advirtió ante el retroceso en la implementación de la Ley de Consulta Previa que de no incluirse a las comunidades andinas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas sería una burla para la población.
"Parece que no existe un compromiso de parte del Gobierno y solo se está apuntando a incluir a algunas comunidades nativas y no a las campesinas andinas. Ahora, no se quiere sacar la base de datos cuando esto debía salir", afirmó.
Por su parte, el ministro de Cultura Luis Peirano afirmó ayer a un medio periodístico que no existe un retroceso en la implementación de la Ley de Consulta Previa y que estas se realizarán si el caso amerita no siendo un requisito indispensable publicar la base de datos de pueblos indígenas.
No obstante, dijo que es un tema bastante difícil y que los especialistas convocados por su sector coinciden en que si tomamos como referencia lo “indígena” tendríamos que consultar al 70% del país.
Previamente, la Comisión de Pueblos Andinos y Amazonicos acordó citar al primer ministro Juan Jiménez para que informe sobre la implementación de este mecanismo. Trascendió que este se presentaría en dos semanas para responder sobre los criterios usados para elaborar la relación de comunidades indígenas. También sería invitado el defensor del Pueblo, Eduardo Vega para tener su opinión.
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso García Miró, comentó que existen muchos "problemas en la interpretación y aplicación de la Consulta Previa" pero espera que como "en otros países desarrollados se logren acuerdos duraderos" luego de un diálogo entre los sectores empresariales y las comunidades nativas.
Cabe recordar que en el 2011 cuando se promulgó la Ley de Consulta Previa en la comunidad de Imasita, Bagua, el presidente Ollanta Humala Tasso destacó que esta norma era un "signo de inclusión social".