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Por: 
Ronald Ordóñez – Juan Arribasplata

2:40 pm. Aproximadamente a las 11.30 de la mañana en las instalaciones de la ex Municipalidad Provincial de Cajamarca se instaló la Mesa de Diálogo para conversar en torno a la viabilidad del proyecto Conga. Mientras que en la parte exterior por lo menos un centenar de pobladores se agruparon para protestar porque no se les permitió la entrada. De igual forma, la prensa tampoco pudo ingresar.

Según ha trascendido, la asamblea inició con la solicitud del presidente del gobierno regional de Cajamarca, Gregorio Santos, para que ingresen el presidente del Frente de Defensa Ambiental, Wilfredo Saavedra y del Frente por los Intereses, Idelso Hernández, ya que ambos personajes no estaban incluidos en la lista de asistentes a la reunión. Por su parte, el premier Óscar Valdés dijo que para facilitar el diálogo se concertará solamente con las autoridades: “Hoy día vamos a participar solamente las autoridades democráticamente elegidas”, dijo como respuesta al pedido de Santos.

Esta decisión generó molestia en Saavedra Marreros. En declaraciones a Noticias SER, indicó que el diálogo corría grave riesgo: “Esto es un insulto para el pueblo de Cajamarca. Nosotros hemos concertado para iniciar el diálogo en Cajamarca y ahora la posición intransigente del premier Valdés puede ocasionar que el diálogo se quiebre”, manifestó. Luego de la insistencia de Santos, después de casi  una hora, se permitió el ingreso de Saavedra y de Hernández.

Reunión fugaz:

Al promediar las 12.35 p.m. de forma accidental se levantó la asamblea. “No vamos a quedarnos nuevamente hasta las nueve de la noche. Somos personas adultas. Sino se firma, la reunión se termina”, dijo Óscar Valdés, ante la negativa de Santos para firmar el acta.

La Defensoría del Pueblo buscó vanamente concertar con los asistentes para retomar el diálogo y arribar a una solución. Luego de varios minutos y de debatir su permanencia en la reunión, las autoridades y dirigentes regionales encabezados por Gregorio Santos, decidieron retirarse.

A su salida, Santos informó que tomó esta decisión porque Óscar Valdés mostró una actitud intransigente al diálogo, pues no permitió que se tomen en cuenta las opiniones de todos los asistentes a pesar que ya se estaban definiendo algunos acuerdos preliminares como la aceptación del peritaje internacional, para cuyo efecto se propuso una reunión en la ciudad de Lima el próximo 27 de diciembre donde se definiría la entidad que realizará este trabajo; asimismo, la reunión para el 13 de enero en Cajamarca y debatir el Plan de Desarrollo Regional.

“Hemos estado avanzando, sin embargo, cuando ingresaron otros dirigentes (Saavedra y Hernández) de pronto ya se tenía un acta. Las reglas del diálogo son de habla y escucha y definitivamente Valdés no cumple eso, un ejemplo claro es que TV Perú transmitía en directo solo la participación de Valdés y cortaba cuando opinábamos de forma contraria a él”, dijo Santos.

“Desde el inicio el Premier ha mostrado una actitud excluyente. Todos los actores involucrados en este problema deberíamos de estar de acuerdo y eso no ha sido entendido. No puedo soportar conductas propias de un cuartel. Pido mantener la calma, pero vamos a seguir defendiendo los recursos naturales”, agregó.

Por su parte, Saavedra manifestó públicamente su rechazo a la Mesa de Diálogo: “Hemos tenido sólo 10 minutos de participación y no se nos ha permitido hacer uso de la palabra. Vamos a discutir el desarrollo de esta reunión, porque no permitiremos la posición autoritaria del premier”, señaló.

Idelso Hernández señaló: “El premier ha demostrado autoritarismo que rechazamos. Repudiamos esta actitud. No nos puede coaccionar. Él ha dicho que debemos de firmar el acta, sino se terminaba la reunión, entonces el prácticamente ha terminado la reunión”.

Los dirigentes y autoridades han convocado a una reunión para las 3.30 de la tarde para analizar lo ocurrido.


Intención de firmar el acta

4:40 p.m.

Ha trascendido que el presidente regional Gregorio Santos firmaría el acta en horas de la tarde. Asimismo, en estos momentos representantes de la Defensoría del Pueblo están trasladando el acta hasta la sede del gobierno regional, donde autoridades y dirigentes regionales se vienen reuniendo para evaluar la suscripción a la misma y lo ocurrido en horas de la mañana.

Mientras tanto, el premier Óscar Valdéz y la comitiva del Ejecutivo siguen al interior del local de la ex municipalidad a la espera de alguna comunicación desde el gobierno regional.

Tanto Santos como Saavedra han manifestado que no hay disposición para retomar el paro, por el contrario, instan al diálogo.

Fuente:
http://www.noticiasser.pe/19/12/2011/cajamarca/se-entrampa-mesa-de-dialogo-en-cajamarca



Servindi, 14 de diciembre, 2011.- En el último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales para el mes de noviembre se registraron 220 conflictos sociales, 6 más que en el mes de octubre.

El Reporte Mensual Nº93, presentado ayer por la Defensoría, indica además 151 conflictos sociales están activos (69%) y 69 en estado latente (31%).

Los conflictos crecieron en número en relación al mes de octubre, cuando se dio cuenta de un total de un total de 217 conflictos sociales. Se trata del sexto mes consecutivo en que se incrementa el número de conflictos.

El departamento de Puno aglomeró la mayor cantidad de conflictos (21) durante noviembre, seguido por Áncash (18) y Cajamarca (17).

De los conflictos nuevos registrados, dos son de carácter socioambiental y se registraron en los departamentos de Áncash y Puno; uno de tipo laboral se registró en Lima, en donde también se registró uno vinculado a “Asuntos de Gobierno Nacional”.

Asimismo se registró uno por “Asuntos de Gobierno Regional” en Áncash y otro por oposición al incremento de las precios de las tarifas de transporte urbano en Cusco.

Además se registran dos conflictos por demarcación territorial, reactivados: uno en Cajamarca, y otro, en Junín, el cual se encontraba como caso en observación desde septiembre del 2011.

Empresas involucradas

En el problema de los conflictos sociales que se registran en el país están involucradas más de 90 empresas, de las cuales 57 son mineras.

Significa que dos nuevas firmas mineras están involucradas en conflictos sociales para el mes de noviembre.

Otras 14 empresas involucradas se dedican al rubro de hidrocarburos. Por otro lado, ocho empresas se dedican a la energía, tres a la agroindustria, y una a la actividad forestal.

Conflictos socioambientales

Del total de conflictos registrados en el reporte, elaborado por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales, el 56,8% (125 casos) corresponde a conflictos socioambientales.

Mientras tanto, el 8,2% (18 casos) de los conflictos tiene que ver con “Asuntos de Gobierno Nacional”, el 7,7% (17 casos) con “Asuntos de Gobierno Local”.

El informe registra 81 casos que continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo, correspondiente al 54% de los casos activos, de los cuales 36 fueron atendidos mediante mesas de diálogo.

Por otra parte, el reporte indica que 11 conflictos sociales han pasado del estado activo al latente. Además, se ha retirado del registro principal a cuatro conflictos sociales latentes, por considerarse que los actores involucrados no mantienen activas sus diferencias.

Quiénes deben atender los conflictos

La entidad, en donde por sus competencias recaen la atención de la mayoría de conflictos es el Gobierno Nacional, que debe resolver 143 casos (65%).

En segundo lugar, los gobiernos regionales son los principales responsables en la solución de 46 casos (20,91%); mientras que los Gobiernos Locales (ya sean provinciales o distritales) son responsables, de 22 casos (10%).

Durante el mes de noviembre se registraron 66 acciones colectivas de protesta.

Además se da cuenta de un total de 190 actuaciones defensoriales, de las cuales 158 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 22 a las correspondientes a intermediación. Además, el reporte da cuenta de 10 acciones de defensa legal.

Caso Conga

La Defensoría del Pueblo invocó a las autoridades nacionales, regionales y locales , y a todos los actores sociales involucrados, retomar el diálogo sobre el caso del proyecto minero Conga, con el fin de lograra acuerdos sustentables.

Asimismo, instó a las autoridades atender dos casos, uno en Áncash referido al Proyecto Chinecas, cuyo estudio a nivel del perfil es objetado por las organizaciones sociales de las provincias de Santa y Casma.

Por otro lado, en el distrito de Quiruvilca (La Libertad), los campesinos y ronderos demandan el retiro de la Empresa Minera Barrick por temor a la contaminación a las lagunas y la afectación a las labores agrícolas y ganaderas.

Fuente:
http://servindi.org/actualidad/55842



Lima, nov. 14 (ANDINA). La Ley de Consulta Previa a las comunidades nativas ayudará a revertir la desconfianza histórica contra la actividad minera, pues permitirá escuchar de manera más organizada a las poblaciones indígenas, aseveró hoy el defensor del Pueblo, Eduardo Vega.

Señaló que en el pasado la minería produjo mucho daño al país, por ello, existe una oposición latente contra la inversión minera, empero, apuntó, la actividad extractiva es más tecnificada y ha reducido su impacto.
 
“Pero existe temor y eso hay que vencer. Los grandes instrumentos técnicos que nos van ayudar a superar este momento es la Ley de la Consulta Previa, porque nos va a permitir escuchar de manera mucho más organizada y estructurada a las poblaciones indígenas”, declaró a Ideeleradio.
 
Sin embargo, manifestó, dicha norma debe ir acompañada de otras herramientas para un mejor manejo en la prevención de los conflictos. 
 
Una de ellas, dijo, entregar al Ministerio del Ambiente la responsabilidad de supervisar la elaboración de los estudios de impacto ambiental, que actualmente recae en el Ministerio de Energía y Minas, para pasar a un sistema de control más confiable en este aspecto.
 
A su juicio, dicha cartera debe garantizar que las inversiones mineras generen un impacto mínimo y reducido sobre las comunidades de influencia y el medioambiente, además, asegurar que el estudio de impacto ambiental sea conocido por la población.
 
Una segunda medida, agregó, es impulsar un ordenamiento territorial para establecer las áreas específicas de explotación minera y que otras quedarán excluidas o destinadas a otro tipo de actividades productivas.
 
Agregó que el país debe basar su crecimiento en un conjunto de actividades y no solo en la minería, “eso es importante es este momento”, acotó.
 
El defensor del Pueblo recalcó que un conflicto social nace con legítimas demandas, pero se convierte en un acto ilegal cuando recurre a la violencia, bloquea carreteras e impide el libre tránsito de los ciudadanos.
 
Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer en el Estado, la unidad en el trabajo de prevención de conflictos, ya que no es tarea exclusiva del Ejecutivo, sino se requiere del compromiso de los gobiernos regionales y locales.

Fuente:
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-defensoria-ley-consulta-previa-ayudara-a-revertir-desconfianza-historica-mineria-386505.aspx



Defensoría del Pueblo plantea necesidad de mejores mecanismos


Se requiere procedimientos que se adecúen a la norma


La implementación del proceso de consulta previa requerirá de nuevos mecanismos en la manera en que se procesan las leyes y normas referidas a temas que afecten a las comunidades nativas, advirtió el adjunto de la Defensoría del Pueblo para el medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas, Iván Lanegra.

La Ley de Consulta Previa se encuentra en proceso de reglamentación, inicialmente recogiéndose los puntos de vista de las propias comunidades nativas y de las instituciones de la sociedad civil.
Dichas variaciones tendrán que efectuarse en el Congreso, en previsión del momento en que se plantee disposiciones legales emitidas sobre el tema desde dicho poder del Estado o se tenga que modificar alguna de estas como fruto de la consulta, explicó.
 
Procedimientos propios
"Esto requerirá de procesos adicionales al reglamento hecho en el Poder Ejecutivo, porque este no puede tocar los procedimientos propios del Congreso, que son regidos por ley", manifestó.
Por ello se tendrá que establecer –llegado el caso– cuál de las comisiones parlamentarias se encargará de la consulta sobre aquellos proyectos que podrían implicar afectación a los pueblos indígenas.
"También tendrá que definirse el momento en que se hará la consulta: si antes o después del dictamen", añadió Lanegra.
A ello hay que añadir si los acuerdos adoptados tras la consulta tienen que incorporarse al dictamen en debate en comisión o al que ya se encuentra en el pleno del Congreso listo para su aprobación final como ley o resolución legislativa.
"Esto último ocasionaría un problema con la Constitución, pues ella señala que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo", indicó el representante de la Defensoría, quien estimó que este tipo de situaciones "tienen que ser resueltas por el mismo Parlamento".
En ese sentido, Lanegra señaló, en declaraciones al Diario Oficial El Peruano, que la Defensoría enviará al Ministerio de Cultura una propuesta respecto a lo que debe de contener el reglamento de la Ley de Consulta Previa.
 
Participación ciudadana
La Defensoría del Pueblo sostiene que se tiene que ver la forma en que se vinculará las consultas previas con los mecanismos de participación ciudadana ya existentes y con los estudios de impacto ambiental.
"Esto último es muy necesario, ya que hay empresarios que temen una duplicidad en el proceso. Tienen miedo que se haga una consulta previa habiendo ya otro procedimiento en marcha y por eso habría que establecer un mecanismo de articulación", indicó el defensor adjunto.
Dijo que, asimismo, hay que ver la forma en que se puede relacionar a los pueblos indígenas con la explotación de los recursos naturales.

Fuente:
http://spij.minjus.gob.pe/spij_sumillas.asp



Alicia Abanto, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo

  • comenta que la ley de consulta previa establece dos tipos de criterios, uno objetivo y otro subjetivo, para identificar a los pueblos indígenas que serán tomados en cuenta en los procesos de consulta.
  • El artículo 7 de la flamante norma establece, por ejemplo, cuatro características que forman parte del criterio objetivo para definir a un pueblo indígena, entre ellos el tener costumbres propias distintas a los otros sectores de la población.
  • El criterio subjetivo, en cambio, se resume en la conciencia de tener una identidad indígena.
  • Deben existir esas características. “Tiene que haber una mezcla de criterios para determinar que tal población es indígena.
  • Hay pueblos en la selva que han ido perdiendo el uso de su lengua nativa, pero que ello no elimina su identidad como pueblo originario”.
  • La ley considera que las comunidades campesinas o andinas tendrán derecho a la consulta en tanto cumplan esos criterios.
  • “No todas las comunidades campesinas tendrán derecho a denominarse pueblos indígenas, ya que en algunos casos la figura de comunidad solo se aplica para la distribución de tierras agrícolas”.

Fuente:
http://elcomercio.pe/impresa/notas/norma-precisa-dos-tipos-criterios-identificar-pueblos-indigenas/20110825/1179484



Eduardo Vega, Defensor del Pueblo en funciones

  • expresó su satisfacción y saludó la decisión del Pleno del Congreso de la República, que hoy aprobó la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas, a la que calificó como “una norma que constituye un paso trascendental en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y para institucionalizar el diálogo intercultural entre éstos y las autoridades del Estado”.
  • Asimismo, indicó que tal medida acoge las recomendaciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo.
  • El dispositivo aprobado recoge los consensos alcanzados con las organizaciones de los pueblos indígenas durante la legislatura anterior.
  • A su vez, dicha norma resalta que la consulta constituye un proceso de diálogo intercultural de buena fe entre el Estado y los Pueblos Indígenas, a través de las organizaciones representativas de estos últimos.
  • Expresó su reconocimiento al esfuerzo de las organizaciones indígenas y otras instituciones que han contribuido a la aprobación de esta norma la cual contribuirá a atender las legítimas demandas de los pueblos indígenas y renueva su llamado a continuar desplegando los esfuerzos orientados a construir un Estado más inclusivo, justo y libre de toda discriminación.

Fuente:
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/prensa/notas/2011/NP-243-11.pdf



Alicia Abanto, encargada de los programas de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo

  • consideró “sin sustento” las observaciones en contra de la aprobación al proyecto de la Ley de Consulta Previa, que aún no puede ser aprobado por el Congreso de la República.
  • “La consulta previa tiene por finalidad llegar a un acuerdo o consentimiento, lo cual no significa bajo ninguna circunstancia un derecho de veto.
  • De no existir un arreglo, el Estado tiene la responsabilidad de tomar una decisión en el marco de la proporcionalidad”, indicó.
  • Además consideró un grave error haber observado dicha iniciativa legal con la excusa de que con la misma se les da “derecho a veto” sobre futuras inversiones.
  • “Las observaciones formuladas por el gobierno aprista nacieron de una inadecuada interpretación jurídica del Convenio 169 de la OIT y al margen del derecho internacional indígena”, refirió.
  • Dijo esperar que se legisle sobre la base de la autógrafa observada que cuenta con gran consenso.

Fuente:
http://www.larepublica.pe/impresa/objeciones-la-ley-de-consulta-no-tienen-sustento-2011-08-21



Eduardo Vega, defensor del Pueblo (e)

  • señaló que es importante que el Congreso apruebe la mencionada ley, pero que esta debe estar acorde a lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
  • “Además, debemos respetar el consenso logrado en mayo del 2010 sobre el contenido de la ley”, dijo el funcionario.
  • Esta exhortación se da, ya que el Ejecutivo de ese entonces, liderado por el presidente Alan García, hizo algunas objeciones al proyecto de ley.
  • Una de ellas, por ejemplo, no consideraba a las comunidades campesinas para la consulta.
  • Indicó que la ley debería basarse en el contenido de la autógrafa aprobada por la mayoría de congresistas el 19 de mayo del 2010, la que contó con la aprobación de las organizaciones indígenas.

Fuente:
http://elcomercio.pe/impresa/notas/exhortan-que-ley-consulta-respete-acuerdos-indigenas/20110816/1037094



La Defensoría del Pueblo

  • alertó al Ejecutivo sobre la existencia de 118 casos de tipo socioambiental que podrían agudizarse si no son atendidos oportunamente.
  • Uno se dio en la provincia de Aija, en Áncash, debido a las operaciones mineras de la compañía Buenaventura en las microcuencas de los ríos Pallca y Mallqui.
  • El segundo hecho nuevo ocurrió en la provincia de San Ignacio, en Cajamarca.
  • Y el último caso tiene que ver con la demanda de los pueblos de Loreto y San Martín que exigen la derogación de la Ley 29760, respecto al trasvase del río Marañón y el represamiento y derivación del río Huallaga con fines hidroenergéticos y agrícolas.
  • En total, se reportaron 214 conflictos sociales, de los cuales 135 se encuentran activos (63%) y 79 se mantienen en estado latente (37%).

Fuente:
http://www.larepublica.pe/impresa/defensoria-alerta-al-gobierno-de-que-hay-118-conflictos-socioambientales-2011-08-10



Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría en Medio Ambiente

  • señaló que “la aprobación de la Ley de Consulta Previa debe ser una prioridad del Congreso que está iniciando sus funciones. Corresponde al Poder Ejecutivo promoverla pero la responsabilidad es del Congreso”, declaró .
  • “La consulta inicia un camino que debe ser de diálogo intercultural y de reconciliación. La consulta de los pueblos indígenas es uno los mecanismos de diálogo que debe ser institucionalizado”, afirmó.
  • Precisó que la consulta previa no es un referéndum, un proceso electoral, ni solo un sistema de información.

Fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/defensoria-tambien-pide-ley-de-consulta-previa_91673.html