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20/02/2012 - La Central Ashaninka del Río Ene (CARE) presentó una demanda ante la Corte Superior de Justicia en Lima contra el Congreso de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la que busca una orden restrictiva al acuerdo energético firmado entre Perú y Brasil, afirmando que los derechos fundamentales de los pueblos indígenas se ven amenazados.

Miles de personas no indígenas, tribus indígenas y no contactadas serían desplazadas por los proyectos considerados bajo el acuerdo. Esta orden restrictiva busca proteger los derechos constitucionales de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre temas del estado que pudiesen tener un impacto en sus derechos.

Según la demanda, los planes de construir represas en la Amazonía peruana tendrían efectos adversos serios debido a la extensa inundación y destrucción de los bosques, los impactos en la flora y fauna, y la producción de emisiones de gases de invernadero.

La demanda estipula la necesidad de cumplir con normas sociales y ambientales más altas en proyectos asociados al acuerdo para detener la destrucción de la Amazonía. A su vez, abarca la necesidad de realizar evaluaciones de los impactos ambientales y sociales de los proyectos. También señala que se debe realizar una valoración técnica de las necesidades energéticas de Perú  y las opciones para satisfacer dichas necesidades antes de la implementación del acuerdo.

El acuerdo energético Perú - Brasil fue firmado en el 2010 por los presidentes de ambos países, pero aún no ha sido ratificado por los Congresos de ambos países, en el Perú el acuerdo se encuentra como un proyecto de ley  en la Comisión de Relaciones Exteriores; sin embargo, la demanda hace referencia a varias declaraciones en la prensa sobre el acuerdo de funcionarios gubernamentales en las que sostienen que es inminente y de alta prioridad para el país, y como una manera de evitar daños, la demanda pide la suspensión del acuerdo.

Para el pueblo asháninka la incertumbre continúa, pues el actual Presidente de la República, Ollanta Humala - en su discurso a la Nación en julio pasado - hizo hincapié en que se construirán muchas represas e hidroeléctricas y actualmente, se están planificando 20 represas tan sólo en el Río Marañon. Ruth Buendía Mestoquiari, presidenta de CARE, señaló que esperan que esta demanda convenza a los representantes congresales y altas autoridades para que instruyan al Ministerio de Energía y Minas a que respete sus tierras. De otro lado, recordó que muchos pobladores asháninkas perecieron o tuvieron que alejarse de sus tierras a causa de la guerra interna. "No vamos a dejar que la historia del desplazamiento se repita", indicó.

“Nosotros, los Asháninka del Río Ene estamos preocupados por lo que pudiese ocurrir a nuestros niños si ellos inundan nuestras tierras. ¿Dónde vamos a ir?” agregó Buendía. “He visto videos y conocido a gente del Brasil que ha sido desalojada de sus tierras y ahora viven como mendigos. Las empresas brasileñas han cometido muchos errores con sus represas; ¿cómo vamos a confiarles nuestros ríos y tierras?”, finalizó.

Fuente:
http://alertaperu.pe/publicar/nacionales/2399-ashaninkas-presentan-demanda-contra-el-acuerdo-energetico-peru-brasil.html



El Grupo Parlamentario Indígena presentó el martes 13 el libro ‘Consulta Previa y Retos para una Institucionalidad Estatal en Materia Indígena’, que constituye una valiosa contribución al debate que se realiza en estos momentos en torno al proyecto de reglamento de la Ley de Consulta Previa.

La obra, que contiene las exposiciones realizadas en cuatro mesas de trabajo organizadas por ese grupo, fue presentada por su coordinador, el congresista Hugo Carrillo Cavero (NGP), quien destacó la importancia de la Ley de Consulta Previa como la expresión de un acto democrático y transparente del Gobierno, en tanto que permitiría que el Estado llegue a las minorías que nunca han sido escuchadas ni tomadas en consideración en la elaboración y ejecución de políticas de desarrollo. “Esto la dará mayor credibilidad a los actos del propio Gobierno”, dijo.

Carrillo expresó su esperanza en que el reglamento en elaboración considere el espíritu participativo de la ley ya que, por su propia naturaleza, la consulta y su estrecha relación con el derecho a la participación, es un instrumento destinado a promover la inclusión social, alentar la contribución de los pueblos interesados mediante aportes y opiniones en búsqueda de consenso, y establecer una responsabilidad en el Estado y en los pueblos mismos.

En la ceremonia, que se desarrolló en el hemiciclo ‘Raúl Porras Barrenechea’ del Palacio Legislativo, el representante de IDEA Internacional, Percy Medina, destacó también la importancia de la ley porque va de la mano de la democracia y contribuirá a fortalecerla, ya que permitirá a los marginados y excluidos tener un lugar en la vida política del país.

Advirtió también que la norma no debe ser vista como un proceso de consulta popular, trátese de un plebiscito o un referéndum-, sino como un proceso de diálogo que permita arribar a consensos y entendimientos entre el Estado y la población indígena respecto a sus derechos fundamentales.

En otro momento, el investigador social Róger Rumrill expresó su extrañeza por las opiniones vertidas por un ministro en el sentido de que era necesario elaborar “varios reglamentos” para la Ley de Consulta Previa, según los sectores en que se aplicaría, sea en la minería o en la agricultura, en la sierra o en la amazonía, etc.

Recordó que la Ley de Consulta Previa se dio para hacer respetar el derecho de los pueblos indígenas a decidir por sí mismos sus prioridades de desarrollo y que estas puedan influenciar en las decisiones estatales, y luego aclaró que no se dio para proteger el medio ambiente, autorizar actividades mineras o solucionar conflictos sociales.

Esas opiniones tergiversadas serían promovidas por algunos intereses mineros, dijo, para distorsionar los fines de la ley, que su razón de ser pase a un segundo plano y la consulta se convierta en un mero instrumento de segundo plano.

Rumrill destacó la necesidad de construir una institucionalidad indígena desde el Estado de tal forma que se constituya en un interlocutor válido.

En el acto participaron también la representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Ana Chueca; y Gustavo Solís Fonseca, del Centro de Investigación Lingüística Aplicada (CILA) de la UNMSM.

Fuente:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/9517242a8ce0e6ca052579ab006b8ad9/?OpenDocument



El director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Laureano del Castillo, consideró necesario poner un límite a las propiedades de tierras agrícolas, dada la escasez de terrenos útiles para la agricultura.

Afirmó que en esas condiciones, mantener una legislación que no señala ningún límite a la extensión de tierras plantea problemas que tienen que ver con concentración de terrenos.

“Las reglas legales y económicas establecidas en los últimos 15 o 20 años están hechas para facilitar el acceso a las tierras a los grandes empresarios y limitar el acceso a los pequeños”, manifestó.

Manifestó que otro factor en contra de esta situación es que la concentración de tierras en grandes empresas se ha producido por adjudicaciones hechas por el Estado, lo cual implica además una fuerte inversión de este.

“Hay ahí inversión fuerte del Estado que va a beneficiar a algunas empresas y no a la inmensa mayoría de pequeños y medianos agricultores. Entonces ahí tenemos una distorsión”, expresó.

 

Fuente:
http://gestion.pe/noticia/1376907/cepes-limites-tierras-acabaria-distorsiones



Servindi, 19 de febrero, 2012.- El experto en temas agrarios Laureano del Castillo sostuvo la necesidad de avanzar hacia una gobernanza responsable en la tenencia de la tierra durante la audiencia sobre límites a la propiedad agrícola realizada el jueves 16 en el Congreso de la República.

Durante su exposición, Laureano Del Castillo señaló que una gobernanza responsable en la tenencia de la tierra favorece en particular a las personas pobres y vulnerables y es un factor clave en la erradicación de la pobreza y el hambre.

Laureano del Castillo observó que la gran concentración de la tierra agrícola es un fenómeno global que vuelve a ser una preocupación actual observada por diversos organismos internacionales como la FAO.

El Proyecto Dinámica del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe realizó el 2011 un estudio de caso en cuatro países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, observando presiones comerciales sobre la tierra y una concentración sobre el control de la misma.

Los cultivos de la concentración son principalmente la soya en Bolivia; la palma aceitera, la caña de azúcar, la soya y el maíz en Colombia; la caña de azúcar y la palma aceitera en Ecuador y la caña de azúcar y la palma aceitera en el Perú.

La concentración se debe a que durante la década de 1990 la tendencia general de la legislación sobre tierras abrió el mercado de tierras, flexibilizó o eliminó los límites al tamaño de los predios, estimuló las inversiones nacionales y extranjeras a expensas de debilitar las formas comunales de propiedad y marginar la agricultura familiar.

Directrices sobre gobernanza responsable de la Tierra

Citando las las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques de la FAO Laureano destacó que la gobernanza responsable promueve el crecimiento económico y el desarrollo social pero también protege el medio ambiente y la sostenibilidad.

Si bien actualmente las directrices tienen un carácter voluntario y se encuentran en proceso de negociación se trata de reglas, principios, estándares internacionales, para afianzar una gobernanza responsable en lo referente a los derechos de acceso y uso de la tierra, la pesca y los bosques, indicó.

Tales directrices se basan y constituyen un seguimiento a la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural realizada en Puerto Alegre en 2006 y su formulación está estrechamente vinculada con las Directrices Voluntarias del derecho a la alimentación.

Las directrices tienen como finalidad establecer principios y estándares internacionales para adoptar prácticas de gobernanza responsable y proporcionar un marco que los Estados, la sociedad civil y el sector privado, puedan utilizar para desarrollar sus propias estrategias, políticas, legislaciones, programas y actividades.

Las directrices deben permitir a las autoridades del gobierno, al sector privado, a la sociedad civil y a los ciudadanos de juzgar si las acciones propuestas constituyen prácticas aceptables.

Por su naturaleza voluntaria las directrices tratan un mayor número de temas aunque no establecen obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados o para las organizaciones internacionales y tampoco reemplazan a las leyes nacionales o internacionales, tratados o acuerdos.

Sin embargo, la adopción progresiva de las directrices por parte de los Estados sentarán las bases para las acciones futuras a través de una estrategia para su futura implementación y la elaboración de directrices complementarias, materiales de formación y promoción y planes de acción nacional.

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/59659



Servindi, 17 de febrero, 2012.- Un debate en torno a los límites de la propiedad de la tierra confrontó ayer a quienes postulan su crecimiento ilimitado y a los que proponen que debe democratizarse el acceso a la tierra a fin de asegurar la soberanía alimentaria.

La Audiencia Pública: Límites a la Propiedad de la Tierra, fue organizada por la Comisión Agraria del Congreso, en virtud al proyecto de Ley N° 763/2011-CR, que propone un límite de 10 mil hectáreas para la costa, 5 mil Ha. para la sierra y 20 mil Ha. para la selva. Además que ningún valle o cuenca tenga un solo propietario que acumule más del 30 por ciento de la tierra agrícola.

El proyecto y su exposición de motivos es una modificación del proyecto de Ley N° 545/2011-CR, que propone un límite de 25 mil Ha.

Hace días Luis Ginocchio, ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, expresó la intención de su sector de poner límites a la propiedad de las tierras, con el fin de proteger a los pequeños y medianos agricultores.

Como es sabido, recientemente el Grupo Gloria adquirió 15,000 hectáreas del proyecto Olmos, con lo cual acumulará alrededor de 80,000 hectáreas en el país.

Un consenso general es que el tema es complejo y controvertido, por lo que deberán realizarse audiencias descentralizadas. De esta manera el debate recién se inicia y José León Rivera, presidente de la Comisión, anunció una próxima sesión en la localidad de Chiclayo.

Propiedad y seguridad alimentaria

La jornada fue inaugurada por Daniel Abugattás, presidente del Congreso, quién enfatizó que el límite a la propiedad de la tierra deber estar relacionado al concepto de seguridad alimentaria para que permita al país salir definitivamente del subdesarrollo.

Expresó que la propiedad de las tierras debe garantizar la seguridad alimentaria y se mostró en contra de fijar límites a esta propiedad.

“No importa que alguien tenga 60,000 hectáreas, si 20,000 están destinadas a la alimentación popular cómo voy a oponerme si alguien tiene una cantidad importante para alimentar al pueblo”, comentó.

Señaló que el Estado en un principio subsidiaba al campesino, pero ahora los subsidios se han orientado a los empresarios que compran por 4,500 dólares tierras valoradas en 20,000 dólares, en referencia a los lotes del proyecto Olmos.

Abugattás anunción que próximamente dará a conocer sus aportes para el debate de los proyectos de Ley que proponen establecer límites a la propiedad de la tierra de uso agrícola.

La posición privada neolatifundista

Juan Varillas, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), expuso que colocar límites a la propiedad agrícola resta competitividad a ese sector y económicamente siempre será contraproducente. Cuestionó además que exista una base legal suficiente para esta restricción.

Agregó que es importante velar porque la concentración del poder económico no perturbe las dimensiones social y política del país, pero también es importante construir una normativa que armonice estas tres dimensiones.

En un medio más dinámico y cambiante es cada vez menos práctico establecer restricciones absolutas como un límite a la propiedad de la tierra, señaló.

La posición de la ADEX fue secundada por Guillermo Van Oordt, presidente de la Asociación de Gremios Agroexportadores (AGAP) quién expresó su preocupación por la gran “informalidad en el sector agrario” y enfatizó en la necesidad de asegurar un uso más eficiente del agua.

Alfredo Bullard, representante de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que el proyecto tiene un débil análisis de costo y beneficio y no presenta un claro “interés público”. Además, carece de una evaluación sustentada pues la última data es del Censo Agrario de 1994 y se requiere información para regular.

La posición democratizadora

Lucila Quintana, presidenta de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), defendió el acceso democrático a la tierra orientada a la producción nacional y a la soberanía alimentaria.

En tal sentido consideró prioritario que el Estado peruano culmine la titulación en el sector agrario y brinde facilidades para que los pequeños y medianos productores organizados accedan a las tierras ganadas para la agricultura con inversión pública.

Quintana cuestionó que las tierras obtenidas con proyectos de irrigación solo sirvan para grandes inversionistas, a pesar que son financiados con el dinero de todos los peruanos.

Los productores de café tienen propiedades de 1 a 5 hectáreas y son altamente competitivos, afirmó la representante de Conveagro, quién con su testimonio personal rebatió la tesis de que sólo la gran inversión es competitiva.

Finalmente, Lucila Quintana pidió atender la agenda agraria y trabajar una estrategia integral para el campo. “Nuestro tema es alimentar a 30 millones de habitantes en el Perú”, afirmó.

Por su parte Jorge Prado, de la Confederación Campesina del Perú (CCP), demandó al actual gobierno profundizar los grandes cambios que ofreció en su campaña y en este sentido valorar y atender a las comunidades campesinas y a los pequeños agricultores.

Fernando Eguren, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), y Reynaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias, sostuvieron que la norma contribuirá a evitar la reconcentración excesiva e irracional de la propiedad de la tierra y evitar que un propietario influya en la junta de regantes de un valle o sector.

Eguren expresó su preocupación por que el Estado peruano subsidie en 15,500 dólares por hectárea a los grandes inversionistas privados otorgándoles lotes en Olmos a un precio de US $ 4,500 cuando su costo real es de 20,000 mil dólares por hectárea.

Eguren defendió la atribución del Estado de decidir políticas de propiedad agraria y orientar la producción agraria porque están de por medio recursos públicos y la necesidad de atender la alimentación de la población.

Fernando Eguren consideró que el tema de la tierra ha adquirido nuevamente importancia no solo en el Perú, sino en el mundo, a raíz de los procesos de concentración de la propiedad de la tierra que está ocurriendo en diversas partes del orbe.

Eguren también cuestionó el mito de que sólo la gran inversión es eficiente o atractiva. Al respecto indicó que la agricultura familiar asociada se adapta mejor a los diversos cambios y factores de la producción.

Reynaldo Trinidad Ardiles señaló que está de acuerdo con la grande, mediana y pequeña propiedad; pero no lo está con la “propiedad ilimitada”, que quisiera tener como únicos límites los fronterizos como país.

Mostrando un aviso periodístico de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) en el que se denuncia los intentos de una supuesta “reforma agraria” Trinidad criticó a ciertos sectores gran empresariales que intentan confundir a la opinión pública para defender sus intereses particulares.

Señaló que la propuesta de limitar la propiedad de la tierra agrícola no tiene nada que ver con una reforma agraria, debido a que no es lo mismo proponer una redistribución de la propiedad de la tierra a fijar límites en su expansión ilimitada.

 

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/59548



Las limitaciones que se propone establecer a la extensión de la propiedad de la tierra agrícola o con aptitud agrícola deben estar “amarradas al concepto de seguridad alimentaria”, afirmó el jueves 16 el presidente del Congreso de la República, Daniel Abugattás, al inaugurar la audiencia pública ‘Límites a la Propiedad de la Tierra’, que se desarrolló en el Palacio Legislativo.

“No se trata de poner límites por ponerlos”, explicó Abugattás, sino de asegurar la producción agrícola que permita lograr la seguridad alimentaria, que es la única forma de salir del subdesarrollo.

Agregó que se debe entregar la propiedad de la tierra con el compromiso de favorecer la alimentación de los peruanos, y cuestionó que el Estado haya entregado tierras a particulares en el proyecto de irrigación de Olmos, a precios subsidiados, sin esa condición.

El titular del Legislativo se pronunció a favor del proyecto de ley presentado por el congresista José León Rivera (AP), presidente de la Comisión Agraria, y adelantó que en su oportunidad presentará algunas sugerencias para proponer límites a la propiedad de la tierra no sólo para la actividad agrícola, sino también para las destinadas a la explotación petrolera y forestal.

En la audiencia, que se realizó en el hemiciclo ‘Raúl Porras Barrenechea’, con la participación de especialistas vinculados al tema, se explicó que la iniciativa legislativa está acorde con la Constitución Política del Perú y tiene el respaldo de una sentencia del Tribunal Constitucional en el mismo sentido.

Al respecto, abogado Juan Bardelli Lartigoyen, directivo de la Comisión de Legislación Agraria del Colegio de Abogados de Lima, explicó que en su artículo 70º la Carta Magna señala que la propiedad “se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley”.

Dicho artículo fue interpretado por el TC en la sentencia del expediente 05614-2007-PA/TC, en la cual precisa que con esa disposición se deja establecido la función social que debe cumplir la propiedad privada, como institución jurídica y como derecho positivo, a fin de satisfacer no solo los intereses privados de sus titulares, “sino que al propio tiempo también satisfaga los intereses sociales o colectivos que resulten involucrados en el uso y disfrute de cada tipo de bien”.

Así mismo, explicó que el artículo 88º de la Constitución Política, además de garantizar el derecho de propiedad de la tierra, permite a la ley “fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona”.

El proyecto de ley propone fijar en diez mil hectáreas el límite de extensión de la propiedad agrícola en la costa; en cinco mil en la sierra y 20 mil en la selva; con el añadido de que en ningún valle o cuenca un solo propietario pueda acumular más del 30% de la tierra.

Al inicio de la audiencia, el legislador León Rivera explicó que el evento había sido organizado para analizar la conveniencia o inconveniencia de limitar la propiedad de la tierra en nuestro país, sin que ello signifique “realizar una nueva reforma agraria” ni provocar pánico o poner nerviosos a algunos sectores.

“Por eso hemos convocado a esta audiencia: para analizar y debatir la propuesta con los especialistas”, dijo.

En la reunión expusieron también el jefe de la Escuela de Historia de la UNMSM, Waldemar Espinoza Soriano; Aníbal Sánchez, subjefe de Estadísticas del INEI; Reynaldo Trinidad, director de la revista especializado AgroNoticias, y Fernando Leanes, representante de la FAO en nuestro país, entre otros.

Fuente:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/8695cbe9c8516246052579a6006e3453/?OpenDocument



El experto en temas agrarios, Fernando Eguren, abordó en reunión de trabajo, organizada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) el tema "Concentración de la propiedad de la tierra", que tiene importancia para la economía y el desarrollo en un horizonte de corto, mediano y largo plazo.

El experto agrario señaló que el problema de concentración de las tierras no es nuevo y ha afectado a países como Laos, Camboya, Ucrania, Rusia, Brasil y Argentina. Sus causas se asocian a ciertos cultivos como los denominados agrocombustibles y otros cultivos específicos como la soya y caña de azúcar; debido a factores especulativos y la presencia de empresas transnacionales y translatinas que manejen importante superficies agrícolas.

En el caso de Perú, antes de 1994, el 75.4% de la tierra era de la pequeña agricultura (menor a 20 hectáreas). El 12.5% poseía entre 20 y 100 hectáreas y el 12.1% tenía tierras por  encima de las 100 hectáreas.  Al respecto, anotó que este tema está barnizado por elementos ideológicos donde solo la gran propiedad es lo eficiente y lo pequeño es ineficiente y poco competitivo.

A continuación, estimó que en 2012 las tierras de más de 100 hectáreas alcanzaran el 33.7% del total de las superficies de la costa y que con la tendencia actual al 2021, el 45.4% tendrá dichas dimensiones.

"En 1964 todas las haciendas del valle de Chancay – Huaral sumaban 16,000 hectáreas. Ahora el grupo Romero tiene 30,000 hectáreas y el grupo Gloria 80,000 hectáreas. Si se compara con Europa los limites son menores: España con 1,087 has, Italia con 337 has, Francia 274 has y las mas elevadas de 3,531 has en la República Checa, 3,128 has en Bulgaria y de 2,416 has en el Reino Unido", señaló.

En otro momento de su exposición, Eguren indicó que en los últimos años la concentración de la tierra ha sido la norma a través de las nuevas irrigaciones, el mercado de tierras, la conversión de las cooperativas agrarias azucareras en empresas privadas y los cambios de dueños; además de los denuncios y concesiones; la producción de biocombustibles, entre otros.

Asimismo, señaló que existen diferentes políticas para regular el tamaño de las propiedades, tales como los límites señalados por la constitución y la ley, o a través de impuestos a la tierra, la distribución de las tierras en las grandes irrigaciones y la eliminación de subsidios a la gran propiedad, factores sociopolíticos y ante todo el tipo de modelo de desarrollo que se desea para el país. (de asalariados o de propietarios). Eguren insistió en las razones para limitar la gran propiedad en razón a la  escasez de tierra. Finalmente, señaló que es necesaria una política de tierras y del uso responsable de estas para garantizar la seguridad alimentaria.

Fernando Eguren es licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Tiene estudios de postgrado en Sociología en la 'École Pratique des Hautes Études de Paris, Francia y en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Además, es miembro fundador y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). Director de la revista Debate Agrario. Vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA). Miembro del Consejo Directivo del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA).

Entre sus publicaciones más recientes destacan:"Políticas agrarias: una evaluación de dos décadas", "Las ONG y el desarrollo rural: Un ensayo provisional",  "Reforma agraria y desarrollo rural en el Perú", entre otras.

Fuente:
http://www.ceplan.gob.pe/noticias/-/asset_publisher/q7OD/content/erroneamente-se-afirma-que-solo-la-gran-propiedad-agricola-es-eficiente-y-competitiva?redirect=http%3a%2f%2fwww.ceplan.gob.pe%2finicio%3fp_p_id%3d101_INSTANCE_q7OD%26p_p_lifecycle%3d0%26p_p_



LIMA, 7 feb (IPS)  - Los indígenas de Perú tienen una larga lista de observaciones y rechazos a la reglamentación de la ley de consulta previa sobre proyectos que afecten sus territorios. Es el fruto de los talleres que se realizan en el interior del país, en preparación del encuentro nacional que comenzará el lunes 13.

"Antes que aprobar el reglamento, la ley debe ser modificada porque tiene varios vacíos, como es el hecho de no recoger los requisitos mínimos del derecho a la consulta previa que establecen los instrumentos internacionales", alertó Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Pizango, quien adquirió mayor notoriedad por sus aspiraciones presidenciales en las elecciones de 2011, se reunió el jueves 2 y el viernes 3 en Lima con una veintena de dirigentes indígenas de la Amazonia para fijar una posición única en las observaciones que se plantearán al gobierno de Ollanta Humala en el encuentro nacional que se desarrollará del lunes 13 al miércoles 15 de este mes.

Aidesep y otras cuatro agrupaciones que participan en la comisión multisectorial, creada para elaborar con varios ministerios el proyecto de reglamento de la ley, cuestionaron el planteo de que la consulta popular ante cualquier iniciativa de explotación que se presente no se haga antes de que el Estado otorgue una concesión sino solo cuando avanzan los estudios de impacto ambiental. 

"El Estado ha incumplido por años lo que exige el Convenio 169 y ahora quiere seguir haciéndolo con un reglamento que tiene vacíos", señaló Pizango a IPS, en referencia al tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por este país en 1994.

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en 1989 y que entró en vigor en 1991, establece un sistema de protección especial para las etnias autóctonas y mecanismos de consulta sobre leyes, proyectos productivos y políticas que las afecten en su desarrollo y su hábitat. 

Perú nunca estableció los mecanismos para cumplir con este derecho. Solo en agosto de 2011 se aprobó finalmente la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios.

Este paso se dio, según observadores, como consecuencia de los cruentos enfrentamientos entre indígenas que reclamaban su derecho a consulta y la policía en la selvática localidad norteña de Bagua (http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93703), que costaron el 5 de junio de 2009 la vida a más de 30 personas de ambas partes.

Los dirigentes indígenas también señalan que el Estado debe considerar imprescindible el consentimiento o aceptación expresa de los pueblos indígenas antes de que se desarrollen acciones en sus territorios que puedan derivar en la vulneración de sus derechos fundamentales.

Además demandan que el Estado no exonere la consulta en el caso de que las comunidades ya hayan iniciado negociaciones con la empresa titular de la concesión. Para los dirigentes aborígenes, la consulta garantizaría un proceso más transparente.

Por otra parte, algunos líderes también aseguraron que "hay organizaciones indígenas de base" que no son convocadas a los talleres para debatir sobre el reglamento y que, por ello, estos deberían realizarse en más lugares. 

Hasta el momento se han desarrollado foros en Bagua, en las norteñas ciudades de Chiclayo e Iquitos y en las centrales Cusco y Pucallpa. Este lunes 6 concluyó el sexto taller en Huancayo, en la región centroandina de Junín, para luego cerrar con Lima.

En respuesta, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, dijo a IPS que son las mismas organizaciones indígenas que participan en la comisión multisectorial las que han definido en qué ciudad se deben desarrollar los talleres, además son las que convocan a los asistentes y definen la metodología de las reuniones. 

"Todo ha sido acordado con ellos. Es un sistema inédito porque antes era el Estado el que establecía cómo debían hacerse las cosas", defendió.

También precisó que, luego del encuentro en Lima, la comisión multisectorial dialogará con los dirigentes sobre posibles mejoras al reglamento. Se prevé que para fines de este mes el documento ya esté aprobado y también operativo el software con la base de datos de los pueblos indígenas que servirá como punto de partida para identificar cuáles deben ser consultados.

Lanegra confirmó a IPS que ya "está lista la información (en la base de datos) de las comunidades y su ubicación en el territorio".

"La base de datos va a tener un diseño abierto y se perfeccionará en interacción con los indígenas", indicó el funcionario, luego de indicar que se está habilitando el software para que cualquier ciudadano pueda acceder al sitio.

Más de seis millones de los 30 millones de peruanos se reconocen indígenas, distribuidos en 51 grupos étnicos, según datos de 2007 del Instituto Nacional de Estadísticas. Además, existen 1.786 comunidades nativas registradas y más de 6.000 campesinas.

La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y otras plantean que también sean consultadas las rondas campesinas y las comunidades que viven cerca de las cuencas hídricas, porque dependen del agua que suele ser afectada por las actividades extractivas. 

"Debe ser una obligación del gobierno consultarles", dijo a IPS el presidente de Conacami, Magdiel Carrión. Pero Lanegra alegó que ese derecho solo aplica para los pueblos indígenas según el Convenio 169, aunque sí se respeten otros derechos como el de la participación. 

La expectativa de las rondas campesinas sigue creciendo. Sus dirigentes en la región sureña de Puno, quienes se oponen a la construcción de la hidroeléctrica Inambari, exigen ser considerados.

El legislador oficialista Sergio Tejada pidió claridad en las demandas pues consideró que lo avanzado en la reglamentación ha sido importante. "No debe confundirse la consulta previa con otros mecanismos de participación que ya existen para pobladores que no son indígenas".

A su turno, el parlamentario del pueblo awajún Eduardo Nayap dijo a IPS que lo importante es que el diálogo no se entrampe y que las críticas se concentren en mejorar el reglamento, antes que plantear cambios a la ley. 

"Si se ha luchado tanto por esto, lo que hay que hacer es avanzar. Ya hemos dado un buen paso", puntualizó.

Fuente:
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/2/61999



  • Viceministro Gabriel Quijandría diserta sobre los mecanismos de compensación por impactos ambientales en la Amazonía
  • Especialistas de Colombia, Ecuador y México compartirán las experiencias de sus países con el Perú

 

Iquitos, 06 de febrero de 2012.- El Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, participa hoy del Segundo Taller de “Metodologías para la planificación y la gestión de los impactos ambientales de proyectos de inversión en energía, transporte, minería y petróleo”, en el hotel Victoria Regia de Iquitos.

El Viceministro Quijandría expondrá sobre los instrumentos de gestión ambiental y compensación por impactos ambientales en este taller que tiene como objetivo presentar los últimos avances tecnológicos en procedimientos para evitar, mitigar o compensar los impactos sobre la biodiversidad de la inversión pública y privada. Cabe recordar que sobre este tema el MINAM ejecuta la segunda etapa del Programa de Gestión Ambiental y Social para mitigar los Impactos Indirectos en el Corredor Vial Interoceánico Sur-II Etapa (PGAS CVIS 2), que transcurre por Puno, Cusco y Madre de Dios.

Participan de este taller en Iquitos representantes de las instituciones públicas y privadas involucradas en las propuestas de inversión en la Amazonía. Además del Ministerio del Ambiente, por el Ejecutivo estarán presentes funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, Transportes, Cultura, Agricultura, Economía y de la Presidencia del Consejo de Ministros.

También han sido invitados especialistas de Colombia, Ecuador y México para compartir las experiencias en sus países sobre el tema. El representante de México, por ejemplo, hablará de la tecnología que se usa en su país para cuantificar la deforestación a largo plazo, provocada por la construcción de carreteras y caminos.

Todos los especialistas presentarán alternativas metodológicas a los representantes de los gobiernos regionales de la Amazonía  para evitar los impactos ambientales de los proyectos de inversión en áreas de alto valor ecológico y gran fragilidad. Así, se seleccionará una experiencia piloto para aplicar estos métodos en la Amazonía peruana.

Cabe destacar que en el 2011 se realizó en Lima, el primer taller en el que se expusieron diversas herramientas para manejar los impactos en la biodiversidad. En esa ocasión se presentó la experiencia de Brasil basada en la conservación del paisaje como requisito para la implementación de proyectos, la metodología mexicana para cuantificar la deforestación inducida por la construcción de caminos y carreteras, y el enfoque de “Desarrollo por Diseño”, que contempla la jerarquía de mitigación y el esquema de compensaciones, aplicado en Ecuador, Venezuela y Colombia.

Este taller es organizado por el Ministerio del Ambiente, el Banco Mundial, The Nature Conservancy y el Consejo Interregional Amazónico, CIAM.

 

Fuente:
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:expertos-evaluan-como-minimizar-impactos-a-la-biodiversidad-en-proyectos-de-inversion-publica-y-privada-en-la-amazonia&catid=1:noticias&Itemid=21



Fernando Cillóniz, dijo que prefiere que las tierras de Olmos estén en varias manos y no solo en una, pero no hubo muchas empresas interesadas en la subasta. Y no descarto la posibilidad que Coazucar o Gloria, participen nuevamente en la segunda subasta de las tierras de Olmos que se realizara en el mes de marzo.

Fuente:
http://www.radiowebrural.com/node/5054