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El director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Laureano del Castillo, consideró necesario poner un límite a las propiedades de tierras agrícolas, dada la escasez de terrenos útiles para la agricultura.

Afirmó que en esas condiciones, mantener una legislación que no señala ningún límite a la extensión de tierras plantea problemas que tienen que ver con concentración de terrenos.

“Las reglas legales y económicas establecidas en los últimos 15 o 20 años están hechas para facilitar el acceso a las tierras a los grandes empresarios y limitar el acceso a los pequeños”, manifestó.

Manifestó que otro factor en contra de esta situación es que la concentración de tierras en grandes empresas se ha producido por adjudicaciones hechas por el Estado, lo cual implica además una fuerte inversión de este.

“Hay ahí inversión fuerte del Estado que va a beneficiar a algunas empresas y no a la inmensa mayoría de pequeños y medianos agricultores. Entonces ahí tenemos una distorsión”, expresó.

 

Fuente:
http://gestion.pe/noticia/1376907/cepes-limites-tierras-acabaria-distorsiones



Servindi, 17 de febrero, 2012.- Un debate en torno a los límites de la propiedad de la tierra confrontó ayer a quienes postulan su crecimiento ilimitado y a los que proponen que debe democratizarse el acceso a la tierra a fin de asegurar la soberanía alimentaria.

La Audiencia Pública: Límites a la Propiedad de la Tierra, fue organizada por la Comisión Agraria del Congreso, en virtud al proyecto de Ley N° 763/2011-CR, que propone un límite de 10 mil hectáreas para la costa, 5 mil Ha. para la sierra y 20 mil Ha. para la selva. Además que ningún valle o cuenca tenga un solo propietario que acumule más del 30 por ciento de la tierra agrícola.

El proyecto y su exposición de motivos es una modificación del proyecto de Ley N° 545/2011-CR, que propone un límite de 25 mil Ha.

Hace días Luis Ginocchio, ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, expresó la intención de su sector de poner límites a la propiedad de las tierras, con el fin de proteger a los pequeños y medianos agricultores.

Como es sabido, recientemente el Grupo Gloria adquirió 15,000 hectáreas del proyecto Olmos, con lo cual acumulará alrededor de 80,000 hectáreas en el país.

Un consenso general es que el tema es complejo y controvertido, por lo que deberán realizarse audiencias descentralizadas. De esta manera el debate recién se inicia y José León Rivera, presidente de la Comisión, anunció una próxima sesión en la localidad de Chiclayo.

Propiedad y seguridad alimentaria

La jornada fue inaugurada por Daniel Abugattás, presidente del Congreso, quién enfatizó que el límite a la propiedad de la tierra deber estar relacionado al concepto de seguridad alimentaria para que permita al país salir definitivamente del subdesarrollo.

Expresó que la propiedad de las tierras debe garantizar la seguridad alimentaria y se mostró en contra de fijar límites a esta propiedad.

“No importa que alguien tenga 60,000 hectáreas, si 20,000 están destinadas a la alimentación popular cómo voy a oponerme si alguien tiene una cantidad importante para alimentar al pueblo”, comentó.

Señaló que el Estado en un principio subsidiaba al campesino, pero ahora los subsidios se han orientado a los empresarios que compran por 4,500 dólares tierras valoradas en 20,000 dólares, en referencia a los lotes del proyecto Olmos.

Abugattás anunción que próximamente dará a conocer sus aportes para el debate de los proyectos de Ley que proponen establecer límites a la propiedad de la tierra de uso agrícola.

La posición privada neolatifundista

Juan Varillas, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), expuso que colocar límites a la propiedad agrícola resta competitividad a ese sector y económicamente siempre será contraproducente. Cuestionó además que exista una base legal suficiente para esta restricción.

Agregó que es importante velar porque la concentración del poder económico no perturbe las dimensiones social y política del país, pero también es importante construir una normativa que armonice estas tres dimensiones.

En un medio más dinámico y cambiante es cada vez menos práctico establecer restricciones absolutas como un límite a la propiedad de la tierra, señaló.

La posición de la ADEX fue secundada por Guillermo Van Oordt, presidente de la Asociación de Gremios Agroexportadores (AGAP) quién expresó su preocupación por la gran “informalidad en el sector agrario” y enfatizó en la necesidad de asegurar un uso más eficiente del agua.

Alfredo Bullard, representante de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que el proyecto tiene un débil análisis de costo y beneficio y no presenta un claro “interés público”. Además, carece de una evaluación sustentada pues la última data es del Censo Agrario de 1994 y se requiere información para regular.

La posición democratizadora

Lucila Quintana, presidenta de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), defendió el acceso democrático a la tierra orientada a la producción nacional y a la soberanía alimentaria.

En tal sentido consideró prioritario que el Estado peruano culmine la titulación en el sector agrario y brinde facilidades para que los pequeños y medianos productores organizados accedan a las tierras ganadas para la agricultura con inversión pública.

Quintana cuestionó que las tierras obtenidas con proyectos de irrigación solo sirvan para grandes inversionistas, a pesar que son financiados con el dinero de todos los peruanos.

Los productores de café tienen propiedades de 1 a 5 hectáreas y son altamente competitivos, afirmó la representante de Conveagro, quién con su testimonio personal rebatió la tesis de que sólo la gran inversión es competitiva.

Finalmente, Lucila Quintana pidió atender la agenda agraria y trabajar una estrategia integral para el campo. “Nuestro tema es alimentar a 30 millones de habitantes en el Perú”, afirmó.

Por su parte Jorge Prado, de la Confederación Campesina del Perú (CCP), demandó al actual gobierno profundizar los grandes cambios que ofreció en su campaña y en este sentido valorar y atender a las comunidades campesinas y a los pequeños agricultores.

Fernando Eguren, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), y Reynaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias, sostuvieron que la norma contribuirá a evitar la reconcentración excesiva e irracional de la propiedad de la tierra y evitar que un propietario influya en la junta de regantes de un valle o sector.

Eguren expresó su preocupación por que el Estado peruano subsidie en 15,500 dólares por hectárea a los grandes inversionistas privados otorgándoles lotes en Olmos a un precio de US $ 4,500 cuando su costo real es de 20,000 mil dólares por hectárea.

Eguren defendió la atribución del Estado de decidir políticas de propiedad agraria y orientar la producción agraria porque están de por medio recursos públicos y la necesidad de atender la alimentación de la población.

Fernando Eguren consideró que el tema de la tierra ha adquirido nuevamente importancia no solo en el Perú, sino en el mundo, a raíz de los procesos de concentración de la propiedad de la tierra que está ocurriendo en diversas partes del orbe.

Eguren también cuestionó el mito de que sólo la gran inversión es eficiente o atractiva. Al respecto indicó que la agricultura familiar asociada se adapta mejor a los diversos cambios y factores de la producción.

Reynaldo Trinidad Ardiles señaló que está de acuerdo con la grande, mediana y pequeña propiedad; pero no lo está con la “propiedad ilimitada”, que quisiera tener como únicos límites los fronterizos como país.

Mostrando un aviso periodístico de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) en el que se denuncia los intentos de una supuesta “reforma agraria” Trinidad criticó a ciertos sectores gran empresariales que intentan confundir a la opinión pública para defender sus intereses particulares.

Señaló que la propuesta de limitar la propiedad de la tierra agrícola no tiene nada que ver con una reforma agraria, debido a que no es lo mismo proponer una redistribución de la propiedad de la tierra a fijar límites en su expansión ilimitada.

 

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/59548



El experto en temas agrarios, Fernando Eguren, abordó en reunión de trabajo, organizada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) el tema "Concentración de la propiedad de la tierra", que tiene importancia para la economía y el desarrollo en un horizonte de corto, mediano y largo plazo.

El experto agrario señaló que el problema de concentración de las tierras no es nuevo y ha afectado a países como Laos, Camboya, Ucrania, Rusia, Brasil y Argentina. Sus causas se asocian a ciertos cultivos como los denominados agrocombustibles y otros cultivos específicos como la soya y caña de azúcar; debido a factores especulativos y la presencia de empresas transnacionales y translatinas que manejen importante superficies agrícolas.

En el caso de Perú, antes de 1994, el 75.4% de la tierra era de la pequeña agricultura (menor a 20 hectáreas). El 12.5% poseía entre 20 y 100 hectáreas y el 12.1% tenía tierras por  encima de las 100 hectáreas.  Al respecto, anotó que este tema está barnizado por elementos ideológicos donde solo la gran propiedad es lo eficiente y lo pequeño es ineficiente y poco competitivo.

A continuación, estimó que en 2012 las tierras de más de 100 hectáreas alcanzaran el 33.7% del total de las superficies de la costa y que con la tendencia actual al 2021, el 45.4% tendrá dichas dimensiones.

"En 1964 todas las haciendas del valle de Chancay – Huaral sumaban 16,000 hectáreas. Ahora el grupo Romero tiene 30,000 hectáreas y el grupo Gloria 80,000 hectáreas. Si se compara con Europa los limites son menores: España con 1,087 has, Italia con 337 has, Francia 274 has y las mas elevadas de 3,531 has en la República Checa, 3,128 has en Bulgaria y de 2,416 has en el Reino Unido", señaló.

En otro momento de su exposición, Eguren indicó que en los últimos años la concentración de la tierra ha sido la norma a través de las nuevas irrigaciones, el mercado de tierras, la conversión de las cooperativas agrarias azucareras en empresas privadas y los cambios de dueños; además de los denuncios y concesiones; la producción de biocombustibles, entre otros.

Asimismo, señaló que existen diferentes políticas para regular el tamaño de las propiedades, tales como los límites señalados por la constitución y la ley, o a través de impuestos a la tierra, la distribución de las tierras en las grandes irrigaciones y la eliminación de subsidios a la gran propiedad, factores sociopolíticos y ante todo el tipo de modelo de desarrollo que se desea para el país. (de asalariados o de propietarios). Eguren insistió en las razones para limitar la gran propiedad en razón a la  escasez de tierra. Finalmente, señaló que es necesaria una política de tierras y del uso responsable de estas para garantizar la seguridad alimentaria.

Fernando Eguren es licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Tiene estudios de postgrado en Sociología en la 'École Pratique des Hautes Études de Paris, Francia y en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Además, es miembro fundador y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). Director de la revista Debate Agrario. Vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA). Miembro del Consejo Directivo del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA).

Entre sus publicaciones más recientes destacan:"Políticas agrarias: una evaluación de dos décadas", "Las ONG y el desarrollo rural: Un ensayo provisional",  "Reforma agraria y desarrollo rural en el Perú", entre otras.

Fuente:
http://www.ceplan.gob.pe/noticias/-/asset_publisher/q7OD/content/erroneamente-se-afirma-que-solo-la-gran-propiedad-agricola-es-eficiente-y-competitiva?redirect=http%3a%2f%2fwww.ceplan.gob.pe%2finicio%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_q7OD%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_



La firma peruana Electropampas planea invertir US$ 3.990 millones en la construcción del proyecto hidroenergético Pampas Verdes, que incluye la irrigación de tierras.

Martín Nater, gerente general de Electropampas, explicó que el proyecto abarca la construcción de cuatro centrales hidroeléctricas (tres en Ayacucho y una en Ica) con una potencia instalada de 2.524 MW, lo que generará energía eléctrica de 15.066 Gigavatios hora (GWh).

Detalló que el proyecto se realizará con inversión privada, principalmente de inversionistas brasileños y europeos.

Y con la finalidad de no desperdiciar el agua utilizada en el proyecto, estas serán derivadas mediante tuberías para irrigar las pampas eriazas de Nasca (región Ica) y Caravelí (región Arequipa).

"El proyecto está ubicado en la cuenca del río Caracha (Ayacucho) e involucra a los distritos de Huancasancos y Lucanas, los más pobres de ese departamento. No causará ningún impacto ambiental ya que no se tiene que reubicar a ningún pueblo ni afectar tierras de pastoreo", sostuvo.

Habrá 16 mil empleos

Asimismo, el presidente de Electropampas, Percy Guerra, afirmó que la construcción del proyecto hidroenergético generaría 16 mil empleos directos durante los cinco años de ejecución de las obras, mientras se considera un plazo de 18 meses para completar el Estudio Definitivo y el Estudio de Impacto Ambiental.

Estimó que el proyecto hidroenergético estaría listo para el 2018 y aportaría el 25% de la producción eléctrica en el país.

"Otro beneficio es que permitirá abastecer de agua a 218.015 hectáreas de tierras eriazas en Ica y Arequipa, con lo que se espera generar US$ 2 mil millones en agroexportaciones", dijo.
 
Claves
 
Electropampas ha desarrollado este proyecto desde 1999, apoyada por la ingeniería de Electrowatt Engineering (hoy Poyry Energy), empresa suiza especializada en diseño y supervisión de este tipo de proyectos como por ejemplo en la hidroeléctrica del Mantaro.

Fuente:
http://www.larepublica.pe/08-02-2012/electropampas-plantea-invertir-us-3990-millones-en-proyecto-hidroelectrico



Gestión. Existe gran expectativa de la población para que los proyectos de inversión cuenten con un estudio de impacto ambiental (EIA) que, entre otras cosas, establezca las medidas idóneas que logren minimizar sus impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos del mismo.

Sin embargo, la fiscalización del cumplimiento de lo establecido en estos instrumentos de gestión ambiental es el factor clave que requiere de la mayor atención y cuidado a fin de  asegurar que lo allí señalado, en efecto, se haga realidad.

La fiscalización de las actividades minero-energéticas constituye piedra angular de la  efectividad  de los EIA.

Una fiscalización eficiente comienza  con un EIA que contenga obligaciones ambientales  fiscalizables claras, directas y no sujetas a interpretaciones diversas.

Al respecto, se debería contar con una versión final del estudio ambiental que compendie las diferentes observaciones formuladas a la versión original del mismo así como las respuestas emitidas para absolver tales observaciones donde se generan nuevas obligaciones ambientales fiscalizables.

Una vez aprobado el estudio, se realiza la supervisión en campo que comprende la etapa  constructiva, operativa y de cierre de la actividad; obteniéndose, de ser el caso, los medios probatorios requeridos para el desarrollo de las acciones de fiscalización y sanción a las que hubiere lugar.

Las multas, por su parte, para lograr su finalidad requieren ser disuasivas en su monto siendo necesaria, asimismo, la adopción de medidas administrativas que aseguren la recomposición del ambiente alterado.

Cabe indicar que la fiscalización comprende tanto el ejercicio de la potestad sancionadora como también la promoción del cumplimiento de la normativa ambiental.

En este sentido, se requiere fortalecer la institucionalidad en esta materia, actualmente a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente (en lo relacionado a la gran y mediana minería) no solo con recursos económicos sino también con mecanismos y herramientas que le permitan ejercer de la mejor manera tan importante función.

Fuente:
http://www.inforegion.pe/portada/129169/para-una-fiscalizacion-efectiva-de-los-estudios-de-impacto-ambiental/



  • Viceministro Gabriel Quijandría diserta sobre los mecanismos de compensación por impactos ambientales en la Amazonía
  • Especialistas de Colombia, Ecuador y México compartirán las experiencias de sus países con el Perú

 

Iquitos, 06 de febrero de 2012.- El Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, participa hoy del Segundo Taller de “Metodologías para la planificación y la gestión de los impactos ambientales de proyectos de inversión en energía, transporte, minería y petróleo”, en el hotel Victoria Regia de Iquitos.

El Viceministro Quijandría expondrá sobre los instrumentos de gestión ambiental y compensación por impactos ambientales en este taller que tiene como objetivo presentar los últimos avances tecnológicos en procedimientos para evitar, mitigar o compensar los impactos sobre la biodiversidad de la inversión pública y privada. Cabe recordar que sobre este tema el MINAM ejecuta la segunda etapa del Programa de Gestión Ambiental y Social para mitigar los Impactos Indirectos en el Corredor Vial Interoceánico Sur-II Etapa (PGAS CVIS 2), que transcurre por Puno, Cusco y Madre de Dios.

Participan de este taller en Iquitos representantes de las instituciones públicas y privadas involucradas en las propuestas de inversión en la Amazonía. Además del Ministerio del Ambiente, por el Ejecutivo estarán presentes funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, Transportes, Cultura, Agricultura, Economía y de la Presidencia del Consejo de Ministros.

También han sido invitados especialistas de Colombia, Ecuador y México para compartir las experiencias en sus países sobre el tema. El representante de México, por ejemplo, hablará de la tecnología que se usa en su país para cuantificar la deforestación a largo plazo, provocada por la construcción de carreteras y caminos.

Todos los especialistas presentarán alternativas metodológicas a los representantes de los gobiernos regionales de la Amazonía  para evitar los impactos ambientales de los proyectos de inversión en áreas de alto valor ecológico y gran fragilidad. Así, se seleccionará una experiencia piloto para aplicar estos métodos en la Amazonía peruana.

Cabe destacar que en el 2011 se realizó en Lima, el primer taller en el que se expusieron diversas herramientas para manejar los impactos en la biodiversidad. En esa ocasión se presentó la experiencia de Brasil basada en la conservación del paisaje como requisito para la implementación de proyectos, la metodología mexicana para cuantificar la deforestación inducida por la construcción de caminos y carreteras, y el enfoque de “Desarrollo por Diseño”, que contempla la jerarquía de mitigación y el esquema de compensaciones, aplicado en Ecuador, Venezuela y Colombia.

Este taller es organizado por el Ministerio del Ambiente, el Banco Mundial, The Nature Conservancy y el Consejo Interregional Amazónico, CIAM.

 

Fuente:
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:expertos-evaluan-como-minimizar-impactos-a-la-biodiversidad-en-proyectos-de-inversion-publica-y-privada-en-la-amazonia&catid=1:noticias&Itemid=21



Fernando Cillóniz, dijo que prefiere que las tierras de Olmos estén en varias manos y no solo en una, pero no hubo muchas empresas interesadas en la subasta. Y no descarto la posibilidad que Coazucar o Gloria, participen nuevamente en la segunda subasta de las tierras de Olmos que se realizara en el mes de marzo.

Fuente:
http://www.radiowebrural.com/node/5054



El debate por la concentración de tierras de cultivo marcará una interesante toma de posición para un gobierno, todavía, en búsqueda de identidad.

Luis Ginocchio, titular del Ministerio de Agricultura (MINAG), ya anunció que su cartera prepara una propuesta que se sumará a las dos que corren en el Congreso. “No tenemos información oficial sobre la extensión de las propiedades”, señala uno de sus técnicos, “las últimas cifras son del año 94”.

El MEF ya asignó una partida inicial de S/. 20 millones para el IV Censo Nacional Agropecuario –presupuestado en un total de S/.113.8 millones–, que permitirá un conocimiento certero de cómo está dividido el territorio en el Perú. Hasta entonces, las estimaciones más exactas sean tal vez las de la comisión de Agricultura del Congreso.

Según estas, el primer lugar en tenencia de tierras se lo lleva –de lejos– el grupo Gloria, con un aproximado de 81 mil hectáreas. Ni más ni menos que casi el total del área urbanizada de Lima metropolitana (84 mil ha. según el censo de 2007), espacio en el que viven más de 8 millones de personas.

Desde 2006, los Rodríguez Banda invirtieron con fuerza en el sector azucarero. Ese año compraron Casagrande (29,383 ha.) y Chiquitoy (3,200 ha.), en 2007 Cartavio (11,000 ha.) y Sintuco (1,414 ha.) y en 2009 adquirieron San Jacinto (12,337 ha.). En diciembre del año pasado compraron 15,600 ha. del proyecto Olmos. Al hacerlo a través de dos subsidiarias distintas (Coazúcar y Gloria) pudieron comprar terrenos en dos de los tres sectores en que está dividida el área irrigada. En las bases se impedía postular a compras en más de un sector, justamente para evitar que una empresa resulte tan beneficiada de la inversión estatal.

El segundo lugar lo ocupa el grupo Romero con más de 32 mil ha., repartidas principalmente entre el fundo Caña Brava (7,000 ha.) comprado en 2006, e inversiones de palma aceitera (Palmas del Espino: 13,000 ha. en Palmawasi y 6,163 ha. en Shanusi) que vienen desarrollando desde la década de los 80’s, y que ya anunciaron que llegarían a las 25 mil ha. para 2016.

El grupo Oviedo tendría el tercer lugar con alrededor de 21 mil hectáreas productivas azucareras. En 2004 se hicieron accionistas de Pomalca (12,500 ha.), fundo en el que el Estado tiene la tercera parte –que es la mayoría– de las acciones y en el que se discute todavía la preferencia de ventas hacia los trabajadores. Tumán (12,311 ha.) pasó a sus manos en 2006.

El grupo Dyer alcanza el cuarto puesto con 20 mil hectáreas productivas. Aunque según reconoce el propio grupo, Camposol, su principal propiedad, comprada en 2007, podría darle la vuelta al ránking: posee 93 mil ha., pero actualmente solo se trabajan 12 mil.

El quinto lugar lo comparten el grupo Gandules –con 13 mil hectáreas repartidas en los fundos Cerro Colorado y San Pedro–, y el grupo de capital colombiano Manuelita.

El fuego cruzado no se ha hecho esperar. Mientras la Cámara de Comercio de Lima, CONFIEP, COMEX y ADEX ya se pronunciaron contra cualquier propuesta restrictiva que pudiese ahuyentar las inversiones, el congresista José León, presidente de la Comisión Agraria, anunció a CARETAS un proyecto para desestimular la concentración gravando la posesión de terrenos que superen un máximo a establecerse. Otra fuente de Perú Posible aseguró que se la jugarán toda por la propuesta.

Juan Varillas, presidente de ADEX Comex y también gerente general del grupo Gandules Comex, advirtió que con estas normas “no se hubiese desarrollado el sector agroexportador, que en la última década permitió la exportación de 309 productos nuevos a 64 destinos”. Antonio Becerril, gerente general del grupo Oviedo, indicó que se debe diferenciar entre personas naturales y jurídicas. “Además se debe encontrar una fórmula que tome en cuenta la participación en el accionariado en función del terreno total”. Fernando Devoto, del grupo Gloria, respalda una posición semejante: “mucho se habla de que Gloria tiene miles de hectáreas, pero trabajamos con empresas diferentes, y en Casagrande por ejemplo, tenemos el 57% de las acciones, no el total”.

Para Fernando Eguren, del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), lo más peligroso es el control político que se puede ejercer sobre los valles o tierras irrigadas a través de estos grandes grupos. “Se pone una barrera de ingreso a pequeñas y medianas inversiones. Es una visión política hecha para que haya muy grande inversión”. En la reciente subasta de 38,000 ha. de Olmos, la compra mínima era de 250 ha. A un precio referencial de US$ 4,250 por ha., la inversión mínima era de US$ 1 millón.

“Acá se toma como referente de éxito el nivel de inversión sin considerar familias beneficiadas. En Europa se habla de granjas familiares, y no hay terrenos de más de 2 mil hectáreas”, compara Eguren.

Curiosamente, César Rivas, presidente de la Junta Nacional de Café, sí resaltó este concepto al anunciar que 165 mil “familias de pequeños productores” lograron envíos al exterior por US$ 1,550 millones. Rompieron récord y lideraron la exportación agrícola de 2011.

“La decisión final es política, evidentemente”, concluye el investigador del CEPES.

La pelota está en la cancha del ministro Ginocchio. Aunque en su despacho trabajan bajo hermético silencio, en su aparición en el Congreso del 18 de enero, sí anunció que el proyecto que preparan “permitirá evitar que la equidad sufra en aras de la eficiencia”. (Israel Guzmán)

Fuente:
http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S&id=12&idE=996&idSTo=0&idA=56997



Servindi, 2 de febrero, 2012.- Las comunidades awajún del distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, región Loreto, rechazaron la presencia de la petrolera española Repsol que pretende explotar el Lote 109 en sus territorios.

Asimismo acusaron al consejero regional Wagner Musolini Acho de traicionarlos por ser el principal promotor para que la empresa petrolera entre a operar en el referido lote petrolero.

El Lote 109 se localiza entre las cuencas de Santiago y Huallaga, y abarca el territorio de veintitrés comunidades awajún de los ríos Potro, Apaga y Cahuapanas.

Los pobladores awajún denuncian que desde el año 2002 la empresa Repsol viene tratando de convencernos con regalos para que los indígenas permitan el ingreso de la petrolera.

“Mayoritariamente se le dijo que no pero ellos tratan de dividirnos y hacernos pelear entre nosotros” expresó el profesor Pepe Shuc Coja, presidente de la Federación Nativa Awajún del Río Apaga (FENARA).

“Nosotros lo apoyamos (a Wagner Musolini) porque nos prometió apoyarnos en la defensa de nuestro territorio y ahora viene como facilitador de la empresa petrolera, amenazándonos que no nos dará nada de apoyo si no aceptamos la entrada de la Repsol”, precisó el dirigente awajún.

Repsol en el lote 109

En diciembre del 2005, Repsol YPF suscribió el Contrato de Exploración y Explotación del Bloque 109 con el Estado peruano a través del DS Nº 053?2005?EM.

En el 2007, Repsol Exploración del Perú, Sucursal del Perú inició el estudio geológico o de subsuelo 134, con la finalidad de realizar un programa mínimo de trabajo para perforar tres pozos exploratorios.

La inversión estimada para realizar el programa mínimo en el lote 109 era en ese momento de U$ 40 millones de dólares.

Hace unos días, la Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) informó su asociación con Repsol para explorar el lote 109.

“Ecopetrol del Perú S.A. y Repsol Exploración del Perú, Sucursal del Perú llegaron a un acuerdo mediante el cual Ecopetrol del Perú S.A. adquirirá una participación del 30 % en el Lote 109, ubicado en la selva amazónica de ese país”, informó Ecopetrol.

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/58449



Servindi, 31 de enero, 2012.- Las aguas de la quebrada Zataña en el río Tamaya, no deben ser consumidas porque están contaminadas, alertaron por radio pobladores de la comunidad Nueva California, distrito Masisea, en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. La razón es de Perogrullo: aguas residuales debido a los trabajos de perforación de un pozo de petróleo en el lote 126 por la canadiense Petro Minerales.

Miembros de la Asociación de Comunidades Nativas de Asháninkas-Ashéninkas de Masisea y Callería (Aconamac) informaron que la petrolera trabaja a un kilómetro de distancia de la comunidad y que ha vaciado residuos tóxicos en las aguas de la quebrada cuyo río es afluente del Ucayali.

A lo largo del Tamaya existen varias comunidades a las cuales se les ha pedido que no beban el agua hasta que las autoridades correspondientes efectúen análisis para descartar posibles peligros a la salud.

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/58362#more-58362