Alejandra Alayza, comentarista en La República, comenta que mientras que en Bonn Alemania el Ministro del Ambiente asumía el liderazgo climático a través de la Presidencia de la COP20, en Lima el paquetazo de reformas pro inversión anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas mostraba una gravísima contradicción.

Se evidenció el débil compromiso del gobierno por garantizar una institucionalidad ambiental que responda a los retos que el cambio climático nos plantea. ¿Limitar aún más la institucionalidad ambiental en el país era la única salida?, ¿acaso se agotó la creatividad? Claramente no.

La intención ha sido clara y la campaña empezó hace mucho, inclusive en la época de las vacas gordas. La cantaleta de la “permisología” ha logrado sus frutos y escalado al más alto nivel, confirmando la poca autonomía que tiene el Estado frente a los lobbies mineros y de hidrocarburos.

Mientras que a nivel global las empresas extractivas hacen cada vez más gestos hacia mejores estándares ambientales, en el Perú dejan ver su cavernaria visión.

Limitar la fiscalización ambiental o los límites máximos permisibles como se ha hecho, no es ir en favor de la inversión, sino es ir en contra de todos los peruanos, afectando el desarrollo y la gobernabilidad nacional, que también requieren los inversionistas. Todos perdemos.