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El debate por la concentración de tierras de cultivo marcará una interesante toma de posición para un gobierno, todavía, en búsqueda de identidad. Luis Ginocchio, titular del Ministerio de Agricultura (MINAG), ya anunció que su cartera prepara una propuesta que se sumará a las dos que corren en el Congreso. “No tenemos información oficial sobre la extensión de las propiedades”, señala uno de sus técnicos, “las últimas cifras son del año 94”. El MEF ya asignó una partida inicial de S/. 20 millones para el IV Censo Nacional Agropecuario –presupuestado en un total de S/.113.8 millones–, que permitirá un conocimiento certero de cómo está dividido el territorio en el Perú. Hasta entonces, las estimaciones más exactas sean tal vez las de la comisión de Agricultura del Congreso. Según estas, el primer lugar en tenencia de tierras se lo lleva –de lejos– el grupo Gloria, con un aproximado de 81 mil hectáreas. Ni más ni menos que casi el total del área urbanizada de Lima metropolitana (84 mil ha. según el censo de 2007), espacio en el que viven más de 8 millones de personas. Desde 2006, los Rodríguez Banda invirtieron con fuerza en el sector azucarero. Ese año compraron Casagrande (29,383 ha.) y Chiquitoy (3,200 ha.), en 2007 Cartavio (11,000 ha.) y Sintuco (1,414 ha.) y en 2009 adquirieron San Jacinto (12,337 ha.). En diciembre del año pasado compraron 15,600 ha. del proyecto Olmos. Al hacerlo a través de dos subsidiarias distintas (Coazúcar y Gloria) pudieron comprar terrenos en dos de los tres sectores en que está dividida el área irrigada. En las bases se impedía postular a compras en más de un sector, justamente para evitar que una empresa resulte tan beneficiada de la inversión estatal. El segundo lugar lo ocupa el grupo Romero con más de 32 mil ha., repartidas principalmente entre el fundo Caña Brava (7,000 ha.) comprado en 2006, e inversiones de palma aceitera (Palmas del Espino: 13,000 ha. en Palmawasi y 6,163 ha. en Shanusi) que vienen desarrollando desde la década de los 80’s, y que ya anunciaron que llegarían a las 25 mil ha. para 2016. El grupo Oviedo tendría el tercer lugar con alrededor de 21 mil hectáreas productivas azucareras. En 2004 se hicieron accionistas de Pomalca (12,500 ha.), fundo en el que el Estado tiene la tercera parte –que es la mayoría– de las acciones y en el que se discute todavía la preferencia de ventas hacia los trabajadores. Tumán (12,311 ha.) pasó a sus manos en 2006. El grupo Dyer alcanza el cuarto puesto con 20 mil hectáreas productivas. Aunque según reconoce el propio grupo, Camposol, su principal propiedad, comprada en 2007, podría darle la vuelta al ránking: posee 93 mil ha., pero actualmente solo se trabajan 12 mil. El quinto lugar lo comparten el grupo Gandules –con 13 mil hectáreas repartidas en los fundos Cerro Colorado y San Pedro–, y el grupo de capital colombiano Manuelita. El fuego cruzado no se ha hecho esperar. Mientras la Cámara de Comercio de Lima, CONFIEP, COMEX y ADEX ya se pronunciaron contra cualquier propuesta restrictiva que pudiese ahuyentar las inversiones, el congresista José León, presidente de la Comisión Agraria, anunció a CARETAS un proyecto para desestimular la concentración gravando la posesión de terrenos que superen un máximo a establecerse. Otra fuente de Perú Posible aseguró que se la jugarán toda por la propuesta. Juan Varillas, presidente de ADEX Comex y también gerente general del grupo Gandules Comex, advirtió que con estas normas “no se hubiese desarrollado el sector agroexportador, que en la última década permitió la exportación de 309 productos nuevos a 64 destinos”. Antonio Becerril, gerente general del grupo Oviedo, indicó que se debe diferenciar entre personas naturales y jurídicas. “Además se debe encontrar una fórmula que tome en cuenta la participación en el accionariado en función del terreno total”. Fernando Devoto, del grupo Gloria, respalda una posición semejante: “mucho se habla de que Gloria tiene miles de hectáreas, pero trabajamos con empresas diferentes, y en Casagrande por ejemplo, tenemos el 57% de las acciones, no el total”. Para Fernando Eguren, del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), lo más peligroso es el control político que se puede ejercer sobre los valles o tierras irrigadas a través de estos grandes grupos. “Se pone una barrera de ingreso a pequeñas y medianas inversiones. Es una visión política hecha para que haya muy grande inversión”. En la reciente subasta de 38,000 ha. de Olmos, la compra mínima era de 250 ha. A un precio referencial de US$ 4,250 por ha., la inversión mínima era de US$ 1 millón. “Acá se toma como referente de éxito el nivel de inversión sin considerar familias beneficiadas. En Europa se habla de granjas familiares, y no hay terrenos de más de 2 mil hectáreas”, compara Eguren. Curiosamente, César Rivas, presidente de la Junta Nacional de Café, sí resaltó este concepto al anunciar que 165 mil “familias de pequeños productores” lograron envíos al exterior por US$ 1,550 millones. Rompieron récord y lideraron la exportación agrícola de 2011. “La decisión final es política, evidentemente”, concluye el investigador del CEPES. La pelota está en la cancha del ministro Ginocchio. Aunque en su despacho trabajan bajo hermético silencio, en su aparición en el Congreso del 18 de enero, sí anunció que el proyecto que preparan “permitirá evitar que la equidad sufra en aras de la eficiencia”. (Israel Guzmán)
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