El reglamento de la Ley 28975, de Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, estará implementado el 10 de enero de 2012, anunció el martes 8 el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra Quispe.

El anuncio fue hecho durante la exposición que sobre el plan de trabajo, programas y proyectos del Ministerio de Cultura, hizo en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside el congresista Antonio Medina Ortiz (GPF).

El funcionario explicó que el reglamento será elaborada por una comisión multisectorial del Poder Ejecutivo con la participación de integrantes de la referida Comisión y representantes de las organizaciones indígenas de alcance nacional, de organizaciones del sector privado y académico y de la sociedad civil, etcétera.

Iván Lanegra adelantó que el reglamento incidirá en la necesidad de lograr que los acuerdos que motiven la aplicación de la ley sean tomados por consenso, evitando que una mayoría se imponga sobre la minoría.

Dijo también que la puesta en marcha de la ley obligará a modificar normas reglamentarias específicas de diversos ministerios, de los gobiernos regionales y locales y del propio Reglamento del Congreso de la República, entre otros.

Al referirse a las tareas prioritarias de su sector el viceministro de Interculturalidad precisó que ellas son la implementación de la Ley de Consulta; el diseño y puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Política Indígena; atención a la situación de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial, y la institucionalización de la agenda de los afrodescendientes.

En la oportunidad se trató también sobre la reinstitucionalización del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), que fuera fusionado por absorción al viceministerio de Interculturalidad, mediante dos decretos supremos emitidos por el anterior gobierno en diciembre de 2010, normas que fueron consideradas negativas por Iván Lanegra.

Esa decisión fue criticada también por los dirigentes Édgar Ramos y César Sarasara, representantes del Frente Nacional de Pueblos Andinos, quienes demandaron la restitución de ese organismo encargado de proteger los derechos de los pueblos indígenas, lo que ahora se sienten desprotegidos, según dijeron.

Los dirigentes explicaron que los 6 millones 550 mil habitantes, agrupados en 8,170 comunidades andinas (5 millones 800 mil personas), amazónicas (700 mil) y afroperuanas (50 mil) se encuentran excluidos del sistema financiero, y demandan, además, la constitución de un fondo de desarrollo para integrar y llevar el desarrollo a esos sectores de nuestra población.

El INDEPA funciona actualmente como una unidad ejecutora del viceministerio de Interculturalidad y su reinstitucionalización a su estado anterior, demanda de una ley que deje sin efecto los referidos decretos supremos.

En la cita participó también Gustavo Zambrano Sánchez, jefe del INDEPA. 



Grupos de trabajo

En la sesión, la congresista Verónika Mendoza Frisch (NGP) sustentó el proyecto de ley por el cual se propone transferir las funciones en materia ambiental de las entidades de gobierno nacional al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio de Ambiente.

El dictamen está orientado a establecer como funciones de la OEFA la evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental, lo que permitirá el funcionamiento del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) a fin de hacer cumplir la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales y jurídicas.

Por último, la Comisión aprobó por unanimidad el cuadro con los integrantes de los cinco grupos de trabajo constituidos para analizar diversos problemas sectoriales, los mismos que tendrán cuatro meses de plazo para emitir sus respectivos informes finales.

El primer grupo de trabajo sobre el reglamento e implementación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa, está integrado por los congresistas Mendoza Frish y Claudia Coari (NGP). 

El GT de seguimiento de los convenios internacionales suscritos por el Estado concernientes a las materias de competencia de la Comisión, por Karla Schaefer (GPF) y Mesías Guevara (AP); el del caso de la reserva indígena Kugapakori, Nahua y Nanti, por Mendoza Frish y Federico Pariona (GPF).

El GT del caso ‘Situación indígena de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón’, por los legisladores Mendoza Frish, Leonardo Inga y Marisol Pérez Tello (APGC); y el GT del caso ‘Parque Nacional Ichigkat Muja’ por Mendoza Frish y Eduardo Nayap Kinin (NGP).

Fuente:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/717dafba922ed31f05257942007a8feb/?OpenDocument




Servindi, 24 de octubre, 2011.- Un llamado de alerta hizo la exjefa del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa)      sobre posibles presiones al interior del Estado por empresarios de Pluspetrol para que se permita realizar trabajos de ampliación de exploración en el lote 88 superpuesto a la reserva territorial Kugapakori Nahua Nanti.

Para Raquel Yrigoyen Fajardo actuar con firmeza en este tema habría sido el detonante por el cual se precipitó su salida.

Un día antes de que se publique la norma de su reemplazo, su anuncio ante la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso escarapeló la piel de la transnacional: ella anularía una irregular opinión a favor de un estudio de impacto ambiental (EIA) de Pluspetrol otorgada por el exfuncionario del Indepa Luis Lacerna Alvarado.

Este hecho derivó en que la empresa difundiese que el Indepa estaba obstaculizando las inversiones al no otorgar los permisos respectivos para operar en dicha reserva.

Al parecer, Pluspetrol habría iniciado un lobby al interior del gobierno central con el fin de censurar la decisión que tomó la exjefa del Indepa en contra de sus intereses.

Para Yrigoyen Fajardo otro aspecto que apoyaría esta hipótesis es que la Resolución Jefatural 027 que declara la nulidad del oficio emitido Luis Lacerna ha sido retirada de la página web de la entidad.

La resolución además retrotrae el procedimiento hasta la etapa de la elaboración de la opinión técnica relacionada con el componente social del EIA para su posterior remisión y aprobación por el Ministerio de Cultura.

En la reserva Kugapakori Nahua Nanti existen diversas comunidades y pueblos que habitan este territorio, muchos de los cuales son indígenas en aislamiento voluntario sin contacto con el resto de la población.

De otro lado, Raquel Yrigoyen también se refirió sobre la institucionalidad indígena y la situación del Indepa.

Aun cuando en la actualidad está relegado a unidad ejecutora debería constituirse en un organismo técnico especializado y ser órgano rector de las políticas públicas en esta materia con carácter multisectorial y con consejo directivo colegiado, tal como lo han pedido los pueblos indígenas, agregó.

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/53626




La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside el congresista Antonio Medina Ortiz (GPF), aprobó por unanimidad un proyecto de ley por el cual se propone declarar una moratoria de quince años para impedir, durante este lapso, el ingreso, la producción y liberación al ambiente de organismos vivos modificados (OVM) en el territorio nacional.

El dictamen, aprobado con cargo a redacción para recoger algunas propuestas hechas durante la sesión celebrada el martes 18, incluye un artículo para establecer que la moratoria sería permanente en las regiones cuyos territorios han sido declarados “libres de transgénicos”. Según el congresista Yonhy Lescano (AP), autor de la propuesta, suman trece los gobiernos regionales que han tomado esa decisión.

El dictamen propone también exonerar de dicha moratoria a los OVM destinados a la investigación y a los productos farmacéuticos que los contengan y que se rigen por las normas sobre medicamentos.

Igualmente, la propuesta legislativa plantea que la moratoria por quince años permitirá que, en dicho período, el Ministerio del Ambiente (MINAM) coordine, diseñe y construya un sistema nacional en materia de biodiversidad eficiente y eficaz para prevenir los riesgos por el uso de OVM.

Además, a propuesta de la congresista Verónika Mendoza (NGP), se aprobó eliminar el inciso 3 del artículo 2º, del predictamen puesto a debate, que proponía excluir de la moratoria a los productos derivados de los OVM, importados para fines de alimentación directa humana o animal o para procesamiento, como una medida precautoria a favor de la salud humana y animal.

(El predictamen original, que proponía una moratoria de diez años sin las modificaciones aprobadas en esta oportunidad, había sido consensuado con la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.)



Denuncian a Consorcio Camisea

En la sesión se analizó la denuncia sobre una supuesta incursión del Consorcio Camisea, a través de la Consultora ERM, en el territorio de la reserva indígena de las comunidades Kugapakori, Nahuay y Nanti, ubicados en los departamentos de Cusco y Ucayali, y que incluiría a pueblos en aislamiento o no contactados, considerados de alta vulnerabilidad.

En la sesión se presentaron los denunciantes Enrique Dixpopidiba Shocoroa, presidente Nahua, y Walter Kategari Iratshimeri, jefe del Consejo Directivo Nahua, Feather.

También participaron Daniel Guerra, gerente de Relaciones Institucionales de Plus Petrol, y Raquel Yrigoyen, jefa del Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), entre otros expositores.

El representante de Plus Petrol explicó que las comunidades supuestamente afectadas se encuentran dentro del Lote 88, que explota el Consorcio Camisea en estrecha coordinación con el INDEPA, con pleno respeto a los compromisos asumidos por los estudios de impacto ambiental (EIA), lo que le ha permitido trabajar durante diez años sin ningún tipo de problemas.

Sin embargo, debido a las denuncias presentadas, el proceso de exploración de nuevos yacimientos petrolíferos ha sido detenido hasta que el INDEPA emita su opinión técnica con la aprobación del Ministerio de Energía y Minas.



Invitación ecuatoriana

Al inicio de la sesión se presentó el parlamentario ecuatoriano Rolando Panchana, presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional del Ecuador, para proponer reuniones bimensuales entre los grupos de trabajo legislativo de ambos países y establecer una agenda común que permita intercambiar propuestas y experiencias en defensa de nuestros recursos.

Al respecto, el representante del país del norte entregó a su colega peruano copia de un proyecto de ley que se discute en el Parlamento ecuatoriano orientado a proteger al cóndor andino, así como la flora y fauna de la Cordillera de los Andes.



Fuente:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/95b5d782cced50d90525792d0074219d/?OpenDocument




El dictamen incluye un artículo para establecer que la moratoria sería permanente en las regiones cuyos territorios han sido declarados "libres de transgénicos", explicó el legislador Yonhy Lescano.

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó por unanimidad un proyecto de ley por el cual se propone declarar unamoratoria de quince años para impedir, durante este lapso, el ingreso, la producción y liberación al ambiente de organismos vivos modificados en el territorio nacional.
 
El dictamen aprobado incluye un artículo para establecer que la moratoria sería permanente en las regiones cuyos territorios han sido declarados "libres de transgénicos". Según el congresista Yonhy Lescano, autor de la propuesta, sumantrece los gobiernos regionales que han tomado esa decisión.
 
El dictamen propone también exonerar de dicha moratoria a los OVM destinados a lainvestigación y a los productos farmacéuticos que los contengan y que se rigen por las normas sobre medicamentos.
 
Igualmente, la propuesta legislativa plantea que la moratoria por quince años permitirá que, en dicho período, el Ministerio del Ambiente coordine, diseñe y construya unsistema nacional en materia de biodiversidad eficiente y eficaz para prevenir los riesgos por el uso de OVM.
 
Además, a propuesta de la congresista Verónika Mendoza, se aprobó eliminar el inciso 3 del artículo 2º, del predictamen puesto a debate, que proponía excluir de la moratoria a los productos derivados de los OVM, importados para fines de alimentación directa humana o animal o para procesamiento, como precaución a favor de la salud humana y animal.
 
En la sesión se analizó la denuncia sobre una supuesta incursión del Consorcio Camisea, a través de la Consultora ERM, en el territorio de la reserva indígena de lascomunidades Kugapakori, Nahuay y Nanti, ubicados en los departamentos deCusco y Ucayali, y que incluiría a pueblos en aislamiento o no contactados.
 
En la sesión se presentaron los denunciantes Enrique Dixpopidiba Shocoroa, presidente Nahua, y Walter Kategari Iratshimeri, jefe del Consejo Directivo Nahua, Feather.
 
El representante de Pluspetrol explicó que las comunidades supuestamente afectadas se encuentran dentro del Lote 88, que explota el Consorcio Camisea en estrecha coordinación con el INDEPA, con pleno respeto a los compromisos asumidos por losestudios de impacto ambiental.
 
Sin embargo, debido a las denuncias presentadas, el proceso de exploración de nuevos yacimientos petrolíferos ha sido detenido hasta que el INDEPA emita su opinión técnica con la aprobación del Ministerio de Energía y Minas.
 

Fuente:
http://www.larepublica.pe/18-10-2011/ingreso-de-transgenicos-con-15-anos-de-moratoria




Diario la República

  • informó que los pueblos indígenas Kandozi del Datem del Marañón expresaron su preocupación  por el escaso seguimiento que el Indepa y el Ministerio de Cultura hacen a los acuerdos suscritos hace 5 meses en una mesa de diálogo para solucionar los conflictos con la comunidad de Ullpayacu por la pesca  en la cocha Huangana.
  • Dirigentes Kandozi señalaron que estas instituciones estatales acompañaron dicho proceso y sin embargo hasta la fecha no se ha realizado una segunda sesión de esa mesa de diálogo.

Fuente:
http://www.larepublica.pe/impresa/nativos-piden-respetar-acuerdo-2011-08-03




Alberto Pizango, presidente de Aidesep

  • informó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) presentaron sus preocupaciones y objecciones ante el Reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas Territoriales e Indígenas del Estado, propuesta por el INDEPA (perteneciente al ministerio de Cultura) que promueve la vulneración de los derechos indígenas al permitir –según establece su artículo  5– operaciones de las industrias extractivas en sus territorios.
  • Esto afectaría gravemente los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, advirtió
  • Sostuvo que dicha norma se pretende aprobar en un contexto en el que el Consorcio Camisea planea expandir sus operaciones sobre la Reserva Territorial Nahua Kugapakori y Nanti, poniendo en peligro la estabilidad de los pobladores de la zona.
  • Esta será una razón para que surja un nuevo conflicto social en el gobierno saliente de Alan García.
  • Expertos como el antropólogo Alfredo Ugarte o el especialista Richard Smith aseguraron que la norma pretende aprobarse de forma inconsulta, tildando de “inútil” la labor del Indepa y lamentando la desidia del Congreso para aprobar la Ley de Consulta.

Fuente:
http://www.larepublica.pe/impresa/advierten-peligro-contra-los-nativos-en-la-zona-de-camisea-2011-07-14




  • El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar nuestra gran preocupación y disconformidad con la propuesta del “Reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas Territoriales e Indígenas del Estado” porque promueve la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en estado de aislamiento y contacto inicial, en virtud de lo siguiente:
  • 1.    Los Pueblos Indígenas Aislados o en situación de Contacto Inicial son pueblos indígenas amazónicos que han decidido mantenerse aislados de la sociedad peruana, o en su defecto, recién se encuentran estableciendo sus primeras relaciones con el resto de la sociedad.
  • Su subsistencia depende íntegramente de su territorio y son considerablemente vulnerables al contacto con gente extraña. Estos pueblos corren el riesgo de contagiarse de enfermedades y epidemias que pueden ser controladas por nosotros pero que para ellos pueden resultar mortales.
  • Estos pueblos se movilizan en determinadas zonas de nuestra Amazonía.
  • En ese sentido, el Estado ha creado Reservas Territoriales para su adecuada protección y la del medio que les sirve para subsistir.
  • Hasta el momento, existen cinco reservas territoriales para pueblos en aislamiento: Kugapakori-Nahua, Madre de Dios, Mashco Piro, Murunahua e Isconahua y existen cinco solicitudes para los pueblos: Cacataibo (Sur y Norte), Kapanawa, Yavarí – Tapiche, Yavarí- Mirim y Napo Tigre.
  • 2. La Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (Ley 28736) establece en su artículo 5 el carácter intangible de las reservas territoriales pero, al mismo tiempo permite las operaciones de las industrias extractivas en sus territorios, incurriendo en una contradicción aún no resuelta, y que ha sido observada por las organizaciones indígenas.
  • Ahora, el Reglamento propuesto agrava e incide en esta misma contradicción, pasando  por alto el hecho que la conservación del medio ambiente es vital para las personas indígenas aisladas y que su supervivencia depende fundamentalmente de los recursos del bosque y del goce de su buena salud.
  • Esta contradicción ocurre a pesar que la intangibilidad de las Reservas Territoriales e Indígenas responden al deber del Estado de garantizar del derecho fundamental a la vida de los pueblos indígenas aislados, razón por la cual nosotros también consideramos que estas Reservas deben tener el carácter de intangibles.
  • 3.Esta Ley y Reglamento propuesto promueven actividades que afectarán los derechos reconocidos en la Constitución Política y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tales como el derecho a la vida, a la salud, a la identidad cultural, a las tierras, al territorio y a la libre determinación que gozan los pueblos indígenas en general, pero especialmente los pueblos indígenas aislados y en situación de contacto inicial.
  •  Así, el Gobierno incumple su obligación de ser el garante de la protección y promoción de estos derechos.
  • 4. Destacamos que el derecho a la vida es fundamental porque de su salvaguarda depende la plena realización y vigencia de los demás derechos humanos y en ese sentido, no podemos admitir acciones que promuevan su vulneración.
  • La mencionada ley y el reglamento propuesto, al no garantizar la intangibilidad de las Reservas – condición para preservar el derecho a la vida de estas poblaciones altamente vulnerables -, son medidas contrarias a este derecho, derivando así en normas inconstitucionales.
  • 5.La aprobación del Reglamento propuesto por el INDEPA contraviene además del Principio Pro Homine, el Principio Precautorio que se aplica para evitar daños ambientales directos e indirectos, tales como los que se encuentran vinculados a la vida y a la salud.
  • Así, en aplicación de estos principios, no debería permitirse el desarrollo de actividades extractivas dentro de las Reservas Territoriales e Indígenas ni en las zonas propuestas para la creación de estas Reservas.
  • 6.Lamentamos que el INDEPA, en vez de promover y garantizar la protección irrestricta de los derechos de los pueblos indígenas aislados, promueva la aprobación del Reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas Territoriales e Indígenas del Estado toda vez que los daños a la vida y a la salud que se podrían generar serán irreversibles e irreparables.
  • 7. Asimismo, queremos alertar que el reglamento en cuestión se pretende aprobar en un contexto donde el Consorcio Camisea planea expandir sus operaciones sobre la Reserva Territorial Nahua Kugapakori y Nanti.
  • En este sentido, la medida tendría por objeto facilitar las actividades extractivas del Consorcio Camisea sobre dicha reserva poniendo en serio peligro la situación de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial Nahua y Nantis.
  • 8. Finalmente, creemos que la aprobación de este reglamento agravará la conflictividad social con los pueblos indígenas amazónicos debido a que estos pueblos consideran a los pueblos aislados o en situación de contacto inicial como hermanos, por lo que al advertir la posibilidad de su afectación, se sentirán agredidos y rechazarán la aprobación del mencionado reglamento.
  • Por las razones expuestas, instamos al Ministerio de Cultura y a los funcionarios a cargo del INDEPA a tomar una posición responsable y coherente con el respeto de los derechos humanos  y desistir de la intención de aprobar en Reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas Territoriales e Indígenas del Estado; y en su lugar, promover la modificación de la Ley 28736 de modo que se garantice la intangibilidad de las Reservas Territoriales e Indígenas que la misma ley establece y también la de las propuestas de estas Reservas hasta que la solicitudes de éstas sean debidamente atendidas.

Fuente:
http://derechoshumanos.pe/2011/07/12/indepa-promueve-vulneracion-de-derechos-de-los-pueblos-indigenas-aislados/




Róger Rumrrill, representante de gana Gana Perú,

  • planteó la desaparición del Indepa y el apoyo a la autonomía y consolidación de las organizaciones indígenas, fueron algunas de las propuestas desarrolladas por el equipo de gobierno de Gana Perú, respecto a los pueblos originarios.
  • Manifestó que era necesario impulsar el fortaleciendo de estas organizaciones de base y eliminar las dependencias burocráticas que no lograron el objetivo de solucionar la problemática de las comunidades indígenas.
  • Resaltó que era necesario adoptar un modelo económico basado en la adecuada utilización de los recursos naturales y adoptar las normas internacionales de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidas al tema, como políticas públicas nacionales.
  • Otra de las propuestas de Gana Perú es titular a las comunidades indígenas de forma comunal y no individual como se estaría realizando, para mantener la unidad y la autonomía de los ciudadanos amazónicos y del Ande.“También vamos a impulsar y aprobar el proyecto ley de Consulta Previa, o de consentimiento de los pueblos indígenas”.

Fuente:
http://www.elperuano.pe/Edicion/Noticia.aspx?key=N6xabUsgk+Y=




Delegados del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa)

  •  realizarán hoy una movilización pacífica frente al Congreso.
  • Durante la marcha exigirán que el instituto no se traslade al Ministerio de Cultura y regrese a la Presidencia del Consejo de Ministros.
  • Según señalan los delegados, la intención del gobierno sería a la postre eliminar a la organización de la representación nativa.
  •  

Fuente:
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20101214/10/node/310272/todos/15




Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa); la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (Pronaturaleza) y el Instituto del Bien Común (IBC)

  • firmaron un convenio de cooperación que permitirá, entre otros aspectos, instalar puestos de control y vigilancia, así como estudios de monitoreo para reforzar la seguridad de los nativos en aislamiento de la reserva territorial Isconahua, en Ucayali.
  •  

Fuente:
http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=JEipCsBNCU8=