamento y en este momento es motivo de múltiples cuestionamientos".

La propuesta de PPK

En los planes de gobiernos de los distintos candidatos presidenciales en las elecciones de 2016 el sector agrario no fue el que más atención suscitó. El Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK) no fue la excepción. Sin embargo, en la sección dedicada a la agricultura se puede encontrar un reconocimiento del agro como la columna básica de la seguridad alimentaria y se afirma (citando estudios del Banco Mundial) “si damos la prioridad adecuada a la agricultura, podríamos lograr una estrategia más exitosa de reducción de la pobreza”, agregándose que ello “podrá traducirse en una mayor competitividad si al mismo tiempo construimos más infraestructura, fortalecemos la cadena de valor rural con más tecnología, mejoramos la calidad de los recursos humanos; y ponemos en práctica políticas inclusivas que promuevan la pequeña agricultura y la agricultura familiar”..[5]

Definiendo como objetivo general de su Plan de gobierno en materia agraria “Lograr un agro próspero incrementando la rentabilidad y competitividad con un impacto positivo en la reducción de la pobreza”, se propuso cuatro lineamientos estratégicos: i. incremento de la rentabilidad y competitividad agrícolas; ii. Integración del pequeño productor agrícola al mercado; iii. Manejo sostenible de los recursos agua y suelo; y iv. Desarrollo forestal racional y sostenible.[6]

Del dicho al hecho

A casi 10 meses de iniciado el gobierno, es poco, sin embargo lo que se ha logrado. De las seis metas que corresponden a los lineamientos estratégicos transcritos líneas arriba, solo dos parecen haberse puesto a caminar: la creación de SERVIAGRO y del Programa Sierra Azul.

El primero de dichos programas pretende impulsar una “revolución de la productividad”[7] a favor de los pequeños productores, estableciendo plataformas de servicios para la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. El segundo de dichos programas (en el fondo una nueva versión del Programa Mi Riego) se orienta a apoyar la construcción de obras para la cosecha de agua en las partes altas de las cuencas hidrográficas, mediante represas, micro reservorios, zanjas de infiltración y rehabilitación de andenes. Siguen esperando el incremento del capital de AgroBanco, así como el lanzamiento del Programa de Reforestación en la Sierra.

Una meta que de momento parece difícil de alcanzar es la formalización de un millón de predios rurales al 2021, a través del programa Propietario Firme. Por el contrario, continúa postergándose el inicio de la tercera fase del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras (PTRT), financiado por el BID. Los datos del Censo Nacional Agropecuario dan cuenta de una cantidad bastante mayor de pequeños propietarios sin títulos, a lo que se suma un porcentaje muy alto de comunidades campesinas y nativas sin títulos de propiedad y lo que es peor, de comunidades tituladas pero cuyos títulos no están geo-referenciados.

Más allá de estrecheces presupuestales y de limitada capacidad de ejecución del Minagri (en parte por la transferencia de sus funciones a los gobiernos regionales) hay que señalar también la existencia de vientos que soplan en otra dirección. No es un secreto el peso enorme del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene otras orientaciones. El propio Plan de Gobierno de PPK señala esas ideas, que curiosamente son las que orientaron también al gobierno anterior (y podríamos decir que se mantienen desde la década de 1990). El Plan de Gobierno alude en más de una oportunidad a la desaceleración de las economías vinculadas a China, la caída de precios de los minerales, entre otros factores que han afectado las exportaciones del Perú, las que “han mermado nuestro crecimiento y la confianza de los inversionistas”.[8]

No resulta por ello sorprendente que en estos meses se hubiera aprobado normas para facilitar las grandes inversiones, continuando la senda abierta por la Ley Nº 30230, cuestionada por las comunidades y los pequeños agricultores por poner en riesgo sus tierras y territorios. Así, el Decreto Legislativo 1333 sigue ese camino, supuestamente eliminando la “tramitología” para facilitar la expropiación y la disposición de tierras de comunidades y de pequeños agricultores, en beneficio de dichas inversiones. El objeto declarado del mencionado decreto legislativo es establecer disposiciones orientadas a facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura, en base a una lista propuesta por la derogada Ley 30025, que declara de interés nacional y gran envergadura 69 proyectos. Asimismo, crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para proyectos de Inversión Priorizados (APIP), lo que resulta planteando una superposición con las funciones de otros órganos del Estado para sanear física y legalmente las tierras de comunidades y de pequeños propietarios.

"Creemos que ha llegado el momento de que el Estado haga un esfuerzo similar para beneficiar al gran número de peruanos que hacen parte de la agricultura familiar".

El desastre

Desnudando la falta de previsión de nuestras autoridades, en un lapso de pocas semanas pasamos de la declaración de emergencia por ausencia de lluvias a la de inundaciones y huaycos. Los resultados los conocemos: 231,874 personas damnificadas; 1’129,013 personas afectadas; así como 415 kilómetros de puentes destruidos; 9,754 kilómetros de carreteras y caminos destruidos y más de 61,000 kilómetros afectados. Pero también tenemos 33,538 kilómetros de canales de riego destruidos y 64,635 afectados; 29,905 hectáreas de tierras de cultivo perdidas y 76,709 hectáreas de tierras afectadas por huaycos e inundaciones. No hay duda que los mayores afectados son precisamente los pobladores rurales más pobres.[9]

De los 256 millones de soles contemplados en el plan de reactivación del agro dispuesto por el Gobierno destacan dos rubros, 100 millones de soles del Fondo de Financiamiento Agrario  (para financiar la próxima campaña agrícola) y otros   93 millones para la rehabilitación de la infraestructura hidráulica ((bocatomas, canales, diques). Es claro que dentro de las preocupaciones de la nueva Autoridad para la “reconstrucción con cambios” se requerirá gestionar los recursos que permitan hacer una real rehabilitación, pero además impulsar los compromisos contenidos en el Plan de Gobierno mencionado.

¿Qué hacer?

Pese a la reducción de los índices de pobreza en el país, revertir la situación que mantiene a gruesos sectores de la población rural dentro de la pobreza representa un gran reto, más aún luego de soportar los recientes embates del Niño Costero. En efecto, conforme al último reporte del INEI “En el año 2016, los mayores niveles de pobreza se registraron en la Sierra rural (47,8%), en la Selva rural (39,3%) y en la Costa rural (28,9%)”.[10]

Durante más de 20 años se viene aplicando una serie de incentivos (dentro de ellos la reducción del 50% de la tasa del impuesto a la renta) para las empresas agroindustriales y agroexportadoras, lo que en buena medida explica su importante crecimiento y aporte a nuestra economía. Creemos que ha llegado el momento de que el Estado haga un esfuerzo similar para beneficiar al gran número de peruanos que hacen parte de la agricultura familiar. No se trata de dádivas, sino de darles también a esos pequeños productores posibilidades de competir en el mercado y mejorar sus condiciones de vida.

Ello no puede sino expresar la consecuencia de quienes elaboraron el Plan de Gobierno de PPK, cuando escribieron en la página 16 “Creemos que es rol primordial del Estado generar condiciones para asegurar a todos los ciudadanos derechos esenciales e instituciones representativas que garanticen igualdad de oportunidades y el ejercicio de su libre iniciativa”.

 

[1] Aunque hay distintas definiciones de agricultura familiar, dos elementos comunes en ellas son el hecho que la familia conduzca el predio y que sus integrantes proporcionen la mayor parte de la mano de obra.

[2] EGUREN, Fernando y Miguel Pintado, Contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario en el Perú, Lima, COEECI, agosto de 2014.

[3] PINTADO, Miguel Ángel, “Cifras indiscutibles: el Perú es de agricultura familiar”, en La  Revista Agraria, Nº 164, julio de 2014, págs. 6-7.

[4] El papel de Martha Chávez fue clave en las tres oportunidades para evitar su aprobación final y en última instancia un “error” de trámite burocrático determinó que la autógrafa de la Ley no llegara a la Presidencia de la República para su promulgación y el proyecto se archivó.

[5] Plan de Gobierno 2016-2021. Peruanos por el Kambio, pág. 156. En <http://www.peruanosporelkambio.pe/documentos/plandegobierno.pdf>

[6] Ibid., págs. 157-158.

[7] Las comillas son de los autores del Plan de Gobierno.

[8] Ibid., pág. 6.

[9] Resumen ejecutivo –Temporada de Lluvias diciembre 2016– mayo 2017 (Actualizado al 17 de mayo de 2017). Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil.

[10] Nota de prensa de INEI del 10 de mayo 2017. En: http://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-264-mil-personas-dejaron-de-ser-pobres-entre-los-anos-2015-y-2016-9710/