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Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA)

advirtió ante el retroceso en la implementación de la Ley de Consulta Previa que de no incluirse a las comunidades andinas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas sería una burla para la población.

"Parece que no existe un compromiso de parte del Gobierno y solo se está apuntando a incluir a algunas comunidades nativas y no a las campesinas andinas. Ahora, no se quiere sacar la base de datos  cuando esto debía salir", afirmó.

Por su parte, el ministro de Cultura Luis Peirano afirmó ayer a un medio periodístico que no existe un retroceso en la implementación de la Ley de Consulta Previa y que estas se realizarán si el caso amerita no siendo un requisito indispensable publicar la base de datos de pueblos indígenas.

No obstante, dijo que es un tema bastante difícil y que los especialistas convocados por su sector coinciden en que si tomamos como referencia lo “indígena” tendríamos que consultar al 70% del país.

Previamente, la Comisión de Pueblos Andinos y Amazonicos acordó citar al primer ministro Juan Jiménez para que informe sobre la implementación de este mecanismo. Trascendió que este se presentaría en dos semanas para responder sobre los criterios usados para elaborar la relación de comunidades indígenas. También sería invitado el defensor del Pueblo, Eduardo Vega para tener su opinión.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso García Miró, comentó que existen muchos "problemas en la interpretación y aplicación  de la Consulta Previa" pero espera que como "en otros países desarrollados se logren acuerdos duraderos" luego de un diálogo entre los sectores empresariales y las comunidades nativas.

Cabe recordar que en el 2011 cuando se promulgó la Ley de Consulta Previa en la comunidad de Imasita, Bagua, el presidente Ollanta Humala Tasso destacó que esta norma era un "signo de inclusión social".

Fuente: La República

Fuente:
http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17742



Tras el anuncio del ministro de Cultura, Luis Peirano, de no dar a conocer la base de datos de pueblos indígenas, la decisión de qué pueblos serán consultados y qué pueblos no, será política y no técnica. Así lo señalaron diversos especialistas, que consideran la decisión del Ejecutivo como un retroceso para el proceso de consulta que tomó tiempo y esfuerzo sacar adelante.

El ministro explicó que no publicar la base no significa que alguna comunidad será discriminada del proceso. “La consulta se hará de acuerdo a las necesidades de inversión: si hay un proyecto y hay una comunidad indígena afectada, se hará una consulta”. Esta explicación, sin embargo, no satisfizo a muchos.

Margarita Benavides, antropóloga del Instituto del Bien Común (IBC), ve esta decisión como un cambio de posición del Estado. “Esta es una decisión evidentemente política. El Estado está evadiendo su responsabilidad de tomar la iniciativa en este proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora la iniciativa en el proceso de consulta recae en las comunidades”, señala.

A Benavides le preocupa que queden comunidades que no cuenten con la suficiente información para participar de forma adecuada en el proceso de consulta.

Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal y especialista en el área de consulta previa, también considera que este giro en el Ministerio de Cultura obedece a criterios políticos y no jurídicos, y señala que esto es un error. “La aplicación de la consulta es obligatoria para el Estado, no es opcional”, señala.

Ruiz señala que esta decisión obedece al endurecimiento del discurso del Gobierno sobre el tema.

“Antes se hablaba de la consulta como un derecho, como un proceso de diálogo. Hace poco se empezó a hablar de que la consulta entorpece los procesos de inversión. Si sumamos las declaraciones del presidente Humala, diciendo que las comunidades campesinas no serían consultadas, más la renuncia del viceministro Lanegra, más esta decisión de no publicar la base de datos, vemos de forma clara el giro”, explica.

Sin embargo, comunidades campesinas como las de Cañaris, en Lambayeque, podrán presentar una solicitud para participar en el proceso de consulta previa. El Ejecutivo había evitado pronunciarse sobre la posibilidad de una consulta en Cañaris a raíz del proyecto minero Cañariaco, el cual presenta el rechazo de gran parte de la población.

“En los próximos días, nuestros asesores indígenas y la asamblea comunal se pronunciarán sobre la consulta previa. Pero podemos adelantar que haremos respetar nuestra condición de comunidades indígenas, pues hemos recibido esta condición desde 1789”, dijo el presidente de la comunidad campesina San Juan Bautista de Cañaris, Florentino Barrios.

Fuente: El Comercio

Fuente:
http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17746



Santiago Manuin, líder awajún

advirtió que las comunidades indígenas de la zona de Condorcanqui (Amazonas) no están dispuestas a aceptar que la empresa petrolera Maurel et Prom inicie la etapa de exploración en el lote 161 porque aseguran que no han sido consultadas previamente.

“Maurel et Prom está presente desde el 2010. Desde ese punto le hemos sugerido que converse con los alcaldes y las organizaciones, lo cual no ha hecho. Nosotros estamos basando nuestro reclamo en la Consulta Previa que no se ha implementado”, señaló.

Relató que la empresa de capital francés podría iniciar la etapa de exploración porque la comunidad de Kashap ha aceptado que use parte de su terreno para establecer un pozo de territorio. Sin embargo, son 179 las comunidades que están en contra de esta decisión, por lo que exigen que se lleve a cabo la Consulta inmediatamente ya que ellos también serían afectados directa e indirectamente.

“(Kashap) cree que el beneficio económico les va a tocar mucho a ellos”, aseguró el líder indígena.

Dijo que las 179 comunidades awajún y wampis están agotando todos los medios legales ante el Ministerio de Energía y Minas y a la Presidencia del Consejo de Ministros, para exigir la implementación de la Consulta Previa.

También advirtió que si las autoridades no les hacen caso, ellos desalojarán a la empresa “cueste lo que cueste”.

Fuente: SPDA

Fuente:
http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17744



 El reglamento de la Ley de Consulta Previa, publicado en abril del año pasado, consideraba la elaboración de la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas del Perú, la que debía ser de acceso público y serviría para la identificación de pueblos indígenas. Sin embargo, este registro ya no será publicado, anunció el Ministro de Cultura, Luis Peirano.

"No se publicará ninguna  base de datos porque puede crear confusión, expectativas innecesarias, problemas de todo tipo. Tenemos obviamente una base de datos, pero la política del ministerio es trabajar a partir de pedidos. Cuando una comunidad de alguna manera se ve afectada por un proyecto de inversión puede pedir el derecho a ser reconocida", dijo.

Consultado sobre si esta decisión respondía al anuncio del premier Juan Jimenéz en el sentido de que se iban “destrabar” 14 proyectos mineros en fase de exploración debido a la Consulta Previa, Peirano señaló que esos casos específicos  se iban a estudiar porque la idea del gobierno y el Ejecutivo es la de no poner obstáculos e impedimentos a la inversión.

Reconoció, no obstante, que no hacer pública la Base de Datos generaría reclamos y desconfianza, sobre todo en las comunidades campesinas quechuas, cuya inclusión en el registro había generado un debate en el interior del gobierno por el problema que generarían para algunos proyectos mineros asentados en sus territorios.

"Ese es el problema efectivamente. Lo que queremos evitar es que haya una suerte de pensar que se va a hacer Consulta Previa todos a la vez. Se hará en función de las necesidades de inversión, cuando hay un proyecto de inversión  se hace una Consulta Previa siempre y cuando haya una comunidad (indígena)", precisó.

Aseguró que no había discriminación a las comunidades campesinas quechuas, pero que había criterios para identificar a los pueblos indígenas.

Admitió también que la renuncia del viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra fue por diferencias con la Base de Datos. 

"Él se cansó. Esa es la verdad. Él ha visto que hay un nivel de diferencia. Y por razones personales presentó su renuncia", dijo Peirano, quien evitó precisar si la diferencia radicaba en la exclusión de las comunidades campesinas andinas del registro.

Lanegra no ha ofrecido detalles de su renuncia, pero en su última presentación en el Congreso señaló que  la publicación de la Base de Datos  se había retrasado por la impugnación presentada contra esta lista   de una comunidad cusqueña.

Lamentan anuncio

La legisladora Verónika Mendoza, presidenta del grupo de trabajo sobre seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta Previa, dijo que el anuncio de Peirano  no hace sino generar mayor desconfianza en los pueblos indígenas. Además, cuestionó que  ahora el reconocimiento de una comunidad como pueblo indígena se realizará a pedido de parte.

"Esto deja abierta la posibilidad de que un sector por desconocimiento o falta de voluntad política no implemente la Consulta Previa como debe ser. Además un derecho no puede estar sujeto al que el ciudadano o el pueblo lo exija, sino que el Estado tiene que garantizar su aplicación y su respeto", expresó.

Según la congresista, la negativa del Ejecutivo en publicar la Base de Datos tiene que ver con una resistencia a reconocer a algunas comunidades campesinas como pueblos indígenas cuando corresponde.

Por su parte, Hugo Che Piu, director de la ONG DAR, sostuvo que un pueblo indígena deja de serlo por no estar incluido en la Base de Datos, sino que su identificación  se da porque cumple las condiciones que recoge el Convenio 169 que establece la Consulta Previa. 

Señaló que es una visión equivocada considerar la Consulta Previa como una restricción a la inversión cuando es todo lo contrario,  pues cumplir con un derecho fortalece a las inversiones. 

"Se sigue manteniendo la duda y es un pésimo mensaje al mundo cuando el Perú es centro de atención por el tema de Consulta Previa", refirió.

Registro de acceso público 

"La Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones al que hace referencia la ley constituye un instrumento de acceso público y gratuito que sirve para el proceso de identificación de los pueblos indígenas. No tiene carácter constitutivo de derechos", precisa el reglamento de Consulta Previa en su 

artículo 29.

 

Fuente: La República

Fuente:
http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17728



Las consultas previas sobre el desarrollo de proyectos extractivos y energéticos se harán dependiendo de cada caso específico y de si existe una comunidad nativa que podría ser afectada, precisó el ministro de Cultura, Luis Peirano. 

“Lo que queremos evitar es que se piense que se van a hacer consultas todas a la vez”, declaró a la prensa el funcionario, luego de presentarse ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.

En tal sentido, precisó que “cuando haya un proyecto de inversión se hace una consulta previa, siempre y cuando haya una comunidad” que pueda verse afectada. “Hay criterios para eso que están en la Guía Metodológica” elaborada para estos casos, recordó.

Consultado respecto de la elaboración de un registro de comunidades nativas a las que tendría que consultárseles respecto a este tipo de proyectos, el ministro indicó que esta base de datos “es un instrumento que permite ordenar y hacer un mapa”. 

Sin embargo, añadió que en la medida en que este podría generar una expectativa falsa, entonces podría ser más un "problema" que en una solución. Peirano indicó que tras la renuncia de Iván Lanegra al Viceministerio de Interculturalidad, instancia que coordina las consulta previas con los demás sectores implicados, “estamos haciendo una reorganización” de dicho despacho.

Pese a ello, negó la posibilidad de que haya retrasos en la realización de las consultas proyectadas. Sobre las afirmaciones del presidente del Consejo de Ministros referidas a “destrabar” catorce proyectos de inversión susceptibles a ser sometidos a este tipo de consulta, indicó que ello se va a estudiar.

“La idea del Ejecutivo es no ponerle obstáculos e impedimentos a la inversión pero obviamente es importante también evitar cualquier tipo de conflictos y para evitar eso existe la consulta previa", anotó.

Peirano enfatizó, en tal sentido, que Perú es el país que más ha avanzado en el mundo en la implementación de este mecanismo, poniéndose como ejemplo internacional sobre el tema.

El ministro de Cultura acudió a la Comisión de Presupuesto del Congreso para informar sobre los avances en la ejecución presupuestal de su sector en lo que va del año.   

Fuente:
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-consultas-previas-a-comunidades-nativas-se-haran-dependiendo-cada-caso-especifico-458639.aspx



Entre el 29 de abril y el 1 de mayo se realizó un encuentro entre los pueblos indígenas, empresarios y representantes del Estado. Se abordó el tema minero y petrolero.

Durante 72 horas, en la lejana localidad de Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), más de 53 líderes indígenas y 19 empresarios se reunieron en busca de derribar fronteras.

También estuvieron presentes algunos representantes del Estado en el foro “Propuestas inclusivas de desarrollo para la zona de Bagua y Condorcanqui: Negocios con comunidades nativas”, organizado por la Asociación Tendiendo Puentes.

Miguel Ferré, presidente de la asociación, señala que el objetivo central del encuentro fue generar confianza entre el Estado, las comunidades indígenas y los empresarios.

Ferré y profesor del PAD de la Universidad de Piura, también fue parte del equipo de viajeros. Bajo el sofocante sol de Amazonas, refiere que una vez que se logre la confianza entre los involucrados, el siguiente paso es generar propuestas de desarrollo social y económico.

“El respeto y la confianza son la clave para que se pueda caminar; seguramente se han dejado pasar oportunidades de negocio porque no había claridad”.

El primer día del encuentro una de las principales recomendaciones que realizó Ferré fue el hablar de forma directa. “Digámonos las cosas a la cara, aquí no debe haber rumores ni chismes”.

Y así parece haber sucedido. Empresarios y representantes de las comunidades expresaron sus posiciones en temas en los que existe mayor coincidencia como el desarrollo de actividades agrícolas y en algunos más polémicos como es el caso de las actividades extractivas.

Fue evidente la tensión inicial que surgió en el encuentro al abordar asuntos del sector minero y petrolero. Sin embargo, para los organizadores del foro la idea es tratar y enfrentar los puntos más difíciles, pues así se despejarán las dudas de todas las partes.

“Las comunidades nativas son parte de la solución de sus propios problemas y de los problemas del país”, asevera el presidente de Tendiendo Puentes, y les recomienda a las comunidades que arriesguen más, tras señalar algo que se ha hecho evidente en los últimos años, que ellas tienen el poder, pues tienen la capacidad de parar cualquier proyecto.

“Nuestra filosofía es que todos los actores que son las comunidades y las empresas deben ganar en esa operación conjunta”, indica Ferré.

Para Tendiendo Puentes, ya está más que claro que los pueblos nativos quieren participar de manera directa de los beneficios de los proyectos económicos en sus zonas, pues los impuestos y el canon no los benefician de manera directa y sienten que no están representados en la estructura política del Estado.

Ahora ya plantean también su participación como socios de los proyectos.

Fuente: Gestión

Fuente:
http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17686



Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Quechua del Pastaza (Fediquep), y Froilán Pizango, vicepresidente de la Federación de Comunidades del Alto Tigre (Feconat), llegaron a Lima en representación de las comunidades afectadas por la contaminación petrolera en los alrededores del lote 1 AB, en Loreto.

Los apus se reunieron el martes con representantes del Ejecutivo para conversar sobre la situación de las poblaciones que viven en la cuenca del río Corrientes.

En el encuentro estuvo el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Juan Jiménez, a quien los apus pidieron que se remedien los pasivos ambientales en la zona antes de pensar en aplicar la consulta previa. También asistió el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.

Se supo que durante la reunión Jiménez reconoció el abandono en el que estas comunidades han vivido y se disculpó con los apus en nombre del gobierno por los daños causados por la actividad petrolera en más de 40 años de explotación en sus cuencas.

Los apus reclamaron porque no se ha reunido a las asociaciones para informarles sobre las acciones que se toman tras la declaración de emergencia del río Pastaza.

Fuente: El Comercio

Fuente:
http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17657



Aurelio Chino Dahua, Apu del pueblo de Pastaza

informó que dirigentes de las comunidades nativas de Loreto advirtieron al Gobierno que si las nuevas inversiones petroleras no muestran un plan de remediación ambiental, entonces no permitirán la aplicación de la Ley de Consulta Previa.

Dijo que los nativos no pueden olvidar los más de 40 años de contaminación a causa de la explotación petrolera.

Señaló que no habrá consulta previa para la explotación del lote 192, si antes no les garantizan un respeto ambiental a su hábitat.

“El Estado quiere que dialoguemos, que se aplique la consulta previa, pero cómo le vamos a decir que vengan, si sabemos el grado de contaminación ambiental que existe. Nosotros estamos condenados a no vivir muchos años”, refirió.

Mientras tanto, la congresista Marisol Pérez Tello comentó que los nativos “solo quieren respeto, que el Estado les otorgue una buena educación y salud”.

Debe saberse que para la consulta sobre la explotación petrolera en el lote 192, hay 18 comunidades nativas que participarán.

Además, tanto la OEFA como el ANA, Digesa y el Osinergmin trabajan en la zona para determinar los niveles de contaminación en la cuenca del río Corrientes.

Fuente: Gestión

Fuente:
http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17644



Entrevista a Eduardo Vega Luna, abogado y defensor del Pueblo

Defiende el derecho de todos los pueblos indígenas a ser consultados, tanto andinos, amazónicos, como de la costa. Descarta que la consulta previa sea un obstáculo para la inversión, y precisa que más bien es un mecanismo de inclusión en el crecimiento del país.

Acaba de renunciar el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, al parecer porque el gobierno no quiere incluir a las comunidades campesinas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas. ¿Qué opina la Defensoría?

Es una renuncia lamentable, que refleja las discrepancias en el interior del Ejecutivo, en relación con que si se debe consultar a los pueblos indígenas de la zona andina o no. Según la Defensoría del Pueblo, y entiendo que eso sostenía el viceministro, sí debe consultarse a las comunidades campesinas.

Es más, en la guía metodológica publicada hace unas semanas se habla expresamente de cuatro pueblos indígenas en la zona andina: los jacaros, los uros, los quechuas y los aymaras. Sería un retroceso señalar que en la zona andina no hay pueblos indígenas.

¿Cañaris es uno de ellos?

Cañaris es un pueblo indígena y debe ser consultado como tal.

Pero el Ministerio de Energía y Minas habla de no incluir a las comunidades campesinas...

El Ministerio de Energía y Minas está en un error que finalmente es una ilegalidad y está vulnerando el derecho de los pueblos indígenas en la zona andina. Desconocer sus características es desconocer nuestra historia. Esta pregunta nace a raíz de los proyectos de inversión. El ministerio cae en un error al ver un obstáculo en el proceso de consulta.

¿Qué traerá la consulta previa?

Más bien, lo que permitirá es bajar el nivel de conflictividad social y hacer efectiva la inclusión social de los pueblos indígenas. Al desnaturalizar el concepto de pueblos indígenas se estaría dejando de lado la inclusión social, que el gobierno señala como uno de sus principales objetivos.

Un sector vincula la reducción de la inversión privada a la consulta previa...

Atribuirle a la consulta los problemas de inversión es un error porque hasta ahora no hemos implementado ninguna. Hay dos en fases iniciales, como el Lote 192, y el del Proyecto de Angostura, pero todavía no se han hecho.

El ministro de Energía, Jorge Merino, dijo hace unos días que quieren "destrabar" las inversiones...

Es una premisa falsa decir que la consulta previa es obstáculo para la inversión. La razón de ser de la consulta no es obstaculizar la inversión, sino promover que los pueblos indígenas se vean incluidos en estos procesos de inversión.

Este gobierno comenzó promulgando la Ley de Consulta Previa, pero hace diez días el presidente Humala dijo que la mayor parte de las comunidades del ande son agrarias. ¿Es un retroceso en sus promesas?

Creo que está mal asesorado, y eso viene del Ministerio de Energía y Minas. El Convenio 169 de la OIT y en la ley peruana está muy claras las características de un pueblo indígena: idioma, territorio, costumbres ancestrales, autoidentificación. En el censo del INEI del 2007 se reconoce que hay 4 millones de peruanos indígenas.

Merino anunció que 14 proyectos mineros serían exonerados temporalmente de la consulta previa. ¿No viola la ley?

Por supuesto. En marzo enviamos una comunicación al premier preguntándole cómo se implementarían los procesos de consulta en estos proyectos, en los que se ha identificado pueblos indígenas. Hasta ahora no ha respondido. Más bien el ministro de Energía ha dicho que allí no se va a aplicar consulta previa. Eso sería un grave error. Nosotros estamos evaluando qué medidas legales podemos implementar para exigir el cumplimiento de la ley

Se argumenta que no se puede hacer una consulta en Cañaris porque no hay base de datos...

Sí se puede, y el ejemplo concreto es el Lote 192, donde ya se empezó a identificar a los pueblos indígenas. Y más bien en los medios se maneja la versión de que sí existe una base de datos. y si es así, ¿por qué no se publica?

Por eso habría renunciado el señor Lanegra...

Parece que sí. Después del voto de los analfabetos, la consulta previa es quizá el hecho más importante de inclusión de la gente más pobre y de las zonas más alejadas del país. Los indígenas no se oponen a la inversión, sino quieren ver cómo se beneficiarán y participarán del crecimiento del país.

Fuente: La República

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http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17643



José Luis López Folligatti, coordinador del Grupo de Diálogo de Minería y Desarrollo Sostenible

señaló que actualmente el Estado ha mostrado avances en el tema de los acuerdos entre comunidades y empresas que realizan actividades extractivas.

Sin embargo, mencionó que la articulación y trabajo conjunto entre sectores como el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) lograría mejores acuerdos.

Dijo que en nuestro país “como nunca, a diferencia de gobierno de Toledo o García, en los conflictos -desatados o no- tú ves a un equipo múltiple del Minag, del ANA, del Minem, Minam y la PCM articulándolos. Ese modelo aún no es del todo eficaz, pero si fuera eficaz podríamos decir que por fin el Estado está atendiendo estos pueblos”.

Respecto a la Ley de Consulta Previa, afirmó que “la preocupación de las comunidades no es que las consideren pueblos indígenas”, sino, quieren ser tomadas en cuenta al momento de recibir beneficios cuando una inversión se da dentro o cerca de sus territorios.

El caso Conga fue un efecto traumático para muchas empresas que miran con recelo cuando se trata de nuevas inversiones cerca a comunidades. “Hay un miedo que ha movido al Gobierno, el miedo a que las inversiones no fluyan como hasta ahora, y es un miedo que tenemos todos como país”, indicó.

Si bien ve “como positivo el tema de la Consulta, porque hace más presente al Estado”, opina que se debe buscar la unificación de los procesos de Participación Ciudadana (contemplada en el Estudio de Impacto Ambiental) y Consulta Previa, lo cual daría, tanto a los pobladores como a las empresas, una mayor seguridad y aceleraría los procesos administrativos.

“Al hacer que sean un solo proceso se da seguridad, se pueden cumplir mejor los plazos y hasta las comunidades van a sentir una presencia estatal. ¿Por qué no intentar ese camino?”, dijo.

Fuente: SPDA

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http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17640