Por: Lilia Ramírez Varela - ​Coordinadora del área de Justicia del IDL.

 

El desenlace de la elección del Defensor del Pueblo es ya un hecho. Desde hace más de cinco años que tenemos un Defensor en funciones que ejerce como riguroso titular, debido a la vergonzosa confrontación parlamentaria que frustró su nombramiento. Ahora se efectúa un nuevo proceso con una mayoría congresal abrumadora, que genera más miedos que entusiasmos por la forma en que se dirige el debate.

La junta de portavoces del Congreso decidió que los candidatos a la Defensoría del Pueblo sean Walter Gutiérrez, Enrique Mendoza y Samuel Abad, excluyendo a Eduardo Vega. Más allá de estar de acuerdo o no con esta medida –no lo estamos– lo que preocupa es la forma, de espaldas a la ciudadanía, como se realiza el proceso.

La población no se ha enterado sobre los criterios para decidir que Gutiérrez, Mendoza y Abad eran mejores que Vega para el cargo. Simplemente no lo entendemos. Todo indica que el libre albedrío de la mayoría fujimorista está primando en el Congreso. Es cierto, la representación nacional tiene amplias potestades de decisión, pero sus prácticas no deberían ser arbitrarias ni oscurantistas. No existen reglas, ni plazos, ni sistema de evaluación pública de los candidatos, lo mínimo para garantizar la elección de un Defensor capaz y autónomo de los poderes políticos y fácticos.

Los anteriores Defensores han sido independientes de los partidos políticos, característica que debe preservarse. ¿Eso ocurre con los actuales candidatos? ¿Qué cargos públicos ocupan u ocuparon? ¿Cómo han sido evaluados en los mismos? Si han trabajado en el sector privado, ¿están dispuestos a nombrar la lista de sus clientes para evitar conflictos de intereses?

No podemos repetir experiencias pasadas, como la “repartija” o la escasa transparencia, que ocasiona que personas poco independientes o cuestionadas accedan a cargos de vital importancia. El Congreso debe dar un cambio de rumbo en esta elección. De lo contrario estaremos marchando para atrás. No olvidar que sin autonomía no hay Defensoría.