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Eduardo Vega, Defensor del Pueblo

saludó la decisión de los Gobiernos Regionales de Puno y Loreto de llevar adelante los procesos de consulta previa de las medidas administrativas que aprueban el proyecto minero Chiquitosa en Puno y el Área de Conservación Regional Maijuna en Loreto. “Es una buena señal que demuestra el compromiso de los Gobiernos Regionales en la implementación del derecho a la consulta previa”, precisó.

Por su parte, la Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Alicia Abanto Cabanillas, señaló que estos procesos de consulta son una oportunidad para que los pueblos indígenas Maijuna de Loreto y Quechuas de las comunidades de Trapiche y Cajón Huyo en Puno puedan participar e influir en las decisiones sobre su propio desarrollo y bienestar. “Nos toca a todos los funcionarios del Estado garantizar que cada pueblo del ande y la amazonía sienta que va a ser oído y que se tomarán decisiones valorando sus puntos de vista”, indicó.

La funcionaria precisó que la Defensoría del Pueblo supervisará que ambos procesos respeten el ordenamiento jurídico nacional e internacional. “Corresponde a los Gobiernos Regionales de Puno y Loreto garantizar que se lleve a cabo un verdadero proceso de diálogo intercultural y que el intercambio de propuestas y pareceres se haga de manera respetuosa a fin de propiciar la generación de acuerdos con los representantes de dichos pueblos indígenas”, manifestó.

La Defensoría del Pueblo recordó que “si bien cada entidad del Estado debe identificar los pueblos indígenas que serán sujetos a consulta previa, como los han hecho correctamente estos dos Gobiernos Regionales, es muy importante que el Ministerio de Cultura cumpla con su obligación legal de publicar la base de datos de pueblos indígenas pues, de no hacerlo, estaría omitiendo cumplir con sus funciones”.

Fuente: CNR

Fuente:
http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17797



Entrevista a Eduardo Vega Luna, abogado y defensor del Pueblo

Defiende el derecho de todos los pueblos indígenas a ser consultados, tanto andinos, amazónicos, como de la costa. Descarta que la consulta previa sea un obstáculo para la inversión, y precisa que más bien es un mecanismo de inclusión en el crecimiento del país.

Acaba de renunciar el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, al parecer porque el gobierno no quiere incluir a las comunidades campesinas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas. ¿Qué opina la Defensoría?

Es una renuncia lamentable, que refleja las discrepancias en el interior del Ejecutivo, en relación con que si se debe consultar a los pueblos indígenas de la zona andina o no. Según la Defensoría del Pueblo, y entiendo que eso sostenía el viceministro, sí debe consultarse a las comunidades campesinas.

Es más, en la guía metodológica publicada hace unas semanas se habla expresamente de cuatro pueblos indígenas en la zona andina: los jacaros, los uros, los quechuas y los aymaras. Sería un retroceso señalar que en la zona andina no hay pueblos indígenas.

¿Cañaris es uno de ellos?

Cañaris es un pueblo indígena y debe ser consultado como tal.

Pero el Ministerio de Energía y Minas habla de no incluir a las comunidades campesinas...

El Ministerio de Energía y Minas está en un error que finalmente es una ilegalidad y está vulnerando el derecho de los pueblos indígenas en la zona andina. Desconocer sus características es desconocer nuestra historia. Esta pregunta nace a raíz de los proyectos de inversión. El ministerio cae en un error al ver un obstáculo en el proceso de consulta.

¿Qué traerá la consulta previa?

Más bien, lo que permitirá es bajar el nivel de conflictividad social y hacer efectiva la inclusión social de los pueblos indígenas. Al desnaturalizar el concepto de pueblos indígenas se estaría dejando de lado la inclusión social, que el gobierno señala como uno de sus principales objetivos.

Un sector vincula la reducción de la inversión privada a la consulta previa...

Atribuirle a la consulta los problemas de inversión es un error porque hasta ahora no hemos implementado ninguna. Hay dos en fases iniciales, como el Lote 192, y el del Proyecto de Angostura, pero todavía no se han hecho.

El ministro de Energía, Jorge Merino, dijo hace unos días que quieren "destrabar" las inversiones...

Es una premisa falsa decir que la consulta previa es obstáculo para la inversión. La razón de ser de la consulta no es obstaculizar la inversión, sino promover que los pueblos indígenas se vean incluidos en estos procesos de inversión.

Este gobierno comenzó promulgando la Ley de Consulta Previa, pero hace diez días el presidente Humala dijo que la mayor parte de las comunidades del ande son agrarias. ¿Es un retroceso en sus promesas?

Creo que está mal asesorado, y eso viene del Ministerio de Energía y Minas. El Convenio 169 de la OIT y en la ley peruana está muy claras las características de un pueblo indígena: idioma, territorio, costumbres ancestrales, autoidentificación. En el censo del INEI del 2007 se reconoce que hay 4 millones de peruanos indígenas.

Merino anunció que 14 proyectos mineros serían exonerados temporalmente de la consulta previa. ¿No viola la ley?

Por supuesto. En marzo enviamos una comunicación al premier preguntándole cómo se implementarían los procesos de consulta en estos proyectos, en los que se ha identificado pueblos indígenas. Hasta ahora no ha respondido. Más bien el ministro de Energía ha dicho que allí no se va a aplicar consulta previa. Eso sería un grave error. Nosotros estamos evaluando qué medidas legales podemos implementar para exigir el cumplimiento de la ley

Se argumenta que no se puede hacer una consulta en Cañaris porque no hay base de datos...

Sí se puede, y el ejemplo concreto es el Lote 192, donde ya se empezó a identificar a los pueblos indígenas. Y más bien en los medios se maneja la versión de que sí existe una base de datos. y si es así, ¿por qué no se publica?

Por eso habría renunciado el señor Lanegra...

Parece que sí. Después del voto de los analfabetos, la consulta previa es quizá el hecho más importante de inclusión de la gente más pobre y de las zonas más alejadas del país. Los indígenas no se oponen a la inversión, sino quieren ver cómo se beneficiarán y participarán del crecimiento del país.

Fuente: La República

Fuente:
http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17643



Editorial La República

comenta que la renuncia del viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Iván Lanegra, ocasionada por las diferencias en el gobierno sobre la aplicación de la Ley de Consulta Previa, deja a esta norma frente a un riesgoso vacío después de 20 meses de su aprobación.

Ha trascendido que la renuncia del viceministro se origina puntualmente en la exclusión de la consulta previa de las comunidades quechuahablantes ubicadas en las zonas andinas, donde también se localizan proyectos mineros.

Un sector del Ejecutivo no considera a estas comunidades ni indígenas ni originarias, por lo que solo las comunidades amazónicas y algunos grupos aymaras en el sur del país aplicarían al ámbito de esta norma.

La Ley de Consulta Previa fue aprobada en agosto del 2011 en el Parlamento con una amplia mayoría de 113 votos como un instrumento orientado a reivindicar los derechos que comporta la propiedad de las tierras de las comunidades indígenas y pueblos originarios de todo el país; este acto fue calificado como un hecho histórico que forma parte del enfoque de inclusión social planteado por el gobierno que en ese momento iniciaba sus funciones.

Entonces se resaltó la relación y concordancia de la Ley con el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por el Perú en 1995.

La Ley originó desde el inicio fricciones en el gobierno. Como difundiera La República en febrero de este año, la Base de Datos de Pueblos Indígenas elaborada por el Viceministerio de Interculturalidad se encuentra lista desde junio del año pasado sin que hasta ahora se haya revelado su contenido.

Dicha Base de Datos habría resuelto la discusión sobre que son pueblos indígenas y las variables que determinan la inclusión de una comunidad en esa lista.

Semanas previas trascendió que la Base de Datos reconoce oficialmente 48 culturas amazónicas y 4 culturas andinas (los jaqaru en la sierra de Lima, los uros en las islas de Lago Titicaca, los aymara y los quechua).

Con esta determinación, por ejemplo, se cumpliría el estándar que permite la realización de la Consulta Previa en la comunidad quechua de San Juan de Cañaris (Lambayeque) solicitada por la Defensoría del Pueblo.

En este caso, el 64% de la población de Cañaris tiene al quechua como primer idioma, en tanto que el proyecto cañariaco, un emprendimiento minero, abarca gran parte del territorio de la comunidad.

El proceso de aplicación de la ley se encontraba avanzado hasta que las presiones de varios ministerios eliminaron a las comunidades quechuas de la Base de Datos.

Hasta ese momento, el trabajo realizado incluía la verificación de pueblos indígenas en 14 proyectos de exploración y la elaboración de la Guía Metodológica para la Implementación del Derecho de Consulta Previa.

En el juego de posiciones se ha impuesto una visión restrictiva de la ley que terminará por invalidar su contenido.

Es el momento de producir una reflexión en la dimensión del debate ocurrido en el Parlamento en agosto del 2011, cuando la representación parlamentaria y el país eran conscientes de que se requería una norma que equilibre la inversión privada con el entorno social y los derechos ambientales de las poblaciones.

El proceso de aplicación de la Ley de Consulta Previa debe ser relanzado respetando su contenido y aspiración inclusiva; dejarla en el vacío o restringir su aplicación traería consecuencias que afectarían la gobernabilidad, devolviéndonos a periodos que se consideran superados, como la tragedia de Bagua del 2009 o los centenares de conflictos sociales cruentos de los últimos años.

Fuente: La República

Fuente:
http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17625



Julio Hidalgo Reyes, defensor del Pueblo
 
manifestó que no respalda el lineamiento político del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, de que en la costa norte del país es difícil encontrar comunidades indígenas; en razón que su institución ha decidido impulsar que el distrito de Cañaris con el 64% de población quechuahablante sea declarado pueblo indígena y llevar a cabo la consulta previa por parte del Ministerio de Energía y Minas para conocer si hay aprobación o no a la actividad minera.
 
El respeto al convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en 1989, el que reconoce las formas de vida, desarrollo económico, a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religión de las comunidades indígenas invocó este funcionario al Ejecutivo.
 
“La Defensoría vela por la integridad de los pueblos y por ende debe valorarse las expresiones de los comuneros”, expresó y mencionó que este 4 de mayo los entes participantes en la Mesa de Diálogo deben definir la validez de las asambleas sobre el permiso para la exploración minera. 
 
Enlace: 
La República
30 Abr 2013

Fuente:
http://www.cepes.org.pe/notiagro/node/17547



La Defensoría del Pueblo

presentó el reporte N°108 sobre conflictos sociales en el que se da cuenta de 222 conflictos a febrero del 2013. De esa cifra, 165 se encuentran activos y 57 en estado latente.

Precisa que durante el mes pasado se registraron 6 nuevos conflictos sociales. Áncash concentra la mayor cantidad de conflictos (32), seguido por las regiones Apurímac (20) y Puno (19).

El reporte alerta sobre acciones de protesta anunciadas para marzo: el paro programado por la comunidad de Cañaris para mañana, las protestas contra el proyecto Conga a partir del 19 y las medidas de fuerza que alistan las autoridades de Baños del Inca contra Yanacocha si no suspende sus actividades en las inmediaciones del cerro La Shacsha.

Fuente:
http://elcomercio.pe/impresa/notas/defensoria-reporta-222-conflictos-todo-pais/20130315/1550189/?ref=qdn



Mediante un oficio enviado al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, la Defensoría del Pueblo pidió acelerar la publicación de dos instrumentos que facilitarán los procesos de consulta previa en nuestro país.

Eduardo Vega, defensor del Pueblo, recomienda que se hagan públicas la guía metodológica para la implementación del derecho de consulta previa y la base de datos de pueblos indígenas. Según pedidos de información solicitados por la defensoría, ambos documentos ya estarían concluidos pero el Ministerio de Cultura –entidad encargada de su elaboración– no ha procedido a su publicación.

Hay 14 procesos identificados

Alicia Abanto, adjunta para Pueblos Indígenas de la Defensoría, informó que existen 14 proyectos de exploración donde los pueblos indígenas deben ser consultados. “Incluso para el proyecto minero Angostura –ubicado en Apurímac– se tenía un plan de c o n s u l t a p a r a i n i c i o s d e e s t e a ñ o pero no se avanzó nada”, señaló la funcionaria.

 

Fuente:
http://www.spda.org.pe/_data/archivos/20130308102724_2.pdf



Sector pasó de enfrentar 87 conflictos en diciembre del 2012, a 107 en enero último. Cifra de protestas socioambientales aumentó a 147. Son 27, más que en diciembre.

El último reporte de la Defensoría del Pueblo revela que una sola empresa minera está inmersa en más de una protesta.   Es así que Antamina enfrenta actualmente siete (7) conflictos en Áncash.

Barrick tiene seis (6) controversias en su haber. Figura con cuatro (4) en Áncash, uno (1) en Ayacucho y otro en La Libertad. En esta lista también está Southern, involucrada en cinco (5) conflictos, tanto en Tacna como en Apurímac.

Según Rolando Luque, defensor adjunto para la prevención de conflictos, esta realidad no se debería a una ineficacia de las políticas de Responsabilidad Social de las empresas mineras.

Dijo que tal vez respondería a que no está funcionando la manera de contactarse con la población, de captar sus necesidades y de escuchar sus preocupaciones sobre el desarrollo de un determinado proyecto minero.

Un dato que también muestra el informe de la Defensoría es que ha subido el número de conflictos socioambientales. En diciembre eran 124 y ahora suman 147.

Al respecto, Luque estimó que se hace necesario fortalecer la institucionalidad ambiental.
“Se requiere instituciones fuertes para que dirijan el desarrollo de las inversiones en determinadas zonas, que marquen la cancha claramente, que digan qué se puede y no se puede hacer en relación a los proyectos mineros”, citó.

Luque agregó que en esa lista están el Ministerio del Ambiente, los gobiernos regionales, y el Ministerio de Energía y Minas.


Caso Cañariaco

El presidente de la Asociación del Frente de Defensa de Cañaris, César Humberto Lucero Huamán, denunció que hay “intereses políticos azuzando” las protestas contra el proyecto minero Cañariaco.
“Ya no vemos un interés por defender a la comunidad, sino por llevar una bandera política propia”, comentó en RPP Noticias.

Es más, anotó que el presidente de la comunidad, Cristóbal Barrios, “está en constante coordinación” con el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y con el ex párroco Marco Arana.
“Allí solo vemos intereses particulares, pues todos ellos tienen una ideología política bien marcada”, subrayó Lucero Huamán.

Por su parte, el primer ministro, Juan Jiménez, declaró que en Cañaris hay un proceso de negociación para atender las necesidades de la población.
“Tenemos que trabajar para construir desarrollo en la comunidad. No queremos más violencia”.

Fuente:
http://gestion.pe/impresa/mineria-continua-liderando-ranking-conflictos-socioambientales-2059365



Un reciente reporte de la Defensoría del Pueblo señala que durante enero del 2013 se registraron cuatro conflictos sociales nuevos, de naturaleza socioambiental, dos de ellos en Áncash, uno en Apurímac y otro en Puno, todos por la actividad minera.

El informe da cuenta de 220 conflictos sociales hasta enero del 2013. De ellos, 158 (71,8%) se encuentran activos y 62 (28,2%) en estado latente. 

Estas cifras difieren, sin embargo, por cuestiones metodológicas y conceptuales con las manejadas por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que en diciembre pasado reportó 66 casos, 21 de los cuales correspondían a conflictos vinculados con empresas mineras.

Las regiones de Áncash (33), Puno (18) y Apurímac (19) son las que concentran la mayor cantidad de conflictos.  Son  147 conflictos socioambientales que representa el 66,8% del total de conflictos. Le siguen los conflictos por asunto de gobierno local con 19 casos (8,6%) y por demarcación territorial con 13 casos que representan el 5,9%.  

Asimismo, la Defensoría del Pueblo alerta que existen algunos casos cuya atención debe ser prioritaria para evitar nuevos escenarios de violencia social. 

Fuente:
http://www.larepublica.pe/16-02-2013/reportan-cuatro-nuevos-conflictos-en-2013-surgidos-por-la-actividad-minera



Milton von Hesse, ministro de Agricultura

aseguró que el Estado demostrará que tanto la minería como la agricultura “pueden convivir perfectamente”, mediante una nueva política sectorial que se implementará para reducir los conflictos sociales.

Explicó que su portafolio suscribió un convenio con el Ministerio de Energía y Minas para desarrollar un programa de convivencia entre ambas actividades en las zonas de influencia minera.

“El objetivo es demostrar claramente que las actividades renovables y no renovables, en este caso la agricultura y la minería pueden convivir perfectamente como convivieron siempre en el país”, declaró a la Agencia Andina.
 
Este acuerdo, indicó, permitirá que todos los programas de intervención del Ministerio de Agricultura “puedan aterrizar” en las zonas de influencia minera, pero en asociación con la empresa y con la población. 
 
Refirió que se trata de una “nueva política” de desarrollo, donde se realiza la coordinación entre el sector privado empresarial, la comunidad, y los ministerios de Agricultura y de Energía y Minas.
 
“Vamos a hacer que las inversiones del sector privado, sean también complementadas y uniformizadas con una visión de desarrollo agrícola en un ámbito local donde se desarrolle la minería”, subrayó.
 
Para lograrlo, indicó que su portafolio también realiza convenios con operadores privados y Organizaciones No Gubernamentales, que serán los “catalizadores” de la triangulación de los tres socios, la empresa privada, la comunidad y los ministerios.
 
Señaló como ejemplo el caso de la provincia de Candarave en Tacna, en donde conjuntamente con la empresa Southern Perú se invertirán unos 200 millones de soles en proyectos de desarrollo.
 
Asimismo, señaló que su portafolio trabaja conjuntamente con la minera Antamina en Ancash, programas de riego y de reforestación. 
 
“Es la manera de hacerlo, convocando a los distintos actores con las comunidades campesinas directamente sin interlocutores ‘mesiánicos’, que aparecen de vez en cuando y se atribuyen la sabiduría de saber guiar al desarrollo a sus pueblos, y en realidad muchas veces los sacan de la ruta del desarrollo”, puntualizó.
 
Según la Defensoría del Pueblo, la mayoría de conflictos sociales registradas en el país está vinculada a temas socio ambientales, muchos de ellos por cuestionamientos a actividades extractivas, como la minería.

 

Fuente:
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-von-hesse-vamos-a-demostrar-agricultura-y-mineria-pueden-convivir-perfectamente-446779.aspx



El último 04 de febrero el diario Gestión difundió una nota titulada “Antimineros alistan un referéndum contra Conga” en la que decía que los dirigentes del Comando Unitario de Lucha (CUL) de Cajamarca acordaron impulsar una consulta popular en las provincias de Celendín y Bambamarca el próximo 07 de julio, con el propósito de decidir la viabilidad del proyecto minero Conga.

Esta decisión habría sido tomada en una reunión en la que participaron el presidente regional, Gregorio Santos; el alcalde de Huasmín, José Eriberto Marín Agusti; y los dirigentes Marco Arana, Wilfredo Saavedra, Milton Sánchez y Eddy Benavides.

Asimismo, la nota mencionaba que el señor Wilfredo Saavedra había señalado que la convocatoria contaba con el apoyo del Gobierno Regional de Cajamarca y que, para darle un carácter legal a la misma, convocarían a la Defensoría del Pueblo.

Debido a esta declaración, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, emitió un comunicado (OFICIO Nº 207─2013/DP) en el que sustenta la imposibilidad de apoyar dicha propuesta, resaltando que ni las municipalidades ni los gobiernos regionales son competentes para realizar procesos de participación ciudadana, en el caso de proyectos mineros como Conga, por lo que de llevarse adelante la propuesta del señor Saavedra, esta sería ilegal -y precisó- que no corresponde a la Defensoría participar en procesos de “consultas vecinales” que no se encuentren a cargo de los órganos estatales competentes para tal fin.

Fuente:
http://www.actualidadambiental.pe/?p=17912