El Grupo Parlamentario Indígena presentó el martes 13 el libro ‘Consulta Previa y Retos para una Institucionalidad Estatal en Materia Indígena’, que constituye una valiosa contribución al debate que se realiza en estos momentos en torno al proyecto de reglamento de la Ley de Consulta Previa.

La obra, que contiene las exposiciones realizadas en cuatro mesas de trabajo organizadas por ese grupo, fue presentada por su coordinador, el congresista Hugo Carrillo Cavero (NGP), quien destacó la importancia de la Ley de Consulta Previa como la expresión de un acto democrático y transparente del Gobierno, en tanto que permitiría que el Estado llegue a las minorías que nunca han sido escuchadas ni tomadas en consideración en la elaboración y ejecución de políticas de desarrollo. “Esto la dará mayor credibilidad a los actos del propio Gobierno”, dijo.

Carrillo expresó su esperanza en que el reglamento en elaboración considere el espíritu participativo de la ley ya que, por su propia naturaleza, la consulta y su estrecha relación con el derecho a la participación, es un instrumento destinado a promover la inclusión social, alentar la contribución de los pueblos interesados mediante aportes y opiniones en búsqueda de consenso, y establecer una responsabilidad en el Estado y en los pueblos mismos.

En la ceremonia, que se desarrolló en el hemiciclo ‘Raúl Porras Barrenechea’ del Palacio Legislativo, el representante de IDEA Internacional, Percy Medina, destacó también la importancia de la ley porque va de la mano de la democracia y contribuirá a fortalecerla, ya que permitirá a los marginados y excluidos tener un lugar en la vida política del país.

Advirtió también que la norma no debe ser vista como un proceso de consulta popular, trátese de un plebiscito o un referéndum-, sino como un proceso de diálogo que permita arribar a consensos y entendimientos entre el Estado y la población indígena respecto a sus derechos fundamentales.

En otro momento, el investigador social Róger Rumrill expresó su extrañeza por las opiniones vertidas por un ministro en el sentido de que era necesario elaborar “varios reglamentos” para la Ley de Consulta Previa, según los sectores en que se aplicaría, sea en la minería o en la agricultura, en la sierra o en la amazonía, etc.

Recordó que la Ley de Consulta Previa se dio para hacer respetar el derecho de los pueblos indígenas a decidir por sí mismos sus prioridades de desarrollo y que estas puedan influenciar en las decisiones estatales, y luego aclaró que no se dio para proteger el medio ambiente, autorizar actividades mineras o solucionar conflictos sociales.

Esas opiniones tergiversadas serían promovidas por algunos intereses mineros, dijo, para distorsionar los fines de la ley, que su razón de ser pase a un segundo plano y la consulta se convierta en un mero instrumento de segundo plano.

Rumrill destacó la necesidad de construir una institucionalidad indígena desde el Estado de tal forma que se constituya en un interlocutor válido.

En el acto participaron también la representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Ana Chueca; y Gustavo Solís Fonseca, del Centro de Investigación Lingüística Aplicada (CILA) de la UNMSM.

Fuente:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/9517242a8ce0e6ca052579ab006b8ad9/?OpenDocument




20/02/2012 - La Central Ashaninka del Río Ene (CARE) presentó una demanda ante la Corte Superior de Justicia en Lima contra el Congreso de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la que busca una orden restrictiva al acuerdo energético firmado entre Perú y Brasil, afirmando que los derechos fundamentales de los pueblos indígenas se ven amenazados.

Miles de personas no indígenas, tribus indígenas y no contactadas serían desplazadas por los proyectos considerados bajo el acuerdo. Esta orden restrictiva busca proteger los derechos constitucionales de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre temas del estado que pudiesen tener un impacto en sus derechos.

Según la demanda, los planes de construir represas en la Amazonía peruana tendrían efectos adversos serios debido a la extensa inundación y destrucción de los bosques, los impactos en la flora y fauna, y la producción de emisiones de gases de invernadero.

La demanda estipula la necesidad de cumplir con normas sociales y ambientales más altas en proyectos asociados al acuerdo para detener la destrucción de la Amazonía. A su vez, abarca la necesidad de realizar evaluaciones de los impactos ambientales y sociales de los proyectos. También señala que se debe realizar una valoración técnica de las necesidades energéticas de Perú  y las opciones para satisfacer dichas necesidades antes de la implementación del acuerdo.

El acuerdo energético Perú - Brasil fue firmado en el 2010 por los presidentes de ambos países, pero aún no ha sido ratificado por los Congresos de ambos países, en el Perú el acuerdo se encuentra como un proyecto de ley  en la Comisión de Relaciones Exteriores; sin embargo, la demanda hace referencia a varias declaraciones en la prensa sobre el acuerdo de funcionarios gubernamentales en las que sostienen que es inminente y de alta prioridad para el país, y como una manera de evitar daños, la demanda pide la suspensión del acuerdo.

Para el pueblo asháninka la incertumbre continúa, pues el actual Presidente de la República, Ollanta Humala - en su discurso a la Nación en julio pasado - hizo hincapié en que se construirán muchas represas e hidroeléctricas y actualmente, se están planificando 20 represas tan sólo en el Río Marañon. Ruth Buendía Mestoquiari, presidenta de CARE, señaló que esperan que esta demanda convenza a los representantes congresales y altas autoridades para que instruyan al Ministerio de Energía y Minas a que respete sus tierras. De otro lado, recordó que muchos pobladores asháninkas perecieron o tuvieron que alejarse de sus tierras a causa de la guerra interna. "No vamos a dejar que la historia del desplazamiento se repita", indicó.

“Nosotros, los Asháninka del Río Ene estamos preocupados por lo que pudiese ocurrir a nuestros niños si ellos inundan nuestras tierras. ¿Dónde vamos a ir?” agregó Buendía. “He visto videos y conocido a gente del Brasil que ha sido desalojada de sus tierras y ahora viven como mendigos. Las empresas brasileñas han cometido muchos errores con sus represas; ¿cómo vamos a confiarles nuestros ríos y tierras?”, finalizó.

Fuente:
http://alertaperu.pe/publicar/nacionales/2399-ashaninkas-presentan-demanda-contra-el-acuerdo-energetico-peru-brasil.html




Servindi, 16 de febrero, 2012.- Las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad dirigirán un pedido formal al presidente Ollanta Humala para que se modifique la Ley de Consulta Previa en un plazo de 30 días.

En caso de que no prospere el cambio de la norma, se levantará una demanda de inconstitucionalidad para que sea el Tribunal Constitucional quien se encargue de la derogatoria de la norma.

Acuerdos de las organizaciones indígenas (Aidesep, CCP, CNA, Onamiap, Conacami):

- Exigir la modificación de la Ley de Consulta Previa y dar un plazo perentorio de 30 días al Estado para que esto se produzca. De no haber ninguna respuesta se iniciará acción ante el Tribunal Constitucional y la CIDH.

- Rechazar el Borrador de la Propuesta de Reglamento presentada por el viceministerio de Interculturalidad.

- No participar en el diálogo con la Comisión Multisectorial si no hay respuesta del Estado en 30 días.

- Demandar la creación de una Institucionalidad Estatal Indígena con rango ministerial, con autonomía y los recursos necesarios.

- Exigir una nueva Constitución Política.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), que no integra el Pacto de Unidad, fue de la opinión que debería continuarse con el proceso de diálogo para elaborar el Reglamento aunque también expresó su conformidad para que se modifiquen algunos artículos de la Ley de Consulta.

Los esfuerzos del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra Quispe, y el jefe de Indepa, Gustavo Zambrano Chávez, fueron infructuosos al no conseguir que los pueblos indígenas concreten sus aportes al proyecto de Reglamento de la Ley de Consulta Previa.

Por el contrario, con el transcurrir de los debates, fue más claro para las autoridades comunales y dirigentes de federaciones que la propia Ley de Consulta contenía artículos que no garantizaban el ejercicio de su derecho a la consulta con miras a obtener su consentimiento o lograr un acuerdo con el Estado.

El proyecto de Reglamento, elaborado por el viceministerio de Interculturalidad recibió, a su vez, calificativos de “valla muy baja en derechos”, “minimalista” y “poco garantista”.

En medio de este proceso y conociéndose la crisis que se avecinaba, Gustavo Zambrano declaró a la agencia estatal Andina: “La mayoría de comunidades indígenas respalda la Ley de Consulta Previa y valoran su reglamentación como un mecanismo para identificarse más con el Estado”. (En: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-indepa-pueblos-indigenas-respaldan-consulta-previa-y-esperan-desarrollo-equitativo-398144.aspx)

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/59445




LIMA, 7 feb (IPS)  - Los indígenas de Perú tienen una larga lista de observaciones y rechazos a la reglamentación de la ley de consulta previa sobre proyectos que afecten sus territorios. Es el fruto de los talleres que se realizan en el interior del país, en preparación del encuentro nacional que comenzará el lunes 13.

"Antes que aprobar el reglamento, la ley debe ser modificada porque tiene varios vacíos, como es el hecho de no recoger los requisitos mínimos del derecho a la consulta previa que establecen los instrumentos internacionales", alertó Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Pizango, quien adquirió mayor notoriedad por sus aspiraciones presidenciales en las elecciones de 2011, se reunió el jueves 2 y el viernes 3 en Lima con una veintena de dirigentes indígenas de la Amazonia para fijar una posición única en las observaciones que se plantearán al gobierno de Ollanta Humala en el encuentro nacional que se desarrollará del lunes 13 al miércoles 15 de este mes.

Aidesep y otras cuatro agrupaciones que participan en la comisión multisectorial, creada para elaborar con varios ministerios el proyecto de reglamento de la ley, cuestionaron el planteo de que la consulta popular ante cualquier iniciativa de explotación que se presente no se haga antes de que el Estado otorgue una concesión sino solo cuando avanzan los estudios de impacto ambiental. 

"El Estado ha incumplido por años lo que exige el Convenio 169 y ahora quiere seguir haciéndolo con un reglamento que tiene vacíos", señaló Pizango a IPS, en referencia al tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por este país en 1994.

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en 1989 y que entró en vigor en 1991, establece un sistema de protección especial para las etnias autóctonas y mecanismos de consulta sobre leyes, proyectos productivos y políticas que las afecten en su desarrollo y su hábitat. 

Perú nunca estableció los mecanismos para cumplir con este derecho. Solo en agosto de 2011 se aprobó finalmente la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios.

Este paso se dio, según observadores, como consecuencia de los cruentos enfrentamientos entre indígenas que reclamaban su derecho a consulta y la policía en la selvática localidad norteña de Bagua (http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93703), que costaron el 5 de junio de 2009 la vida a más de 30 personas de ambas partes.

Los dirigentes indígenas también señalan que el Estado debe considerar imprescindible el consentimiento o aceptación expresa de los pueblos indígenas antes de que se desarrollen acciones en sus territorios que puedan derivar en la vulneración de sus derechos fundamentales.

Además demandan que el Estado no exonere la consulta en el caso de que las comunidades ya hayan iniciado negociaciones con la empresa titular de la concesión. Para los dirigentes aborígenes, la consulta garantizaría un proceso más transparente.

Por otra parte, algunos líderes también aseguraron que "hay organizaciones indígenas de base" que no son convocadas a los talleres para debatir sobre el reglamento y que, por ello, estos deberían realizarse en más lugares. 

Hasta el momento se han desarrollado foros en Bagua, en las norteñas ciudades de Chiclayo e Iquitos y en las centrales Cusco y Pucallpa. Este lunes 6 concluyó el sexto taller en Huancayo, en la región centroandina de Junín, para luego cerrar con Lima.

En respuesta, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, dijo a IPS que son las mismas organizaciones indígenas que participan en la comisión multisectorial las que han definido en qué ciudad se deben desarrollar los talleres, además son las que convocan a los asistentes y definen la metodología de las reuniones. 

"Todo ha sido acordado con ellos. Es un sistema inédito porque antes era el Estado el que establecía cómo debían hacerse las cosas", defendió.

También precisó que, luego del encuentro en Lima, la comisión multisectorial dialogará con los dirigentes sobre posibles mejoras al reglamento. Se prevé que para fines de este mes el documento ya esté aprobado y también operativo el software con la base de datos de los pueblos indígenas que servirá como punto de partida para identificar cuáles deben ser consultados.

Lanegra confirmó a IPS que ya "está lista la información (en la base de datos) de las comunidades y su ubicación en el territorio".

"La base de datos va a tener un diseño abierto y se perfeccionará en interacción con los indígenas", indicó el funcionario, luego de indicar que se está habilitando el software para que cualquier ciudadano pueda acceder al sitio.

Más de seis millones de los 30 millones de peruanos se reconocen indígenas, distribuidos en 51 grupos étnicos, según datos de 2007 del Instituto Nacional de Estadísticas. Además, existen 1.786 comunidades nativas registradas y más de 6.000 campesinas.

La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y otras plantean que también sean consultadas las rondas campesinas y las comunidades que viven cerca de las cuencas hídricas, porque dependen del agua que suele ser afectada por las actividades extractivas. 

"Debe ser una obligación del gobierno consultarles", dijo a IPS el presidente de Conacami, Magdiel Carrión. Pero Lanegra alegó que ese derecho solo aplica para los pueblos indígenas según el Convenio 169, aunque sí se respeten otros derechos como el de la participación. 

La expectativa de las rondas campesinas sigue creciendo. Sus dirigentes en la región sureña de Puno, quienes se oponen a la construcción de la hidroeléctrica Inambari, exigen ser considerados.

El legislador oficialista Sergio Tejada pidió claridad en las demandas pues consideró que lo avanzado en la reglamentación ha sido importante. "No debe confundirse la consulta previa con otros mecanismos de participación que ya existen para pobladores que no son indígenas".

A su turno, el parlamentario del pueblo awajún Eduardo Nayap dijo a IPS que lo importante es que el diálogo no se entrampe y que las críticas se concentren en mejorar el reglamento, antes que plantear cambios a la ley. 

"Si se ha luchado tanto por esto, lo que hay que hacer es avanzar. Ya hemos dado un buen paso", puntualizó.

Fuente:
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/2/61999




  • Viceministro Gabriel Quijandría diserta sobre los mecanismos de compensación por impactos ambientales en la Amazonía
  • Especialistas de Colombia, Ecuador y México compartirán las experiencias de sus países con el Perú

 

Iquitos, 06 de febrero de 2012.- El Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, participa hoy del Segundo Taller de “Metodologías para la planificación y la gestión de los impactos ambientales de proyectos de inversión en energía, transporte, minería y petróleo”, en el hotel Victoria Regia de Iquitos.

El Viceministro Quijandría expondrá sobre los instrumentos de gestión ambiental y compensación por impactos ambientales en este taller que tiene como objetivo presentar los últimos avances tecnológicos en procedimientos para evitar, mitigar o compensar los impactos sobre la biodiversidad de la inversión pública y privada. Cabe recordar que sobre este tema el MINAM ejecuta la segunda etapa del Programa de Gestión Ambiental y Social para mitigar los Impactos Indirectos en el Corredor Vial Interoceánico Sur-II Etapa (PGAS CVIS 2), que transcurre por Puno, Cusco y Madre de Dios.

Participan de este taller en Iquitos representantes de las instituciones públicas y privadas involucradas en las propuestas de inversión en la Amazonía. Además del Ministerio del Ambiente, por el Ejecutivo estarán presentes funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, Transportes, Cultura, Agricultura, Economía y de la Presidencia del Consejo de Ministros.

También han sido invitados especialistas de Colombia, Ecuador y México para compartir las experiencias en sus países sobre el tema. El representante de México, por ejemplo, hablará de la tecnología que se usa en su país para cuantificar la deforestación a largo plazo, provocada por la construcción de carreteras y caminos.

Todos los especialistas presentarán alternativas metodológicas a los representantes de los gobiernos regionales de la Amazonía  para evitar los impactos ambientales de los proyectos de inversión en áreas de alto valor ecológico y gran fragilidad. Así, se seleccionará una experiencia piloto para aplicar estos métodos en la Amazonía peruana.

Cabe destacar que en el 2011 se realizó en Lima, el primer taller en el que se expusieron diversas herramientas para manejar los impactos en la biodiversidad. En esa ocasión se presentó la experiencia de Brasil basada en la conservación del paisaje como requisito para la implementación de proyectos, la metodología mexicana para cuantificar la deforestación inducida por la construcción de caminos y carreteras, y el enfoque de “Desarrollo por Diseño”, que contempla la jerarquía de mitigación y el esquema de compensaciones, aplicado en Ecuador, Venezuela y Colombia.

Este taller es organizado por el Ministerio del Ambiente, el Banco Mundial, The Nature Conservancy y el Consejo Interregional Amazónico, CIAM.

 

Fuente:
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:expertos-evaluan-como-minimizar-impactos-a-la-biodiversidad-en-proyectos-de-inversion-publica-y-privada-en-la-amazonia&catid=1:noticias&Itemid=21




Servindi, 2 de febrero, 2012.- Las comunidades awajún del distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, región Loreto, rechazaron la presencia de la petrolera española Repsol que pretende explotar el Lote 109 en sus territorios.

Asimismo acusaron al consejero regional Wagner Musolini Acho de traicionarlos por ser el principal promotor para que la empresa petrolera entre a operar en el referido lote petrolero.

El Lote 109 se localiza entre las cuencas de Santiago y Huallaga, y abarca el territorio de veintitrés comunidades awajún de los ríos Potro, Apaga y Cahuapanas.

Los pobladores awajún denuncian que desde el año 2002 la empresa Repsol viene tratando de convencernos con regalos para que los indígenas permitan el ingreso de la petrolera.

“Mayoritariamente se le dijo que no pero ellos tratan de dividirnos y hacernos pelear entre nosotros” expresó el profesor Pepe Shuc Coja, presidente de la Federación Nativa Awajún del Río Apaga (FENARA).

“Nosotros lo apoyamos (a Wagner Musolini) porque nos prometió apoyarnos en la defensa de nuestro territorio y ahora viene como facilitador de la empresa petrolera, amenazándonos que no nos dará nada de apoyo si no aceptamos la entrada de la Repsol”, precisó el dirigente awajún.

Repsol en el lote 109

En diciembre del 2005, Repsol YPF suscribió el Contrato de Exploración y Explotación del Bloque 109 con el Estado peruano a través del DS Nº 053?2005?EM.

En el 2007, Repsol Exploración del Perú, Sucursal del Perú inició el estudio geológico o de subsuelo 134, con la finalidad de realizar un programa mínimo de trabajo para perforar tres pozos exploratorios.

La inversión estimada para realizar el programa mínimo en el lote 109 era en ese momento de U$ 40 millones de dólares.

Hace unos días, la Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) informó su asociación con Repsol para explorar el lote 109.

“Ecopetrol del Perú S.A. y Repsol Exploración del Perú, Sucursal del Perú llegaron a un acuerdo mediante el cual Ecopetrol del Perú S.A. adquirirá una participación del 30 % en el Lote 109, ubicado en la selva amazónica de ese país”, informó Ecopetrol.

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/58449




Juliaca. 
Los representantes de las rondas campesinas de la provincia de Carabaya mostraron ayer su total rechazo a tres artículos de la Ley de Consulta Previa, pidiendo su modificatoria. Los dirigentes de los ronderos y el alcalde de Macusani, Ronald Gutiérrez, llegaron hasta las ciudades de Juliaca y Puno, para expresar el descontento que existe en contra de los artículos 5, 6 y 7 de la referida ley. “La población rechaza dos o tres artículos de la ley, que no permiten que se consulte a toda la población de Carabaya, sino solamente a las poblaciones originarias y nativas. Nosotros queremos que se consulte a toda la provincia y la región de Puno. Esta consulta nos va a permitir decir no al proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, que sigue pendiente”. sostuvo el burgomaestre.
 
Mientras que el presidente de Defensa por los Interés del Inambari, Hernán Vilca Sonco y los representes de las rondas campesinas, dijeron que de no modificarse los tres artículos de la Ley, los pobladores de Carabaya volverían a protestar en contra del gobierno de Ollanta Humala.
 
DATO
 
En junio del año pasado, miles de pobladores de la provincia de Carabaya llegaron hasta la ciudad de Juliaca para protestar en contra de la construcción del megaproyecto de hidroeléctrica de Inambari. Esa fecha el gobierno dialogó con los manifestantes.

Fuente:
http://www.larepublica.pe/01-02-2012/rechazan-articulos-de-ley-de-consulta-previa




Servindi, 31 de enero, 2012.- Las aguas de la quebrada Zataña en el río Tamaya, no deben ser consumidas porque están contaminadas, alertaron por radio pobladores de la comunidad Nueva California, distrito Masisea, en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. La razón es de Perogrullo: aguas residuales debido a los trabajos de perforación de un pozo de petróleo en el lote 126 por la canadiense Petro Minerales.

Miembros de la Asociación de Comunidades Nativas de Asháninkas-Ashéninkas de Masisea y Callería (Aconamac) informaron que la petrolera trabaja a un kilómetro de distancia de la comunidad y que ha vaciado residuos tóxicos en las aguas de la quebrada cuyo río es afluente del Ucayali.

A lo largo del Tamaya existen varias comunidades a las cuales se les ha pedido que no beban el agua hasta que las autoridades correspondientes efectúen análisis para descartar posibles peligros a la salud.

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/58362#more-58362




Por: 
Ruth Ccopari

Tras la realización del Encuentro Informativo Macro Regional Sur, en Cusco, sobre la propuesta de reglamento para la aplicación de la Ley de Consulta Previa, los dirigentes aymaras de Puno continúan con su rechazo a dicha iniciativa. Entre las razones expuestas figura la insistencia de que el Estado será quien tenga la última palabra, pues tendrá la potestad de señalar la aprobación o no de las inversiones privadas, fundamentalmente mineras y energéticas.

El evento fue convocado por organizaciones indígenas de alcance nacional, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Unidad de las Comunidades Andinas, Amazónicas y Campesinas (CNA), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería  (CONACAMI).

Sin embargo fueron duramente cuestionadas por la población, dirigentes y organizaciones aymaras ya que no se les incluyó en la elaboración e implementación de dicha ley, hecho que provocó un intenso debate en los medios de comunicación, entre líderes de opinión y dirigentes.

Voces de rechazo

“Deben ser las comunidades indígenas quienes directamente opinen sobre la propuesta de reglamento y no las organizaciones nacionales”, dijo Patricio Illacutipa, ex dirigente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de la Región.

Agregó: “Nuestra posición ha generado impacto, casi todas las demás regiones han concordado con nuestra propuesta, hubo también gente que fue traída por las organizaciones nacionales y ellos dijeron que la ley debía ser modificada. Nuestro rechazo es porque no puede ser que el  Estado sea la última instancia en rechazar o aceptar las inversiones extractivas. Asimismo, queremos una nueva Constitución Política, para ello vamos a adquirir planillones para la recolección de firmas”.

El dirigente del Comité de Lucha de la Zona Sur de Puno, José Choquehuanca, dijo: “Nosotros hemos venido por nuestra propia cuenta y no hemos sido traídos con medios económicos de las organizaciones nacionales como la mayoría de los que están aquí”. Luego indicó que la Ley de Consulta Previa ha salido a espaldas de los pueblos indígenas, porque no se les ha informado y tampoco consultado. Han sido las regiones de Puno, Cusco, Tacna, Moquegua y Arequipa, las que hemos señalado la derogación de la ley, las demás regiones, valga decir la mayoría han planteado una modificación de esa ley”, expresó.

Aymaras se dividen

El presidente de la Unión de Comunidades Aymaras (UNCA), Mauro Cruz Layme, indicó: “El UNCA ha elaborado una propuesta de reglamento y hemos convocado al Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de la Región, para analizar este tema, pero no hemos logrado reunirnos”, expresó.

Señaló que al evento fueron con su propuesta y los demás con la suya, por ello no hubo consenso y hubo intercambio de palabras. “Durante el evento se acordó que cada región se organice, en el caso de Puno, era notoria lo división. Hemos debatido, no hubo entendimiento. La posición del Frente de Defensa era el rechazo rotundo a la ley, pero el otro grupo (CCP y CNA) decía que sí, entonces hemos dado una mala imagen. El UNCA independientemente ha dicho que no. Por tanto, no hemos firmado ningún documento”, añadió criticando a los cinco miembros que conforman la comisión encargada de elaborar el reglamento, por no defender los intereses de las poblaciones originarias.

CONACAMI responde

Magdiel Carrión Pintado, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), señaló: “El Perú es diverso, si los hermanos aymaras rechazan la ley de Consulta Previa está bien, pero no pueden imponernos su posición; hemos visto que la mayoría de departamentos del sur, opinaron por la modificación de la norma y los hermanos aymaras fueron minoritarios, no pueden pretender que todo el país piense como ellos. Esta es una ley nacional y nosotros tenemos que ver la mejor salida. Nunca los hemos desconocido y por el contrario, cuando estuvieron el Lima los apoyamos”. Carrión Pintado dijo, finalmente, que han pedido a la comisión multisectorial que se incluya al UNCA y a los frentes en todo este proceso.

Datos:

Los días 8, 9, 10 y 11 de febrero la población aymara participará en la marcha por el agua en la ciudad de Lima.

Las regiones en contra de la Ley de Consulta Previa han acordado desarrollar un encuentro macro regional del sur en el departamento de Puno, el 12 de marzo, a fin de evaluar la ley y su reglamentación.

Fuente:
http://www.noticiasser.pe/25/01/2012/puno/aymaras-rechazan-reglamento-y-piden-derogar-ley-de-consulta-previa




Lima, feb. 03 (ANDINA). Representantes de pueblos indígenas de Amazonas, Cajamarca y San Martín evaluaron en la ciudad amazonense de Bagua el borrador del reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (Ley Nº 29785), informó hoy el Ministerio de Cultura.

 

El taller macrorregional, realizado los días 27 y 28 de enero, contó con la asistencia de más de 300 personas, entre delegados y líderes de las comunidades indígenas de los referidos departamentos.

Fue convocado por las seis organizaciones indígenas de alcance nacional de la comisión multisectorial encargada de elaborar la propuesta de reglamento: Asociación Interétnica de desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap).

Además, la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

También estuvo presente el congresista Eduardo Nayap, así como el jefe de la Unidad Ejecutora 004: Indepa, Gustavo Zambrano, quien resaltó el valor simbólico de proseguir el proceso de reglamentación en Amazonas y, en particular, en Bagua, como parte de los pasos para construir una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas.

Líderes indígenas del pueblo awajún tuvieron una activa participación en aras de aportar al proceso de reglamentación de la ley que establece el derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los próximos talleres se llevarán a cabo en las ciudades de Huancayo (5 y 6 de febrero) y Lima (del 13 al 15 de febrero).

Fuente:
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-nativos-amazonas-cajamarca-y-san-martin-evaluaron-borrador-ley-consulta-previa-398242.aspx