El propósito de este trabajo es examinar los esfuerzos realizados y los retos pendientes tras cinco años de implementación del derecho a la consulta previa en el Perú, entre 2011 y mediados del 2016 . Inicialmente, algunos sectores de la élite conservadora del Perú manifestaron resistencia a la aplicación de esta medida, mientras que algunos grupos de defensa de los derechos indígenas se mostraban igualmente escépticos sobre la posibilidad de un avance real, dadas las limitaciones históricas del Estado en relación con los ciudadanos indígenas y el rumbo neoliberal que ha seguido la economía peruana en los últimos años. A pesar del apoyo inicial del presidente Humala, también se produjo resistencia dentro del propio gobierno durante estos años . Frente a la disminución de las tasas de crecimiento y la creciente impaciencia de los inversionistas, algunos miembros del gabinete de Humala dieron una mayor prioridad al impulso de nuevos proyectos de inversión en minería, hidrocarburos, infraestructura y otros sectores clave, a la vez que dilataron la aplicación de la consulta a comunidades indígenas potencialmente afectadas por este tipo de proyectos.