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El Grupo Parlamentario Indígena presentó el martes 13 el libro ‘Consulta Previa y Retos para una Institucionalidad Estatal en Materia Indígena’, que constituye una valiosa contribución al debate que se realiza en estos momentos en torno al proyecto de reglamento de la Ley de Consulta Previa.

La obra, que contiene las exposiciones realizadas en cuatro mesas de trabajo organizadas por ese grupo, fue presentada por su coordinador, el congresista Hugo Carrillo Cavero (NGP), quien destacó la importancia de la Ley de Consulta Previa como la expresión de un acto democrático y transparente del Gobierno, en tanto que permitiría que el Estado llegue a las minorías que nunca han sido escuchadas ni tomadas en consideración en la elaboración y ejecución de políticas de desarrollo. “Esto la dará mayor credibilidad a los actos del propio Gobierno”, dijo.

Carrillo expresó su esperanza en que el reglamento en elaboración considere el espíritu participativo de la ley ya que, por su propia naturaleza, la consulta y su estrecha relación con el derecho a la participación, es un instrumento destinado a promover la inclusión social, alentar la contribución de los pueblos interesados mediante aportes y opiniones en búsqueda de consenso, y establecer una responsabilidad en el Estado y en los pueblos mismos.

En la ceremonia, que se desarrolló en el hemiciclo ‘Raúl Porras Barrenechea’ del Palacio Legislativo, el representante de IDEA Internacional, Percy Medina, destacó también la importancia de la ley porque va de la mano de la democracia y contribuirá a fortalecerla, ya que permitirá a los marginados y excluidos tener un lugar en la vida política del país.

Advirtió también que la norma no debe ser vista como un proceso de consulta popular, trátese de un plebiscito o un referéndum-, sino como un proceso de diálogo que permita arribar a consensos y entendimientos entre el Estado y la población indígena respecto a sus derechos fundamentales.

En otro momento, el investigador social Róger Rumrill expresó su extrañeza por las opiniones vertidas por un ministro en el sentido de que era necesario elaborar “varios reglamentos” para la Ley de Consulta Previa, según los sectores en que se aplicaría, sea en la minería o en la agricultura, en la sierra o en la amazonía, etc.

Recordó que la Ley de Consulta Previa se dio para hacer respetar el derecho de los pueblos indígenas a decidir por sí mismos sus prioridades de desarrollo y que estas puedan influenciar en las decisiones estatales, y luego aclaró que no se dio para proteger el medio ambiente, autorizar actividades mineras o solucionar conflictos sociales.

Esas opiniones tergiversadas serían promovidas por algunos intereses mineros, dijo, para distorsionar los fines de la ley, que su razón de ser pase a un segundo plano y la consulta se convierta en un mero instrumento de segundo plano.

Rumrill destacó la necesidad de construir una institucionalidad indígena desde el Estado de tal forma que se constituya en un interlocutor válido.

En el acto participaron también la representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Ana Chueca; y Gustavo Solís Fonseca, del Centro de Investigación Lingüística Aplicada (CILA) de la UNMSM.

Fuente:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/9517242a8ce0e6ca052579ab006b8ad9/?OpenDocument



Servindi, 16 de febrero, 2012.- Las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad dirigirán un pedido formal al presidente Ollanta Humala para que se modifique la Ley de Consulta Previa en un plazo de 30 días.

En caso de que no prospere el cambio de la norma, se levantará una demanda de inconstitucionalidad para que sea el Tribunal Constitucional quien se encargue de la derogatoria de la norma.

Acuerdos de las organizaciones indígenas (Aidesep, CCP, CNA, Onamiap, Conacami):

- Exigir la modificación de la Ley de Consulta Previa y dar un plazo perentorio de 30 días al Estado para que esto se produzca. De no haber ninguna respuesta se iniciará acción ante el Tribunal Constitucional y la CIDH.

- Rechazar el Borrador de la Propuesta de Reglamento presentada por el viceministerio de Interculturalidad.

- No participar en el diálogo con la Comisión Multisectorial si no hay respuesta del Estado en 30 días.

- Demandar la creación de una Institucionalidad Estatal Indígena con rango ministerial, con autonomía y los recursos necesarios.

- Exigir una nueva Constitución Política.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), que no integra el Pacto de Unidad, fue de la opinión que debería continuarse con el proceso de diálogo para elaborar el Reglamento aunque también expresó su conformidad para que se modifiquen algunos artículos de la Ley de Consulta.

Los esfuerzos del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra Quispe, y el jefe de Indepa, Gustavo Zambrano Chávez, fueron infructuosos al no conseguir que los pueblos indígenas concreten sus aportes al proyecto de Reglamento de la Ley de Consulta Previa.

Por el contrario, con el transcurrir de los debates, fue más claro para las autoridades comunales y dirigentes de federaciones que la propia Ley de Consulta contenía artículos que no garantizaban el ejercicio de su derecho a la consulta con miras a obtener su consentimiento o lograr un acuerdo con el Estado.

El proyecto de Reglamento, elaborado por el viceministerio de Interculturalidad recibió, a su vez, calificativos de “valla muy baja en derechos”, “minimalista” y “poco garantista”.

En medio de este proceso y conociéndose la crisis que se avecinaba, Gustavo Zambrano declaró a la agencia estatal Andina: “La mayoría de comunidades indígenas respalda la Ley de Consulta Previa y valoran su reglamentación como un mecanismo para identificarse más con el Estado”. (En: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-indepa-pueblos-indigenas-respaldan-consulta-previa-y-esperan-desarrollo-equitativo-398144.aspx)

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/59445



Servindi, 9 de febrero, 2012.- Cajamarquinos, puneños, ayacuchanos, arequipeños, lambayecanos, cusqueños, loretanos, trujillanos, huancaínos, ancashinos, pasqueños, piuranos, huancavelicanos, en fin, delegaciones de casi todos los departamentos del país marcharán mañana en las calles de Lima por un problema que ha cobrado carácter nacional: el acceso al agua y la protección de las cabeceras de cuenca.

Hoy en horas de la mañana, más de mil pobladores de la parte norte de Lima recibieron con una lluvia de aplausos, música y algarabía a los caminantes de la Marcha del Agua. No se solidarizaban únicamente con el caso de Cajamarca y el proyecto minero Conga, sino que se sumaban como una región más a las demandas para que se declare intangible las nacientes, se prohíba el uso de mercurio y cianuro en minería y se considere el acceso al agua un derecho humano.

Fueron nueve días de marcha por la costa norte del país y un tramo en la sierra de Cajamarca, a la antigua usanza: con alegría, cánticos, pagando la tierra ante las divinidades ancestrales y sin actos de violencia. En cada parada la población expresaba con naturalidad su apoyo con productos tiernos y chichas frescas para los caminantes. Ha sido ciertamente una experiencia única en varias décadas.

Y tras esta experiencia única de haberse coronado una marcha de nueve días por cinco departamentos del país, estamos a vísperas de otra experiencia singular en décadas: la marcha de mañana con delegaciones de la mayoría de regiones y de decenas de organizaciones sociales.

Las veces que apreciábamos algo parecido era cuando el gobierno paseaba residentes de la capital con trajes típicos de sus terruños y, en efecto, delegaciones provinciales traídas en buses alquilados por el Estado. Eso hacía el Indepa en la época de Alan García, por ejemplo.

Lo de ahora se llama voluntad. Libre albedrío para designar una comitiva que venga a Lima y marchar por su comunidad. Libre determinación para decir presente en una marcha que busca incidir en mejorar las políticas ambientales e hídricas.

No hay cabezas visibles en la marcha, mejor dicho, hay demasiadas cabezas. No hay necesidad de que el Gobierno y el aparato oficialista politice este reclamo. Se trata de propuestas técnicas de los ciudadanos para vivir en un medio ambiente sano. La población espera que el Gobierno emita un gesto de buena fe, respeto y apertura.

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/58909#more-58909



Gestión. Existe gran expectativa de la población para que los proyectos de inversión cuenten con un estudio de impacto ambiental (EIA) que, entre otras cosas, establezca las medidas idóneas que logren minimizar sus impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos del mismo.

Sin embargo, la fiscalización del cumplimiento de lo establecido en estos instrumentos de gestión ambiental es el factor clave que requiere de la mayor atención y cuidado a fin de  asegurar que lo allí señalado, en efecto, se haga realidad.

La fiscalización de las actividades minero-energéticas constituye piedra angular de la  efectividad  de los EIA.

Una fiscalización eficiente comienza  con un EIA que contenga obligaciones ambientales  fiscalizables claras, directas y no sujetas a interpretaciones diversas.

Al respecto, se debería contar con una versión final del estudio ambiental que compendie las diferentes observaciones formuladas a la versión original del mismo así como las respuestas emitidas para absolver tales observaciones donde se generan nuevas obligaciones ambientales fiscalizables.

Una vez aprobado el estudio, se realiza la supervisión en campo que comprende la etapa  constructiva, operativa y de cierre de la actividad; obteniéndose, de ser el caso, los medios probatorios requeridos para el desarrollo de las acciones de fiscalización y sanción a las que hubiere lugar.

Las multas, por su parte, para lograr su finalidad requieren ser disuasivas en su monto siendo necesaria, asimismo, la adopción de medidas administrativas que aseguren la recomposición del ambiente alterado.

Cabe indicar que la fiscalización comprende tanto el ejercicio de la potestad sancionadora como también la promoción del cumplimiento de la normativa ambiental.

En este sentido, se requiere fortalecer la institucionalidad en esta materia, actualmente a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente (en lo relacionado a la gran y mediana minería) no solo con recursos económicos sino también con mecanismos y herramientas que le permitan ejercer de la mejor manera tan importante función.

Fuente:
http://www.inforegion.pe/portada/129169/para-una-fiscalizacion-efectiva-de-los-estudios-de-impacto-ambiental/



  • Viceministro Gabriel Quijandría diserta sobre los mecanismos de compensación por impactos ambientales en la Amazonía
  • Especialistas de Colombia, Ecuador y México compartirán las experiencias de sus países con el Perú

 

Iquitos, 06 de febrero de 2012.- El Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, participa hoy del Segundo Taller de “Metodologías para la planificación y la gestión de los impactos ambientales de proyectos de inversión en energía, transporte, minería y petróleo”, en el hotel Victoria Regia de Iquitos.

El Viceministro Quijandría expondrá sobre los instrumentos de gestión ambiental y compensación por impactos ambientales en este taller que tiene como objetivo presentar los últimos avances tecnológicos en procedimientos para evitar, mitigar o compensar los impactos sobre la biodiversidad de la inversión pública y privada. Cabe recordar que sobre este tema el MINAM ejecuta la segunda etapa del Programa de Gestión Ambiental y Social para mitigar los Impactos Indirectos en el Corredor Vial Interoceánico Sur-II Etapa (PGAS CVIS 2), que transcurre por Puno, Cusco y Madre de Dios.

Participan de este taller en Iquitos representantes de las instituciones públicas y privadas involucradas en las propuestas de inversión en la Amazonía. Además del Ministerio del Ambiente, por el Ejecutivo estarán presentes funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, Transportes, Cultura, Agricultura, Economía y de la Presidencia del Consejo de Ministros.

También han sido invitados especialistas de Colombia, Ecuador y México para compartir las experiencias en sus países sobre el tema. El representante de México, por ejemplo, hablará de la tecnología que se usa en su país para cuantificar la deforestación a largo plazo, provocada por la construcción de carreteras y caminos.

Todos los especialistas presentarán alternativas metodológicas a los representantes de los gobiernos regionales de la Amazonía  para evitar los impactos ambientales de los proyectos de inversión en áreas de alto valor ecológico y gran fragilidad. Así, se seleccionará una experiencia piloto para aplicar estos métodos en la Amazonía peruana.

Cabe destacar que en el 2011 se realizó en Lima, el primer taller en el que se expusieron diversas herramientas para manejar los impactos en la biodiversidad. En esa ocasión se presentó la experiencia de Brasil basada en la conservación del paisaje como requisito para la implementación de proyectos, la metodología mexicana para cuantificar la deforestación inducida por la construcción de caminos y carreteras, y el enfoque de “Desarrollo por Diseño”, que contempla la jerarquía de mitigación y el esquema de compensaciones, aplicado en Ecuador, Venezuela y Colombia.

Este taller es organizado por el Ministerio del Ambiente, el Banco Mundial, The Nature Conservancy y el Consejo Interregional Amazónico, CIAM.

 

Fuente:
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:expertos-evaluan-como-minimizar-impactos-a-la-biodiversidad-en-proyectos-de-inversion-publica-y-privada-en-la-amazonia&catid=1:noticias&Itemid=21



Los productores agrarios del país demandan con urgencia al Estado, a través del Ministerio de Agricultura (Minag) y los Gobiernos Regionales, culminar el proceso de titulación de tierras, medida la cual les permitirá convertirse en sujetos de crédito y poder calificar a los diversos programas estatales que ofertan recursos.
 
Así lo sostuvo la presidenta de Conveagro, Lucila Quintana, quien manifestó que si bien es necesario poner límites al tamaño de la propiedad de la tierra; resulta prioritario que los más de dos millones de productores agrarios se sientan dueños de las parcelas y fincas que trabajan para vivir generando recursos y empleo en el país.
 
En ese sentido, reiteró el pedido al gobierno de cumplir con la  transferencia de los S/. 100 millones que por la Ley de Relanzamiento le corresponde al Agrobanco.
 
“La titulación de tierras y el crédito agrario van de la mano y son temas que el gobierno debe atender con prioridad”, agregó.

Fuente:
http://www.larepublica.pe/03-02-2012/productores-agrarios-piden-culminar-proceso-de-titulacion-de-tierras



El debate por la concentración de tierras de cultivo marcará una interesante toma de posición para un gobierno, todavía, en búsqueda de identidad.

Luis Ginocchio, titular del Ministerio de Agricultura (MINAG), ya anunció que su cartera prepara una propuesta que se sumará a las dos que corren en el Congreso. “No tenemos información oficial sobre la extensión de las propiedades”, señala uno de sus técnicos, “las últimas cifras son del año 94”.

El MEF ya asignó una partida inicial de S/. 20 millones para el IV Censo Nacional Agropecuario –presupuestado en un total de S/.113.8 millones–, que permitirá un conocimiento certero de cómo está dividido el territorio en el Perú. Hasta entonces, las estimaciones más exactas sean tal vez las de la comisión de Agricultura del Congreso.

Según estas, el primer lugar en tenencia de tierras se lo lleva –de lejos– el grupo Gloria, con un aproximado de 81 mil hectáreas. Ni más ni menos que casi el total del área urbanizada de Lima metropolitana (84 mil ha. según el censo de 2007), espacio en el que viven más de 8 millones de personas.

Desde 2006, los Rodríguez Banda invirtieron con fuerza en el sector azucarero. Ese año compraron Casagrande (29,383 ha.) y Chiquitoy (3,200 ha.), en 2007 Cartavio (11,000 ha.) y Sintuco (1,414 ha.) y en 2009 adquirieron San Jacinto (12,337 ha.). En diciembre del año pasado compraron 15,600 ha. del proyecto Olmos. Al hacerlo a través de dos subsidiarias distintas (Coazúcar y Gloria) pudieron comprar terrenos en dos de los tres sectores en que está dividida el área irrigada. En las bases se impedía postular a compras en más de un sector, justamente para evitar que una empresa resulte tan beneficiada de la inversión estatal.

El segundo lugar lo ocupa el grupo Romero con más de 32 mil ha., repartidas principalmente entre el fundo Caña Brava (7,000 ha.) comprado en 2006, e inversiones de palma aceitera (Palmas del Espino: 13,000 ha. en Palmawasi y 6,163 ha. en Shanusi) que vienen desarrollando desde la década de los 80’s, y que ya anunciaron que llegarían a las 25 mil ha. para 2016.

El grupo Oviedo tendría el tercer lugar con alrededor de 21 mil hectáreas productivas azucareras. En 2004 se hicieron accionistas de Pomalca (12,500 ha.), fundo en el que el Estado tiene la tercera parte –que es la mayoría– de las acciones y en el que se discute todavía la preferencia de ventas hacia los trabajadores. Tumán (12,311 ha.) pasó a sus manos en 2006.

El grupo Dyer alcanza el cuarto puesto con 20 mil hectáreas productivas. Aunque según reconoce el propio grupo, Camposol, su principal propiedad, comprada en 2007, podría darle la vuelta al ránking: posee 93 mil ha., pero actualmente solo se trabajan 12 mil.

El quinto lugar lo comparten el grupo Gandules –con 13 mil hectáreas repartidas en los fundos Cerro Colorado y San Pedro–, y el grupo de capital colombiano Manuelita.

El fuego cruzado no se ha hecho esperar. Mientras la Cámara de Comercio de Lima, CONFIEP, COMEX y ADEX ya se pronunciaron contra cualquier propuesta restrictiva que pudiese ahuyentar las inversiones, el congresista José León, presidente de la Comisión Agraria, anunció a CARETAS un proyecto para desestimular la concentración gravando la posesión de terrenos que superen un máximo a establecerse. Otra fuente de Perú Posible aseguró que se la jugarán toda por la propuesta.

Juan Varillas, presidente de ADEX Comex y también gerente general del grupo Gandules Comex, advirtió que con estas normas “no se hubiese desarrollado el sector agroexportador, que en la última década permitió la exportación de 309 productos nuevos a 64 destinos”. Antonio Becerril, gerente general del grupo Oviedo, indicó que se debe diferenciar entre personas naturales y jurídicas. “Además se debe encontrar una fórmula que tome en cuenta la participación en el accionariado en función del terreno total”. Fernando Devoto, del grupo Gloria, respalda una posición semejante: “mucho se habla de que Gloria tiene miles de hectáreas, pero trabajamos con empresas diferentes, y en Casagrande por ejemplo, tenemos el 57% de las acciones, no el total”.

Para Fernando Eguren, del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), lo más peligroso es el control político que se puede ejercer sobre los valles o tierras irrigadas a través de estos grandes grupos. “Se pone una barrera de ingreso a pequeñas y medianas inversiones. Es una visión política hecha para que haya muy grande inversión”. En la reciente subasta de 38,000 ha. de Olmos, la compra mínima era de 250 ha. A un precio referencial de US$ 4,250 por ha., la inversión mínima era de US$ 1 millón.

“Acá se toma como referente de éxito el nivel de inversión sin considerar familias beneficiadas. En Europa se habla de granjas familiares, y no hay terrenos de más de 2 mil hectáreas”, compara Eguren.

Curiosamente, César Rivas, presidente de la Junta Nacional de Café, sí resaltó este concepto al anunciar que 165 mil “familias de pequeños productores” lograron envíos al exterior por US$ 1,550 millones. Rompieron récord y lideraron la exportación agrícola de 2011.

“La decisión final es política, evidentemente”, concluye el investigador del CEPES.

La pelota está en la cancha del ministro Ginocchio. Aunque en su despacho trabajan bajo hermético silencio, en su aparición en el Congreso del 18 de enero, sí anunció que el proyecto que preparan “permitirá evitar que la equidad sufra en aras de la eficiencia”. (Israel Guzmán)

Fuente:
http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S&id=12&idE=996&idSTo=0&idA=56997



Lima, feb. 03 (ANDINA). Representantes de pueblos indígenas de Amazonas, Cajamarca y San Martín evaluaron en la ciudad amazonense de Bagua el borrador del reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (Ley Nº 29785), informó hoy el Ministerio de Cultura.

 

El taller macrorregional, realizado los días 27 y 28 de enero, contó con la asistencia de más de 300 personas, entre delegados y líderes de las comunidades indígenas de los referidos departamentos.

Fue convocado por las seis organizaciones indígenas de alcance nacional de la comisión multisectorial encargada de elaborar la propuesta de reglamento: Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap).

Además, la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

También estuvo presente el congresista Eduardo Nayap, así como el jefe de la Unidad Ejecutora 004: Indepa, Gustavo Zambrano, quien resaltó el valor simbólico de proseguir el proceso de reglamentación en Amazonas y, en particular, en Bagua, como parte de los pasos para construir una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas.

Líderes indígenas del pueblo awajún tuvieron una activa participación en aras de aportar al proceso de reglamentación de la ley que establece el derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los próximos talleres se llevarán a cabo en las ciudades de Huancayo (5 y 6 de febrero) y Lima (del 13 al 15 de febrero).

Fuente:
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-nativos-amazonas-cajamarca-y-san-martin-evaluaron-borrador-ley-consulta-previa-398242.aspx



Chiclayo, dic. 20 (ANDINA). La construcción del túnel Trasandino del proyecto Olmos, en Lambayeque concluirá a las 11:00 horas de hoy, con lo que se pondrá en marcha una de las obras de irrigación más esperadas en el norte peruano para el despegue de la agroexportación.

A esa hora, la perforadora TBM (Tunnel Boeing Machine) conectará el frente oriente con el occidente del túnel, con lo que habrá culminado la infraestructura de 19.3 kilómetros de longitud y 4.8 metros de diámetro.

Para presenciar este acto trascendental en territorio lambayecano se espera la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.

Los 410 millones de metros cúbicos que anualmente se trasvasarán de la cuenca del Atlántico (río Huancabamba) a la cuenca del Pacífico (río Olmos) irrigarán 43,500 hectáreas de las pampas de Olmos.

De esa cantidad, 5,500 pertenecen a la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos que recibirá agua y energía sin costo. Unas 19,900 fueron vendidas en la primera subasta y restan por vender 18,100 en la segunda programada para enero de 2012.

La perforación del túnel se reinició en 2007 por el frente occidente, con la TBM y el esfuerzo de obreros y profesionales altamente especializados, tanto de la empresa Odebrecht como del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT).

Más de 600 familias de comuneros se beneficiarán directamente con el agua para el desarrollo de sus cultivos, destacó el gobierno regional lambayecano.

Entre los beneficios económicos y sociales de Olmos figura un requerimiento de mano de obra superior a los 100 mil empleos para la operación de las 38,000 hectáreas, y un impacto indirecto laboral en proveedores de insumos y servicios.

Un estudio de la Universidad del Pacífico concluye en que los beneficios directos en un escenario moderado serían de 483 millones de dólares, refirió Acuña.

Los beneficios totales llegarían a 614 millones de dólares; las empresas agroindustriales del valle nuevo generarían casi 130 millones por impuestos a las utilidades en los próximos 25 años.

Para la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, la puesta en marcha del proyecto Olmos constituye una nueva y buena oportunidad de hacer negocios.

El presidente regional Humberto Acuña sostuvo que hoy será “un día histórico” para Lambayeque, y que la obra traerá desarrollo e inversión de empresarios peruanos que apuestan por la agricultura de esta jurisdicción norteña.

Fuente:
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-culmina-construccion-del-tunel-trasandino-proyecto-olmos-391659.aspx



Por: 
Ronald Ordóñez – Juan Arribasplata

Ayer por la noche el Ejecutivo decidió levantar el Estado de Emergencia decretado desde el 5 de diciembre en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Celendín y Contumazá. También se reactivó el acceso a las cuentas del gobierno regional de Cajamarca.

Esta medida fue tomada luego de varias coordinaciones entre el presidente regional, Gregorio Santos, el alcalde provincial de Hualgayoc, Hernán Vásquez y los alcaldes distritales de Huasmín y La Encañada, José Marín y Jorge Vásquez respectivamente, con el Premier Óscar Valdés. Precisamente, en un oficio remitido al presidente regional, Valdés confirma que ambas partes concuerdan en suspender el paro indefinido; reconocer el diálogo como mecanismo de solución de conflictos y aceptar el peritaje internacional al EIA del proyecto Conga.

El gobierno nacional ha aceptado la solicitud de Gregorio Santos para que una comisión de alto nivel se haga presente en la ciudad de Cajamarca el próximo lunes 19 y se instale una Mesa de Diálogo.

Se suspende paro programado para el día 20

Con el levantamiento del Estado de Emergencia, el paro de 24 horas convocado para el día 20 por el presidente del Frente de Defensa por los Intereses de la Región, Idelso Hernández, ha quedado sin efecto.

Por su parte, Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina, informó a Noticias SER: “Acabamos de tomar el acuerdo de que el paro programado no se desarrollará pues era una medida para exigir que el gobierno retire el Estado de Emergencia y apoyar la lucha del pueblo en lo que ha venido exigiendo. A partir de ahora vamos a luchar de manera simbólica”, dijo.

Esto también fue confirmado por la primera vocal del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Narda Silva: “El paro ha quedado suspendido ya que se ha levantado el Estado de Emergencia, y ya se está coordinando para hacer de conocimiento a las bases que se venían organizando. Ahora tenemos que definir la agenda para la reunión que se sostendrá el próximo lunes con los ministros”, indicó.

Peritaje internacional que involucre a la población

Si bien el peritaje internacional ya ha sido aceptado por el gobierno regional de Cajamarca, los principales líderes de la región concuerdan en que no debe ser realizado por el Banco Mundial, por ser una entidad que posee acciones en Minera Yanacocha.

Milton Sánchez indicó: “Rechazamos que la revisión del EIA la realice el Banco Mundial. Este estudio debe ser imparcial con aportes de especialistas del Perú; ONGs y el propio gobierno regional y además, recogiendo los aportes de la población”. Silva también comentó: “Solicitaremos que el peritaje sea realizado por entidades que no tengan nexo ni económico ni político con Yanacocha”.

Marco Arana, a través de su cuenta de twitter señaló: “La solución al conflicto Conga es social, técnica y territorial. Reducirla al peritaje con mano dura es un error (…) Por lo demás, (el) peritaje Conga debe ser definido con (los) actores en conflicto (…) Se debe abrir a consulta y en concordancia con (la) ZEE regional”, escribió.

Se espera que estos temas sean abordados en la Mesa de Diálogo del día lunes19.

Fuente:
http://www.noticiasser.pe/16/12/2011/cajamarca/se-levanta-estado-de-emergencia-en-cajamarca-y-suspende-paro-del-dia-20